El menor de 11 años de Clorinda, que estaba institucionalizado en un hogar de la ciudad de Formosa, fue entregado en guarda a su abuela materna, tras un encuentro que se produjo ayer.

Luego de una audiencia realizada a principios de esta semana en el Juzgado de Menores, en cuyo transcurso las autoridades judiciales y especialistas en la materia conversaron con el menor , se tomó la decisión de entregar la custodia temporariamente a su abuela materna.

Esta audiencia fue registrada en soporte audiovisual, donde quedó plasmado como el niño se explayó sobre todo lo ocurrido. Obviamente, por resguardo del menor, dicha grabación quedó reservada en el Juzgado de Menores de Clorinda.

Después de esto, se hicieron inmediatas gestiones desde el Estado para permitir que la mujer -que reside en Corrientes- viaje hasta la ciudad de Formosa a fin de concretar el encuentro, algo que ocurrió en la jornada de ayer.

El chico permanecerá bajo la tutela y cuidado de su abuela, hasta tanto su madre se encuentre en condiciones de hacerse cargo de él.

Cronología de los hechos según las autoridades a cargo del caso

En octubre de 2025, el Juzgado de Menores de Formosa inició una intervención urgente tras recibir alertas acerca de hechos de violencia intrafamiliar en el domicilio de la señora E. S. madre del niño identificado como I., y lesiones físicas detectadas en el menor, según informó en ese momento la directora del establecimiento educativo que asistía el niño.

Ante esta situación, el Juzgado ordenó la inmediata entrevista del menor y su madre con profesionales especializados en psicología y psiquiatría judicial para evaluar la situación. Además, se iniciaron actuaciones penales por “lesiones agravadas por el vínculo” en el Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2.

Por la vulnerabilidad evidente del niño y la incapacidad de la progenitora para brindarle cuidados adecuados – no contando con una familia ampliada – se dispuso la institucionalización del menor en una residencia socioeducativa en Formosa capital. Esta medida fue homologada judicialmente conforme al artículo 39 de la Ley 26.061.

Durante diciembre de 2025, la Dirección de Niñez y Adolescencia solicitó el egreso definitivo del menor para que retomara el cuidado con su madre. Sin embargo, las evaluaciones médicas indicaron que lamujer no se encontraba en condiciones psico-físicas para hacerse responsable del niño, recomendándose tratamientos sostenidos y continuos para mejorar su situación.

A lo largo de todo este tiempo, el equipo técnico interdisciplinario de la residencia ha trabajado activamente con el niño I., enviando informes periódicos sobre su estado y las intervenciones realizadas. Paralelamente, el Juzgado ha implementado un plan progresivo y concreto para un posible reintegro familiar, basado en la reserva y confidencialidad absoluta de toda información que comprometa la intimidad y el interés superior del menor.

En julio del año en curso, la Dirección de Niñez y Adolescencia solicitó autorización para iniciar un proceso de vinculación entre el niño y su abuela materna, propuesta que fue aceptada para su desarrollo inicial bajo modalidad virtual y luego presencial, siempre coordinada y supervisada por el equipo técnico de la residencia. Se realizaron entrevistas e informes psicológicos y socioambientales tanto en la vivienda de la madre como en la de la abuela, para evaluar que ambiente sería más adecuado para el desarrollo integral del niño.

En ese interín, la Dirección de Niñez y Adolescencia informó a la Magistratura sobre un incidente público relacionado con el niño I., que fue localizado en compañía de su progenitora, violando la medida de protección vigente. La Policía de Formosa activó el protocolo de búsqueda y se intimó a la madre para que reintegre al menor a la residencia donde estaba alojado.

Asimismo, se convocó a una audiencia para que el niño pueda ser escuchado personalmente por la Magistrada y la Asesora de Menores.

Esta entrevista se llevó a cabo el pasado martes, lo que permitió destrabar el conflicto y arribar a una solución.

“El tiempo y la gradualidad en la toma de decisiones resultan fundamentales para garantizar un proceso cuidadoso, responsable y asegurando acompañamiento y resguardo”, subrayaron desde esa Magistratura.

En relación a este caso y otros análogos, desde el Juzgado de Menores se hizo un llamado a la comunidad, medios de comunicación y usuarios de redes sociales, para que el foco siempre este puesto en la protección de los derechos de los menores, especialmente su derecho a la intimidad, reputación e imagen, evitando la difusión de datos o imágenes que puedan identificar o perjudicar su dignidad e integridad, conforme lo establecido en el artículo 22 de la Ley 26.061.

Por:  Juan Komes

Una nueva embestida mediática de la diputada nacional Lilia Lemoine, en coordinación con algunos figurones locales, intentó instalar en la agenda nacional una narrativa tan alarmante como absurda: la supuesta "desaparición" y detención de dirigentes de la etnia wichí por reclamar "agua y educación".

Utilizar un término de semejante peso histórico como "desaparecidos" para banalizarlo en una opereta de redes sociales es una irresponsabilidad institucional, que bastardea la realidad tratando de asimilarla a los años oscuros, quitándole simbolismo y sentido.

Pintar a Formosa como un territorio de abandono y persecución hacia las comunidades originarias, es parte de un imaginario construido sobre prejuicios relatados y jamás probados, pues cuando se contrasta con los datos duros y concretos,  choca de frente con una verdad incuestionable: el escenario no es como lo pintan.

Quienes acusan desde ignorancia mediática, el desconocimiento porteño u omiten intencionalmente la verdad, lo hacen desde una “indignación selectiva”, pues son rápidos para enojarse por un corte de calles en Buenos Aires, teniendo cientos de caminos alternativos haciendo un par de cuadras mas, se indignan cuando la Justicia ordena liberar el tránsito en los cortes de ruta donde NO existen caminos alternativos con lo que ello implica; tal como ocurrió en los casos de Misión Nueva y Tres Palmas, que tanto enfervorizan a la diputada cosplayer, y que el intentar sortear los cortes implica un desvio de cientos de kilómetros.

Analizar las situaciones, sin un contexto, se vuelve un mero ejercicio propagandístico en contra del gobierno provincial: el argumento central de la denuncia habla de reclamos por "agua y educación", así desnudo, hasta suena justo, pero el relato de las legisladoras se derrumba estrepitosamente cuando el reclamo de “agua” era la construcción de una cisterna, que tranquilamente lo podría haber construido quien reclamaba, o cuando el reclamo de “educación” era para la apertura de anexos de primaria y secundaria, cuando las escuelas están a 5 y 8 cuadras respectivamente.

Mas allá de ese dato contundente, sería bueno para la legisladora libertaria, que conozca la escasa matricula escolar de ambos lugares y que, desde su materialista análisis justifique la razonabilidad del reclamo y los cortes de ruta. Y eso sin entrar a analizar los aspectos que sistemáticamente son ocultados, como por ejemplo el cobro de “peajes” por los piqueteros para permitir el paso de vehículos, junto con el consumo permanente de alcohol.

La denuncia impulsada por Lemoine y Neme es un despropósito fáctico que subestima al pueblo formoseño y engaña a los de afuera.

Los derechos de las comunidades originarias no son un eslogan de campaña ni un tuit escandaloso para buscar repercusión mediática. Son derechos constitucionales, pero que deben entenderse, desde la responsabilidad que cada uno de sus miembros tiene como ciudadano argentino, porque eso son quienes pertenecen al pueblo wichí, ciudadanos, y como tales, obligados a respetar el ordenamiento jurídico argentino, sin que exista inmunidad alguna para cometer delitos.  

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 4 de Formosa hizo lugar a una medida autosatisfactiva presentada por Gabriela Romina Vera contra Ana Gabriela Neme y dispuso la eliminación, en un plazo de 24 horas, de publicaciones realizadas en perfiles de Facebook e Instagram que, según el fallo, vulneraban derechos personalísimos vinculados al honor, la intimidad y la imagen.

La presentación judicial sostuvo que desde hacía varios meses la demandante era objeto de publicaciones y contenidos difundidos en redes sociales que consideró injuriantes y agravantes, vinculados a una vivienda adjudicada en el barrio Nueva Formosa y a su situación laboral. También señaló que realizó una denuncia previa ante el área de Cibercrimen de la Policía provincial.

En el expediente se incorporó un informe técnico elaborado por organismos policiales que confirmó la existencia de la denuncia y relevó el contenido cuestionado publicado en cuentas de acceso público.

Al analizar el caso, el juez consideró que si bien la libertad de expresión se encuentra protegida constitucionalmente y alcanza también a las publicaciones en internet, ese derecho debe armonizarse con otros derechos fundamentales, como la intimidad, el honor y la imagen de las personas.

La sentencia entendió que, en este caso, las expresiones y el contenido difundido excedían el marco de la libertad de expresión y configuraban una afectación a derechos personalísimos. Por ello ordenó retirar las publicaciones señaladas y estableció además una prohibición de realizar futuras manifestaciones que puedan resultar injuriantes, ofensivas o lesivas hacia la demandante. En caso de incumplimiento, el fallo prevé requerir el bloqueo de las cuentas involucradas por parte de las plataformas.