En febrero, el sector minorista pyme registró un descenso del 5,6% interanual a valores constantes. La variación mensual evidenció un incremento del 2,6%. Con estas cifras, el indicador acumula una retracción del 5,2% en lo que va del año.Sobre el estado de los comercios, el 52,6% de los propietarios reportó estabilidad interanual, cifra inferior en seis puntos al registro de enero. Dicho margen se trasladó a quienes señalaron un deterioro (38,8%) en comparación con el mismo período del ciclo anterior.

Las proyecciones de acá a un año indican que habrá paridad con la situación actual para el 46,6% de los encuestados, mientras el 42,9% aguarda una mejora y el 10,5% proyecta un retroceso. Respecto a la inversión, el 57,6% considera el marco como no apto para desembolsos, frente a un 15,5% que lo ve de forma oportuna y un 26,9% sin definición.

               El relevamiento por rubros ratificó el proceso de contracción: seis de los siete sectores monitoreados cerraron con resultados negativos. Las bajas se encontraron en Bazar y decoración (-14,4%), Perfumería (-10,7%) y Alimentos y bebidas (-8,7%). Farmacia constituyó la excepción, con un incremento del 0,3% interanual.

En síntesis, febrero registró una mejora mensual del 2,6%, influenciada por el inicio del ciclo lectivo, sin lograr revertir la caída acumulada del 5,2%. El consumo se concentró en bienes de subsistencia y artículos escolares por la reasignación del gasto de los hogares. La demanda operó con selectividad, priorizando ofertas y financiamiento para sostener las operaciones. Los costos operativos y la presión tributaria condicionaron la rentabilidad de los locales. El escenario confirmó una contracción técnica pese al repunte estacional de fin de mes.Hacia el futuro existe una expectativa de mejora económica para 2026 en el 42,9% de los casos. La inversión continúa sin variaciones por los costos de reposición y la rentabilidad de los comercios. El 57,6% de los comerciantes descartó desembolsos de capital ante las condiciones del mercado interno. El desafío reside en estabilizar los márgenes frente al incremento de los gastos fijos. La reactivación dependerá de la recomposición de los salarios y de la previsibilidad en los costos.

La diputada provincial del Partido Justicialista (PJ), y médica de vasta trayectoria en salud pública, Cristina Mirassou, expresó su preocupación ante el retroceso de las políticas de salud pública a nivel nacional, advirtiendo sobre el regreso de enfermedades que se habían logrado erradicar o controlar. 

La legisladora apuntó directamente a “la falta de interés” y a la ideología del Gobierno nacional del “sálvese quien pueda” como la causa de este riesgo sanitario.

Cabe mencionar que las coberturas de vacunación infantil registraron un desplome inédito en la Argentina. Durante 2024, menos de la mitad de los niños de entre 5 y 6 años recibieron las vacunas que les correspondían para comenzar la primaria. Y además bajó el 10% de todas las vacunas que se deben aplicar a los 11 años, según información del Ministerio de Salud de la Nación. 

Sobre esto, Mirassou, subrayó que “esto sucede cuando las políticas de salud pública bajan las banderas preventivas” e hizo hincapié en que la prevención primaria, fundamental para evitar enfermedades, se materializa en el Calendario Nacional de Vacunación, que Argentina logró posicionar como un estándar “extraordinario y ejemplar” a nivel mundial, con más de veinte vacunas gratuitas y obligatorias.

“La prevención que es de oro, para realmente evitar las enfermedades, son las vacunas”, afirmó, contrastando la situación actual con el pasado, cuando enfermedades como la Hepatitis A eran brotes recurrentes antes de la existencia de la inmunización. 

En este sentido, lamentó que “a nivel nacional sigue siendo muy preocupante la situación, porque sabemos que la ideología del Gobierno apunta a que cada uno acceda de acuerdo a lo que puede, y que no es obligación del Estado, cubrir y proteger a la población”. 

De esta manera, la diputada alertó sobre el futuro de las compras de vacunas, “un proceso logístico complejo que debe realizarse con un año de antelación y requiere de personal altamente especializado, generalmente con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)”, añadiendo que “se ha despedido gente de esas áreas y que tenía este conocimiento”

“Así que estamos en una situación de alerta”, expresó, al tiempo que mencionó “cuando se baja la vacunación, se pierde este efecto rebaño que protege a todos. La cobertura tiene que ser muy alta, siempre por arriba del 85% por ciento”.

Finalmente, consultada sobre la posibilidad de que Argentina se retire formalmente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la doctora Mirassou fue enfática: “Tiene un costo alto”, destacando que “la función fundamental que cumple la OMS es tener todo un equipo de expertos para alertar a todos los países cuando surgen brotes o patologías nuevas, y de poner en común toda la información”, explicó.

Y concluyó aseverando que “no hay ninguna ganancia al retirarse, es toda pérdida”. 

El ministro de Economía de la provincia de Formosa, el doctor Jorge Ibáñez, se refirió a la inminente presentación del Presupuesto Nacional anunciada por el presidente Javier Milei, que se realizará en cadena nacional luego de dos años sin la tradicional discusión parlamentaria. 

El funcionario provincial cuestionó la decisión y señaló que el Congreso debe ser el ámbito natural para debatir y aprobar la herramienta clave de la política económica.

“Estamos acostumbrados a que el Presidente tiene formas muy particulares. Lo que queremos ver es qué tipo de presupuesto presenta, qué características va a tener”, afirmó Ibáñez. 

En ese sentido, subrayó que el Gobierno nacional debería atender las prioridades que “las urnas ya expresaron”: financiamiento para la política universitaria, hospitales como el Garrahan, programas para jubilados, discapacitados y pacientes con enfermedades graves, así como apoyo a pymes, industrias y al sector agropecuario.

“Si el presupuesto solamente es ajuste, ajuste y ajuste, para pagar los intereses de una deuda que se torna impagable, creo que el Congreso de la Nación no lo va a aceptar”, advirtió.

Respecto del escenario provincial, adelantó que el Ejecutivo formoseño presentará en breve el proyecto de presupuesto ante la Legislatura. Explicó, sin embargo, que la falta de datos oficiales del Gobierno nacional dificulta la tarea: “Siempre tomamos como referencia variables nacionales como el dólar, las tasas de interés o la inversión en las provincias. Como no tenemos ese marco, se nos hace difícil, pero igualmente cumpliremos con lo establecido”.

El ministro anticipó que la provincia mantiene hasta ahora un año con superávit y destacó la responsabilidad fiscal en la administración de los recursos.

Reclamos por fondos previsionales y obras paralizadas

Acerca de un posible diálogo con las provincias, sostuvo que “tendría que ser la mesa con todos los gobernadores, pero presidida por el Presidente de la Nación, y resolver cosas. Porque si es simplemente para la foto, tampoco sirve. Entonces, yo no tengo muchas expectativas en esta mesa, ojalá me equivoque, y realmente tengamos una mesa donde las provincias planteemos problemas y del otro lado tengamos soluciones, como por ejemplo en el tema ANSeS”, apuntó.

También resaltó que “el tema de los jubilados provinciales de las 13 provincias es muy grave”, y en ese sentido expresó preocupación por el incumplimiento de ANSeS en el envío de las compensaciones a las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales. “Desde que asumió Milei no recibimos un peso. Dicen que no porque faltan auditorías, pero la pregunta es: ¿por qué no las hacen?”, planteó.

Además, advirtió que numerosas obras nacionales se encuentran paralizadas, con deudas a empresas constructoras y organismos como el ENHOSA prácticamente desmantelados. “Estamos muy preocupados, no hay quién atienda esas problemáticas”, denunció.

De cara a las próximas elecciones, Ibáñez fue contundente: “Si no se recapacita, si no se cambia el rumbo económico del Gobierno actual, el resultado del 26 de octubre va a ser igual que el de la Provincia de Buenos Aires”.

Finalmente, reclamó que la mesa de diálogo con los gobernadores no se convierta en una mera “foto política” y pidió que el Presidente encabece personalmente las discusiones para encontrar soluciones reales.

Consultado ante versiones periodísticas que afirman un supuesto aumento en los recursos coparticipables transferidos a las provincias durante abril de 2025, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, el doctor Jorge Ibáñez, aclaró que los envíos acumulados del primer cuatrimestre del año 2025 son un 7,5% menores respecto al mismo período de 2023, en términos reales.

Indicó que si bien, a medida que transcurran los próximos meses, algunos indicadores podrían mostrar leves recuperaciones interanuales al ser comparados con el mismo período de 2024, “la base de comparación de 2024 es extremadamente baja debido a la fuerte devaluación del 118% y el terrible ajuste implementado por el actual Gobierno, con la paralización de toda la obra pública nacional generando esto desocupación, una brusca caída del consumo, la producción y la inversión”. 

Por lo tanto, “cualquier variación positiva en relación al año pasado parte de un piso muy deteriorado y sigue mostrando niveles de actividad, empleo e ingresos reales muy por debajo de los registrados en 2023, que siguen siendo el último punto de referencia previo al actual ciclo recesivo”, explicó el titular de la cartera de Economía. 

A ello sumó que a la par de esta caída, el Gobierno nacional interrumpió unilateralmente, desde el inicio de su gestión, las transferencias correspondientes al sistema previsional (ANSES) hacia aquellas provincias que no transfirieron sus Cajas Previsionales, “decisión ha generado un grave perjuicio fiscal, particularmente para las 13 provincias que administran sus propios sistemas previsionales, como es el caso de Formosa. 

En ese contexto, advirtió que “la falta de envío de fondos desde inicio de la nueva gestión compromete seriamente la sustentabilidad financiera del sistema, afectando no solo el equilibrio de las cuentas provinciales, sino también la capacidad de garantizar el pago regular de jubilaciones y pensiones”. 

Por otro lado, señaló que “recientemente se impuso de manera inconsulta el cambio en el esquema de percepción del IVA en operaciones aduaneras, lo que implica una nueva afectación sobre fondos coparticipables”. 

A su vez, apuntó que “la modificación en el régimen de anticipos del Impuesto a las Sociedades profundiza el problema: hasta el año pasado, en junio se recibía el primer pago del 25% del anticipo correspondiente al período fiscal siguiente”, mientras que “con el nuevo esquema, ese primer pago pasa a ser del 11,11%, lo que reduce significativamente la disponibilidad de fondos en un mes clave para afrontar, entre otras cosas, la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) que las provincias y Municipios tiene prevista en su presupuesto anuales”. 

“Resulta evidente que todas las rebajas y modificaciones impositivas que impulsa el Gobierno nacional afectan directa o indirectamente a los impuestos coparticipables, mientras se preservan aquellos tributos que recauda exclusivamente la Nación, como el impuesto a los combustibles, el impuesto al cheque o los derechos de exportación (retenciones)”, afirmó. 

Categórico, el ministro Ibáñez sostuvo que “no se trata de interpretaciones políticas, sino de datos concretos: las provincias están recibiendo menos recursos reales que hace dos años. Cada día, la Nación se retira de sus funciones básicas, desatendiendo obligaciones elementales y trasladando competencias a los Gobiernos locales sin acompañamiento financiero, dejando a las provincias frente a mayores demandas sociales con menores recursos”, finalizó. 

La auditora general de la Nación, la licenciada Graciela de la Rosa, expresó su fuerte oposición al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) relacionado al nuevo endeudamiento del Gobierno del presidente Javier Milei con el Fondo Monetario Internacional (FMI), argumentando que “es ilegítimo e ilegal” porque debería ser aprobado por el Congreso según la Ley Guzmán. 

De la Rosa recordó que desde la Auditoría General de la Nación (AGN) se realizó la auditoría del préstamo stand by del 2018 que tomó el entonces presidente Mauricio Macri por 56.700 millones de dólares con el FMI, que “llegó y se adueñó de 45 mil millones de dólares”. 

Ahora, consultada sobre el nuevo endeudamiento con el organismo multilateral de crédito, esta vez promovido desde la gestión libertaria nacional, manifestó que “el DNU es absolutamente ilegítimo e ilegal”, explicando que “todos sabemos que hay una ley específica, llamada Ley Guzmán, que dice que cualquier préstamo que se tome con el Fondo Monetario Internacional tiene que pasar por el Congreso Nacional y ser aprobado por una ley específica”. 

Se trata de la Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública, impulsada por el Gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos), cuyo ministro de Economía era Martín Guzmán. Fue sancionada en febrero de 2021 y establece en su artículo 1 que la Ley de Presupuesto debe prever un “porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio”, y que para superar ese porcentaje máximo se requiere autorización del Congreso.

A su vez, el artículo 2 dispuso que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público” acordado con el FMI, así como también “cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones”, requieren aprobación del Parlamento. Por último, instaura que los tipos de endeudamiento previstos en los dos artículos no podían ser utilizados para gastos corrientes. La norma apuntaba a evitar que se repitiera un endeudamiento con el FMI como el que se había acordado durante el Gobierno de Macri (Cambiemos).

Por otra parte, De la Rosa advirtió que el DNU es difuso, ya que no se aclara cuáles serán los montos y los plazos de los desembolsos del acuerdo, que todavía no fue firmado. Tampoco especifica los intereses a pagar.

“No da monto, ni condiciones, no habla de tasas de interés, como tampoco de plazos, o sea, no habla de nada de lo que necesita un legislador en el Congreso Nacional para determinar qué impacto va a tener eso no sólo sobre las cuentas públicas argentinas, las cuentas internacionales, el balance de pagos, etcétera, sino sobre cada uno de los argentinos”, reprobó. 

Además, ahondó en una parte del DNU, donde se plantea que la operación de crédito a ser celebrada se enmarcará en un Programa de Facilidades Extendidas o Extended Fund Facility (EFF) e “incluirá el pago de los intereses y cargos en los plazos y tasas preestablecidos por el organismo de crédito para este tipo de acuerdos y el reembolso del capital del préstamo en un plazo de hasta diez años con un período de gracia de cuatro años y seis meses”. 

“Cuando habla de facilidades extendidas, es el préstamo que se tuvo que tomar en la gestión de Guzmán para pagar el préstamo de Macri en 2018. O sea que seguimos pagando el préstamo de Macri y teniendo esa deuda de 45.000 millones de dólares”, dilucidó. 

En ese contexto, indicó que “van a pedirle al Fondo un plazo de cuatro años para no pagar o para empezar a pagar”, lo cual significa que “la Argentina se está anticipando un default porque ya no tiene los fondos para empezar a pagar el año que viene otra vez ese préstamo de Macri y así como sigue, va a ser un préstamo de este año, que van a pagar generaciones argentinas”. 

La actividad manufacturera de las pymes creció 7,3% interanual en diciembre -en la misma fecha de 2023 el descenso fue del 26,9%- y cerró el 2024 con una caída acumulada del 9,8% respecto al 2023. Cabe destacar que en el último mes del año todos los sectores relevados presentaron variaciones positivas en sus comparaciones interanuales.

Mensualmente, la actividad de las pymes industriales registró un crecimiento del 4,3% en la medición desestacionalizada respecto al mes de noviembre. En cuanto a la capacidad industrial utilizada se registró un promedio del 62%, marcando una baja de 1,1 puntos respecto a noviembre.

Los resultados surgen del Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) que elabora la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), con una muestra que alcanzó a 420 pequeñas y medianas industrias a nivel federal.

Análisis sectorial

En la comparación anual, todos los rubros presentaron un alza respecto del año anterior. Destacan los rubros Madera y muebles, con un crecimiento interanual del 18,1%, seguido por Textiles e indumentaria, cuya actividad estableció en diciembre una suba del 12,4%.

En el acumulado del año, todos los sectores cerraron con valores negativos. Con caídas de 12,3% y del 12,2%, Alimentos y bebidas y Químicos y plásticos, respectivamente, fueron los más afectados durante 2024.

El sector registró un crecimiento del 4,8% interanual a precios constantes en diciembre, y una mejora del 4,3% en la comparación intermensual. Durante el 2024 se registró una baja acumulada del 12,3%. En el último mes del año, las industrias del sector trabajaron con una capacidad utilizada del 62,1%, lo que marcó una reducción de 3,5 puntos respecto a noviembre.

De acuerdo con lo informado por los industriales del rubro, diciembre no cumplió con las expectativas generales. Los costos de producción y los gastos fijos se mantuvieron altos. Aunque la inflación mostró una baja, los precios de insumos clave como la harina continuaron subiendo. Por otro lado, se registró un aumento en la producción, pero aún persisten las dificultades para acceder a créditos blandos destinados a la inversión en maquinaria.

La producción subió el 12,4% interanual en diciembre y el 4,1% respecto a noviembre. El rubro textil cerró el 2024 con una variación interanual acumulada de -4,1%. En cuanto a la capacidad industrial utilizada, en diciembre se mantuvo el mismo nivel que en noviembre con un 59,6%.

Para los industriales textiles, diciembre mostró un desempeño inferior al del año pasado, con expectativas de ventas que no se alcanzaron. De todas formas, los empresarios notaron señales de recuperación y un aumento en el poder adquisitivo, mientras que las inversiones mantienen un panorama incierto. En algunos sectores la temporada alta comenzará en febrero con la demanda de uniformes.

En diciembre, el sector creció el 18,1% interanual a precios constantes y el 4,7% en la comparación intermensual desestacionalizada. En 2024 la actividad cayó el 5,5% frente a 2023.

Los costos laborales, los impositivos y los de servicios son factores que afectan la competitividad frente a las importaciones. Industriales del sector maderero informaron que diciembre presentó resultados variados, aunque el balance anual fue positivo tras un período de inactividad. En lo que va de enero se observan indicadores favorables, aunque las estacionalidades históricas han perdido relevancia como referencia. Además, se destaca una reducción en el costo de las telas tapiceras.

El sector tuvo una recuperación interanual que ascendió al 5,2% en diciembre, a precios constantes, y creció el 2,6% en la comparación intermensual desestacionalizada. La variación acumulada del 2024 marcó un descenso del 9,4% respecto a 2023. Las industrias operaron al 60,8% de su capacidad instalada.

En el sector, varias fábricas otorgaron licencias durante las fiestas como una manera de reducir costos. Los empresarios señalaron que los salarios establecidos en el convenio colectivo son insuficientes para retener al personal calificado. En este contexto, las pymes enfrentan la competencia de importaciones, con precios finales más bajos que los costos primarios de producción local, además de los altos costos laborales y la incobrabilidad de clientes, que afectan tanto a la producción como al empleo. Como aspecto favorable destacaron la existencia de materia prima, y proyectaron una economía con mejores perspectivas hacia 2025.

En diciembre, el sector experimentó un crecimiento del 9,2% interanual a precios constantes y un repunte del 6,7% en la comparación intermensual. El 2024 acumuló una caída del 12,2% frente a 2023. Durante este mes, las industrias operaron con el 62,9% de su capacidad instalada, contra el 65% de noviembre.

Los industriales del rubro destacaron que diciembre 2024 fue un mes atípico debido al calendario festivo y al exceso de stock, lo que llevó a algunas empresas a detener las fábricas y otorgar vacaciones al personal. Se observaron mejoras en la economía y mayor disponibilidad de financiamiento, lo que permitió seguir invirtiendo y ampliando la base de clientes. Además, se destacó el buen desempeño de las ventas de productos para piletas y accesorios.

La actividad mostró una recuperación del 3,4% anual a precios constantes en diciembre. En términos mensuales tuvo un incremento del 7,8%. El rubro finalizó el año con una caída acumulada del 11,1% frente a 2023. Las empresas operaron con el 64,2% de su capacidad instalada.

Se espera que la temporada escolar impulse las ventas, después de un diciembre que no cumplió con las expectativas. Los empresarios atribuyeron la caída de las ventas a factores estacionales, las fiestas y las vacaciones. Por otro lado, los industriales del sector reconocieron errores en la oferta de productos y apuestan por nuevas estrategias digitales. Los altos impuestos continúan siendo una carga significativa.

Encuesta cualitativa

Las pymes mantuvieron su postura y nuevamente indicaron que la principal medida que debería implementarse en el corto plazo es la reducción de impuestos, tanto nacionales, como provinciales y municipales. Ese reclamo acaparó el 64,9% de las respuestas (3,1 puntos porcentuales por encima de noviembre). El segundo lugar lo mantuvo el estímulo a la demanda interna con el 11,2% de respuestas.

A su vez, la simplificación burocrática ocupó el tercer lugar de las medidas que se consideran como más efectivas para las pymes en el corto plazo, con el 8,5% de las respuestas, apenas 0,4 puntos por encima de los incentivos para la contratación de personal, que obtuvo el 8,1% de las respuestas.

En cuanto a los principales obstáculos, el más identificado por los empresarios fue el de los altos costos de producción, que obtuvo el 44,4% de las respuestas.

La falta de ventas ocupó nuevamente el segundo puesto entre los obstáculos que más pesan, y representó el 33,6% de las respuestas. En tercer lugar, con un 9,1% de las respuestas, se encontró la dificultad para acceder a créditos.

En los últimos meses, el 32,9% de las industrias encuestadas indicó que optó por diversificar productos. En algunos casos indicaron haber encontrado errores en la oferta de productos y optaron por incorporar nuevas estrategias digitales.

Otra de las medidas más tomadas fue la reducción de gastos operativos, con un 21,6%. Muchas de las empresas consultadas informaron que pararon su producción durante diciembre y enero debido a la época festiva, y en algunos casos por exceso de stock. En contraparte, y aprovechando la época, el 12,3% decidió incrementar los gastos operativos.

En cuanto a la dificultad para pagar salarios, el rubro Metal, maquinaria y equipo, y material de transporte junto con Madera y muebles fueron los que más problemas tuvieron con un 21,4% de los encuestados.

Seguido de estos rubros se encontró Químicos y plásticos con el 19%, y un poco más abajo, con 14,3%, se ubicaron Textil e indumentaria y Alimentos y bebidas.

A partir del Decreto 1039/24 publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional definió que ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, ya no tendrá las facultades necesarias para otorgar créditos usando los activos disponibles en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

La medida se encuadra dentro de las bases establecidas por la Ley N° 27.742 (Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos) y propicia una mejora en el funcionamiento del Estado y una gestión pública más eficiente al optimizar las competencias de ANSES en relación a su función principal que es la de administrar los recursos del FGS para asegurar la sostenibilidad y la preservación de sus activos, en beneficio de los contribuyentes del sistema de seguridad social.

En la norma se destaca que, del resultado de una auditoría realizada sobre el FGS, existía una significativa diferencia en las tasas de las líneas de crédito otorgadas por ANSES y las otorgadas por los bancos y el mercado en general, lo que generó un perjuicio evidente a la rentabilidad y sostenibilidad del fondo.

Además, recalca que el FGS no fue creado para funcionar como un fondo de crédito, sino para garantizar la sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y, por lo tanto, sus activos deben ser invertidos en instrumentos que garanticen la preservación de su valor.

También, destaca que el otorgamiento de financiamiento es una actividad que puede ser desempeñada de manera eficiente y competitiva por el sector privado, que cuenta con los recursos y la capacidad para ofrecer productos crediticios bajo la supervisión del Banco Central de la República Argentina, y que, de hecho, actualmente tanto instituciones financieras públicas como privadas poseen líneas de crédito activas dirigidas a jubilados y pensionados, lo que evidencia la capacidad del sistema financiero para atender esta demanda.

El Presidente Javier Milei agradeció a los 18 gobernadores, 2 ex presidentes, legisladores y representantes sectoriales que se congregaron en la Casa Histórica de Tucumán para firmar esta madrugada el Pacto de Mayo, y lo calificó como “un acto de grandeza” y de “amor a la patria”, en contraste con los dirigentes políticos, sociales y sindicales que no asistieron por “anteponer sus anteojeras ideológicas” o por “obstinación en no querer ceder los privilegios” del viejo orden.

El Presidente valoró que a pesar de las diferencias los asistentes hayan suscripto el Acta “respondiendo al llamado que les hace el pueblo argentino”, y aseguró que “es sin duda el símbolo de un cambio de época". Agregó que “no rechazaremos a nadie que quiera aportar a la construcción del cambio”, sin importar de qué partido provenga.

El Jefe de Estado sostuvo que “construir el país próspero y pujante que queremos llevará tiempo” por parte de todos los argentinos, pero garantizó que “si tenemos una visión clara del rumbo y nos mancomunamos en torno a un conjunto de principios y objetivos no negociables” como los incluidos en el documento, “llegaremos a puerto más pronto que tarde”.

Los presentes firmaron un Acta de “10 conceptos inclaudicables”, como los definió el Presidente:  inviolabilidad de la propiedad privada, equilibrio fiscal innegociable, reducción del gasto público, educación con alfabetización plena y sin abandono escolar, reforma tributaria, rediscusión de la coparticipación federal, explotación de los recursos naturales del país, reforma laboral moderna,  reforma previsional y apertura al comercio internacional.

Firmaron el Pacto de Mayo los Gobernadores y Jefe de Gobierno: Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

El Jefe de Estado estuvo acompañado durante la ceremonia por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los Presidentes provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Asistieron los ex Presidentes Mauricio Macri y Adolfo Rodrígez Saá.

También estuvieron presentes los Ministros: Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Russo (Salud), Luis Petri (Defensa), Patricia Bullrich (Seguridad) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

En medio de la polémica por haber amenazado con escrachar a los senadores que voten en favor de la Ley Bases, el titular de los aeronáuticos justificó su iniciativa al señalar que "los pasajeros tienen derecho a saber" y que los legisladores deben hacerse cargo.

"En realidad lo que hacemos es exponer a los senadores con sus votantes, porque salvo algunas caras la gente no conoce a las personas que han votado y lo que queremos, como el voto es público, queremos que la gente sepa qué votó cada uno para ver si está de acuerdo", señaló el secretario general de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano.

En una entrevista con Urbana Play, el sindicalista precisó que los trabajadores nucleados en ese sindicato les preguntarán a los senadores en el check in "por qué votó de esa manera, contra los intereses de las provincias y contra los intereses de los trabajadores".

En esa misma línea, el sindicalista redobló la apuesta: "El pasajero tiene derecho a saber qué votó cada uno de sus senadores. Como no los conoce, la gente no sabe quiénes son. Y como el voto es público la gente tiene derecho a saber, y que cada uno se haga cargo y se haga responsable de su voto".

Y agregó: "Porque el voto de esos senadores va a dejar a muchas provincias sin vuelo, por eso queremos que den explicaciones cuando sean interpelados por sus votantes".

Llanos encendió la polémica por sus dichos durante una asamblea con un grupo de trabajadores en el hall central del Aeroparque Jorge Newbery.

Con Clarín

El Ministerio de Justicia informó este viernes la eliminación del 40% de los Registros del Automotor del país, entre otras medidas.

El Gobierno nacional precisó que tomó la decisión tras conocer el resultado de la primera etapa de la auditoría llevada a cabo en la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), con el objetivo de "reducir costos y eliminar trámites burocráticos".

Según él comunicado publicado, estos son los 13 puntos que serán modificados:

Además, el Ministerio de Justicia informó que "a partir de este momento se inicia la segunda etapa de la auditoría". La misma tiene el objetivo de "revisar el contrato general de administración de los Registros Automotor, acelerar la digitalización y transformación del proceso, y bajar fuertemente los costos de transferencias y/o patentamientos".

El administrador general del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), el ingeniero Marcelo Ugelli, señaló que desde que asumió Javier Milei como presidente de la Nación se paralizó toda la obra pública y la construcción de viviendas en el país. Indicó asimismo que no se tiene respuestas sobre la continuidad de los convenios, como tampoco acerca de planes a futuro.

“En los dichos del Presidente de la Nación, la obra pública con fondos nacionales no va a prosperar más en este país”, lamentó el funcionario.

A su vez, dijo que “no tenemos respuesta (de la Nación) respecto de la continuidad de los convenios, ni del pago de la deuda o de un plan para construir viviendas y obras públicas en general. Tampoco hay planificación hacia un futuro inmediato”.

A esto se suma que “las autoridades fueron cambiando” en estos meses, al recordar que primero “se fue el ministro (de Infraestructura Guillermo Ferraro), quedó el secretario y luego el área pasó a Economía”, bajo la órbita del ministro Luis Caputo.

“El nuevo secretario no debe tener más de 20 días en el cargo, hace una semana nombraron un subsecretario y estamos ahí tratando de conseguir audiencia”, precisó, apuntando que “mientras tanto, ya hicimos los reclamos administrativos y lo que sigue es la cuestión de intimaciones para que paguen las deudas que a esta altura de la inflación ya están prácticamente licuadas”.

Consultado sobre cuántas familias se ven afectadas con estas medidas nacionales de ajuste, respondió que “siempre decimos que la paralización de la obra pública implica la pérdida de derechos, consagrados en la Constitución Nacional, como el acceso al trabajo y a la vivienda”. 

En el caso de la construcción, “hablamos de empleos directos e indirectos”, alertando que “cerca de ocho mil albañiles hoy están en su casa sólo en viviendas y después está el resto de la obra pública infraestructural o de equipamiento comunitario que tampoco se hace”.

También, “todas las cadenas que están agregadas a los 30 ítems que puede tener la construcción de una unidad habitacional, donde cada una de ellas implica desde la provisión de ladrillos, el premoldeado, entre otros”.

A su vez, tras mencionar el caso de Acindar, la empresa siderúrgica que tiene paralizadas sus cuatro plantas por la caída en las ventas y acordó con el gremio suspensiones de 600 trabajadores de contratistas, sostuvo que “diversas cuestiones están siendo afectadas” por las medidas del actual Gobierno de Milei y “la economía se está resintiendo, está a la vista”.

La Secretaría de Hacienda, que depende del Ministro de Economía Luis Caputo, convocó a la reunión con los funcionarios provinciales; los principales temas que se buscarán abordar son la pérdida en términos reales de los fondos coparticipable resultado de la fuerte recesión que atraviesa el país, la quita de los subsidios y de los fondos nacionales como el FONID. 

Desde la Secretaría de Hacienda de Nación, se realizó la invitación a un Encuentro de Ministros de Economía Provinciales, la semana próxima se llevaría a cabo el primer encuentro entre el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, Carlos Guberman, y los ministros de Economía de las provincias. 

Esta convocatoria, ha generado gran expectativa dado que, en el marco de la creciente tensión entre Nación y provincias, hay temas importantes a tratar, como la quita de recursos coparticipables, subsidios, el aumento indiscriminado de precios en alimentos, medicamentos, combustibles y tarifas, lo cual afecta directamente el bolsillo de los ciudadanos.

Sumado a ello, los ministros provinciales se muestran sumamente preocupados por la decisión unilateral de Nación de recortar partidas presupuestarias en áreas sensibles como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), subsidios al transporte y energía y recursos de los sistemas previsionales provinciales. Esta situación se ha visto agravada tras el fracaso del proyecto de ley de bases presentado por el presidente Javier Milei y las posteriores críticas del Gobierno Nacional hacia los gobernadores que no apoyaron la iniciativa.

Se espera que en la reunión del próximo miércoles, los ministros provinciales exijan las explicaciones por la quita de recursos y busquen revertir las medidas que consideran afectan directamente a las economías locales y al bienestar de la población. 

El encuentro tendrá como contexto político y económico el discurso del Presidente Milei en la apertura de sesiones ordinarias, donde indicó que la próxima semana convocará a los gobernadores.

De este modo, los representantes de la cartera económica de cada provincia consideran que entre los temas a tratar se encuentran: la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) que compensa la asimetría en los salarios docentes; subsidios al transporte y energía: se buscará alcanzar un acuerdo para garantizar la continuidad de los subsidios al transporte público y la energía, especialmente en un contexto de alta inflación y tarifas dolarizadas; recursos de los sistemas previsionales: las provincias defenderán la autonomía de sus sistemas previsionales y buscarán destrabar los pagos adeudados. 

También deudas de los organismos nacionales con las empresas constructoras, que en los últimos dos meses no recibieron ningún pago por las obras públicas realizadas y certificadas; la disminución de los ingresos por coparticipación que representan una caída del 20% en términos reales, como consecuencia del tremendo ajuste y la devaluación del 118%; y el recorte de fondos comprometidos en convenios específicos para obras y programas en las provincias. 

La reunión se llevará a cabo en un clima de incertidumbre y desconfianza entre Nación y provincias. Los gobernadores consideran que la quita de recursos es un ataque a la autonomía provincial y un avasallamiento de sus derechos. Por su parte, el gobierno nacional argumenta que las medidas son necesarias para reducir el déficit fiscal y alcanzar un equilibrio macroeconómico; algo que el Presidente reivindicó en su discurso adelantado que la inflación seguirá en altos niveles.

El resultado del encuentro del próximo miércoles será clave para determinar el futuro de la relación entre Nación y provincias. Se espera que las partes puedan encontrar puntos de acuerdo y soluciones a las controversias existentes. De lo contrario, la tensión podría escalar y generar un escenario de mayor conflictividad política e institucional.

La decisión de Nación de recortar recursos a las provincias ha generado un profundo malestar en los gobiernos locales. La quita de partidas presupuestarias afecta directamente a la capacidad de las provincias para brindar servicios esenciales a la población y ejecutar proyectos de desarrollo.

En este contexto, la reunión del próximo miércoles se presenta como una oportunidad para que las partes dialoguen y busquen soluciones a la crisis financiera y económica que atraviesa el país. Es fundamental que Nación reconozca la autonomía de las provincias y se comprometa a trabajar en conjunto para alcanzar un equilibrio que respete el federalismo consagrado en la Constitución Nacional.

El Senador por Formosa de LLA, Francisco Paoltroni, está trabajando junto a su equipo en un proyecto para ponerle fin al aislamiento y favorecer la integración de Formosa en el país y la región.

Su propuesta incluye la implementación de una balsa que conecte la Ciudad de Formosa con la ciudad paraguaya de Alberdi, así como el establecimiento de una nueva aerolínea de bajo costo.

"Esto reduciría los tiempos de demora en fines de semana largos, ya que se habilitaría un nuevo paso hacia Asunción y agilizaría el tránsito, evitando filas interminables de hasta 7:00 horas por Clorinda. Además, beneficiaría la conectividad en el plano nacional, potenciando el turismo, comercio, la hotelería y gastronomía de la provincia", dijo el Senador libertario en su cuenta oficial de X.

Paoltroni asegura que quiere "más libertad, trabajo y progreso para los formoseños".

Las principales entidades representativas de las farmacias argentinas reclamarán públicamente en contra de lo expresado en el DNU N° 70/2023 que anunció el Presidente Javier Milei hace más de una semana.

Por eso, la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (Facaf), la Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa) y la Asociación de Far-macias Mutuales y Sindicales de la República Argentina convocan a todos los profesionales y a la comunidad en general a una concentración a la sede de los Tribunales, en la Capital Federal.

La concentración se realizará el viernes 29 a las 13 en la sede judicial de la calle Talcahuano bajo la consigna: “En defensa de la salud pública y el futuro de nuestra profesión".

La Facaf ya manifestó su rechazo a la decisión presidencial por considerar que pone en riesgo los derechos indelegables de las Provincias a organizar sus prestaciones y el poder de policía en cada uno de sus territorios.

La entidad que agrupa a más de 5000 farmacias de todo el país manifestó que el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 (DNU), rubricado y Publicado por el Poder Ejecutivo, generó “una profunda inquietud en el seno de la farmacia argentina, ya que sus postulados ponen en riesgo la salud, el modelo de farmacia profesional vigente, la integridad de la profesión farmacéutica y los principios constitucionales de la división de poderes y el federalismo".

Además consideró que “la esencia misma de la farmacia argentina, concebida como un centro de salud con dispersión territorial, se ve amenazada por las disposiciones de este decreto, que promueven un modelo probadamente desacertado al intentar desregular y desprofesionalizar la función de la farmacia.

Sostuvo Facaf que “esta pretendida acción que viene a salvaguardar la competitividad, deja abierta la comercialización, como si el medicamento fuese una mercancía común y entonces, se asemeja más a un plan de negocios que al uso racional de una herramienta esencial para la salud de los argentinos.

La Federación Argentina de Cámaras de Farmacias siempre ha sostenido la importancia del rol de la farmacia como garante esencial de la salud, en consecuencia, redoblaremos los esfuerzos para que la Farmacia Argentina no sea afectada como resultado directo de este Decreto y con ello se vea disminuido el derecho a la salud de los Argentinos y el acceso al medicamento por parte de la población.