En el Senado de la Nación Argentina se realizó este martes la presentación oficial del Proyecto de Ley N.º 569/2026 de Intervención Federal de la Provincia de Formosa, impulsado por el senador nacional Francisco Manuel Paoltroni.

La actividad se desarrolló en el ámbito del Palacio Legislativo y contó con la participación de dirigentes, profesionales, referentes sociales y ciudadanos formoseños que expusieron distintas problemáticas vinculadas a derechos humanos, institucionalidad, salud pública, educación y transparencia en la provincia.

El encuentro fue transmitido a todo el país a través de Senado TV, YouTube y el canal de streaming “El Grito Sagrado”, permitiendo ampliar el alcance del debate sobre la situación institucional formoseña.

Durante la apertura, el senador Francisco Manuel Paoltroni brindó los fundamentos políticos y constitucionales del proyecto, remarcando la necesidad de discutir herramientas institucionales que garanticen el pleno funcionamiento republicano y democrático en la provincia de Formosa.

Entre los primeros expositores participaron Florencia Gladys Villa, madre del oficial inspector Federico Romero; Isabel Acosta, madre y abuela de víctimas de la salud pública; Teresa Pereira, vecina del Lote 111; y el Dr. Emanuel Zieseniss, abogado y concejal de la ciudad de El Colorado.

Posteriormente expusieron Félix Díaz, referente de la comunidad Qom “La Primavera”; la Dra. Nélida Sotelo, especialista en educación y ruralidad; la Dra. Ethel Ailín Narváez, coordinadora del Foro Formosa de la red “Infancia Robada”; y la Dra. Gabriela Neme.

El cierre jurídico estuvo a cargo del Dr. Daniel Alberto Sabsay, reconocido constitucionalista argentino, quien desarrolló los fundamentos legales y constitucionales del proyecto de intervención federal.

La jornada concluyó con un mensaje final del senador Paoltroni y una fotografía institucional junto a los expositores y ciudadanos formoseños que participaron de la presentación.

El ahora suspendido rector incorporó a su esposa a la planta permanente del personal no docente de la casa de estudios, en el Agrupamiento Administrativo Categoría 1°, sin sustanciar el concurso que exige el Decreto PEN N° 366/06 del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT). 

El juez federal N° 1 de Formosa, el doctor Pablo Morán, se refirió al procesamiento sin prisión preventiva que dictara contra el rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Augusto Parmetler, y de su esposa, Zully Rivero, en el marco de una causa que investiga nombramiento ilegal, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en esa casa de estudios. 

En ese sentido, el magistrado esclareció que “es una causa en concreto contra una persona, en este caso el profesor Parmetler, quien ejerce el cargo de rector de la UNaF, en base a una denuncia que fue tomada por la fiscalía, que la investigó y formuló una acusación”. 

Tras evaluar la prueba ofrecida y luego de que hayan sido llamados a prestar declaración indagatoria los involucrados, “con la prueba reunida”, se dictó el procesamiento de Parmetler, así como también de Rivero. Además, ambos fueron apartados temporalmente de sus cargos por 90 días. 

Esta medida, reiteró, fue dispuesta “contra ellos como personas, no contra la institución universitaria, ni pretendiendo inmiscuirse en cuestiones vinculadas con la vida interior de las Universidades”. 

Se trata de “un procesamiento sin prisión preventiva del señor Parmetler en orden al delito de proposición y nombramiento ilegal para un cargo público previsto en el artículo 253, primera parte del Código Penal, en concurso ideal con abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, precisó. 

Y agregó: “Todo esto en concurso real conforme al artículo 248 y concordantes del Código Penal, en carácter de coautor en relación al hecho ocurrido el 28 de julio de 2020, cuando designó sin concurso, es decir a dedo, a su señora esposa”. 

En el caso de Rivero, explicó que “el tipo penal es otro, ya que se la ha procesado por el delito de aceptación ilegal de cargo público, también reprimido en el artículo 253 del Código Penal, pero en el segundo punto”.

La justicia provincial avanza en la causa que involucra al juez de faltas de El Colorado y ordenó una serie de medidas judiciales, psicológicas y de protección de derechos tras una denuncia por agresiones físicas y amenazas ocurridas a en abril.

El caso que alcanzó alta incidencia mediática por los cruces entre la oposición y el intendente de El Colorado involucraba al juez en agresiones que habría infringido a un menor.

Sin embargo, la Resolución N° 112/26, de fecha 11 de mayo del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 de Formosa, a cargo del juez Sergio Cañete, dispuso la apertura formal del sumario judicial en el expediente caratulado “Moore, Walter Daniel – XXX s/ Lesiones Recíprocas”.

La resolución judicial amplía el enfoque inicial de la investigación al incorporar la situación de un menor de 13 años, quien sufrió lesiones durante el episodio y presuntas amenazas de muerte por parte de Walter Moore.

En ese marco, la Justicia imputó a Moore por los delitos de lesiones leves agravadas por alevosía, lesiones recíprocas y amenazas en concurso real. En tanto el progenitor del menor, también fue imputado.

Con esta resolución judicial se echa por tierra el argumento esgrimido por los concejales de la oposición de El Colorado en el sentido de que existiría una protección al funcionario municipal.

La causa continuará con toma de testimoniales, indagatorias buscando las responsabilidades penales.

Los abogados que conforman la defensa técnica del Rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Prof. Esp. Augusto Parmetler brindaron aclaraciones sobre la resolución dictada por el juez Pablo Morán, del Juzgado Federal de Instrucción N 1, por la cual se dispuso el procesamiento del Rector y la suspensión en el ejercicio de su cargo por el término de 90 días.

En ese sentido, afirmaron que esta resolución ya está siendo analizada, y se interpondrá el pertinente recurso de apelación a fin de que sea revisada por la Cámara Federal de Resistencia.

Además, manifestaron que en el planteo recursivo se van a esgrimir los argumentos que exponen el carácter arbitrario de la resolución dictada en el ámbito judicial.

Finalmente, recordaron que la medida de suspensión en el cargo de Rector es de carácter cautelar, como lo expresa el propio fallo y no reviste carácter sancionatorio ni importa adelanto de pena alguna. Por ello, enfatizaron que la cuestión será revisada por el Tribunal de Alzada.

Por otro lado, autoridades de la UNaF afirman que la institucionalidad de la casa de estudios está asegurada y su conducción no está deteriorada, sino que continuará normalmente, garantizando el bienestar estudiantil y la calidad académica.

Bajo el lema “Formosa, con memoria construye el presente y un futuro de verdad y justicia”, el Gobierno de la Provincia llevará a cabo, como cada año, un encuentro de reflexión y homenaje en conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia el próximo martes 24 de marzo, a las 17:45 horas, en el Salón de Exposiciones del Predio Ferial (Galpón G) ubicado en la Avenida Costanera “Vuelta Fermoza”.

Al respecto, la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia, Sylvina Aráuz, dijo que, durante la jornada, habrá oradores, material audiovisual, manifestaciones artísticas con el fin de reflexionar, acompañar a familiares y víctimas presentes y “más que nunca fortaleciendo nuestra democracia”.

Además, pondrán en valor la construcción colectiva de la memoria pero, también, traerán las “historias silenciadas” y “las individualidades de cada familia que buscó y aún busca a un desaparecido, a sus nietos, a quienes vivieron ese momento”.

“Por eso siempre cuando trabajamos con jóvenes decimos y pedimos que se hable en la casa, con su familia, con los abuelos, con los padres, que recuerden cómo era vivir en esa época, que los derechos y garantías estaban suspendidos, que se pueda hablar de eso”, sostuvo.

Y ratificó: “La memoria tiene que ser una construcción colectiva que tenemos que llevar todos adelante, como comunidad, para preservar la democracia, pero también la individualidad de cada uno va a sumarnos y a enriquecer esa memoria colectiva”.

Por ello, la funcionaria pidió a las “nuevas generaciones” que no sólo resignifiquen esta fecha, sino también, que “la compartan con quienes la han vivido, que su experiencia y su dolor sirva para comprender las luchas también y cómo costó regresar a la democracia”.

En ese sentido, valoró que en los colegios secundarios trabajen esta temática con docentes y directivos y consideró que los jóvenes “saben de qué estamos hablando” porque “les interesa escuchar” y “tienen muy claro que no quieren volver a repetir esa violencia extrema”.

Negacionismo

En otro orden, Aráuz reprochó los discursos negacionistas y la falta de políticas en derechos humanos por parte de la gestión libertaria nacional al mismo tiempo que cuestionó el desmantelamiento del Archivo Nacional de la Memoria.

“Los organismos internacionales ven esto como un grave retroceso, que la misma sociedad no está aceptando, porque cuando empezaron a hablar de la teoría de los dos demonios, de posibles indultos a través de las redes y los medios, uno ve que la reacción es: tenemos claro que fue un terrorismo de Estado, hay un consenso democrático de que esto que ha ocurrido no puede volver a ocurrir”, manifestó.

Y lamentó que, este 24 de Marzo, el Gobierno nacional intente, otra vez, “sostener el negacionismo” y que “fue una guerra” cuando, aclaró, “ya fue acabadamente demostrado que no fue así a través de los juicios y sentencias que demostraron que fue terrorismo de Estado”.

El presidente Javier Milei dictó un decreto que modificó la Ley de Inteligencia Nacional y habilita a los espías a aprehender personas no solo en casos de flagrancia o por pedido de un juez, sino también “en el marco de actividades de inteligencia”.

Al respecto, el abogado local Williams Dardo Caraballo advirtió que con la publicación del DNU Nº 941, el pasado 2 de enero, se evidencia “lo turbio del manejo del Gobierno de Milei”, ya que “le da facultades a la Secretaría de Inteligencia (SIDE) para que personal civil (espías) que no pertenece a ninguna fuerza de seguridad tenga la capacidad de hacer la voz de inteligencia respecto a ciudadanos, sobre su forma de pensar, su religión, su opción sexual y sus convicciones ideológicas”. 

Cuestionó fuertemente que a partir de este instrumento pueden “hacer patrullaje cibernético en las redes y lo más grave es que los faculta a aprehender personas, o sea, a arrestarlas porque pueden endilgarles cualquier sospecha; no hay intervención judicial, ni siquiera de un fiscal”. 

En ese sentido, hizo notar que “ya se han presentado recursos de amparo contra este DNU desde distintos referentes políticos”. Uno es el caso del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que pidió que se declare su inconstitucionalidad. Además, más de 20 organizaciones como Amnistía Internacional Argentina, Poder Ciudadano y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, entre otras, firmaron un comunicado en el que advierten que “por primera vez en democracia, los agentes de inteligencia tienen poder para detener”.

Caraballo sumó que, por su parte, “nosotros presentamos un hábeas corpus preventivo y colectivo, conjuntamente con el doctor Armando Aquino Brito, que es un prestigioso profesor de Derecho Constitucional, un académico que tiene escritos más de 30 libros”. 

El habeas corpues procede cuando existe una amenaza real, inminente y actual contra la libertad física, pero la detención aún no se ha producido, el objetivo es cesar la actividad que restringe ilegalmente o amenaza con restringir la libertad. Se trata de un habeas corpus colectivo cuando la amenaza o violación a la libertad afecta a un grupo indeterminado o conjunto de personas, en lugar de a un individuo específico.

“Este Gobierno nacional pregona la libertad como valor supremo y acá lo que se trata es de restringir la libertad ambulatoria, la libertad personal, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión de todos los ciudadanos argentinos”, repudió contundente y remarcó que “esta acción de hábeas corpus preventivo y colectivo recayó en el Juzgado Federal de feria, que es el Juzgado Federal 2, a cargo de la doctora Belén López Macé”. 

Indicó que la magistrada “no habilitó la feria”, de modo que “esperemos que en febrero, cuando se reanude la actividad judicial, el juez de turno le dé curso a esta acción”, concluyó. 

La Justicia Federal y la Justicia de Formosa han embargado cada una, y en el lapso de pocos meses, ingresos e inmuebles al senador nacional por Formosa, Francisco Paoltroni. Las reparticiones judiciales nacional y provincial han tomado las medidas por diversas causas que enfrenta el titular de la Consignataria “Ganaderos de Formosa S.R.L.”.

En el caso del Juzgado Federal N°2, el embargo impuesto por $134 millones fue decisión de la jueza Belén López Macé por presunto fraude contra la sucursal del Banco Nación de la localidad de Quitilipi (Chaco), en la causa que enfrentan Paoltroni y socios de la Consignataria de hacienda mencionada y de la firma “Agroindustria de Formosa S.R.L.”, por librar y endosar cheques que luego fueran desconocidos por el senador de La Libertad Avanza.

En la última semana, fuentes judiciales han informado acerca de nuevos embargos dispuestos por la Justicia de Formosa como consecuencia de ejecuciones promovidas por la Fiscalía de Estado del Gobierno provincial, a instancias de multas administrativas hechas por el Ministerio de la Producción y Ambiente por desmontes ilegales realizados por las sociedades “CSI S.R.L”, “El Divisadero S.R.L.”, “CONAGRI S.A.” y “Agroindustria S.R.L.” (todas firmas relacionadas directa o indirectamente al Senador libertario como socio actual o reciente) en campos cuya superficie desmontada es cercana a las 904 hectáreas. 

“Esos desmontes sin autorización previa del Ministerio de la Producción y en inmediaciones de las localidades formoseñas de Ibarreta, Estanislao del Campo y Subteniente Perín, fueron los hechos que dieron lugar a las multas económicas que no se pagaron y que fueron solicitadas que se ejecuten por vía del Poder Judicial”, declararon.

En consulta a fuentes con acceso a los expedientes administrativos, detallaron que los $104 millones de multa son una parte de las sanciones que recaen sobre el funcionario legislativo, sobre un total de 2.239 hectáreas desmontadas sin autorización. Por lo que se deja entrever que nuevas ejecuciones judiciales millonarias son inminentes y verán correr sus trámites sobre Paoltroni y responsables de las firmas societarias involucradas.

El crecimiento patrimonial y los discursos de campaña del rematador y hoy senador, están en boca de muchos actores relevantes del sector ganadero formoseño. Más aún cuando Paoltroni utiliza argumentos de política productiva que contrastan con la impresión negativa que tienen de él muchos productores, referentes rurales, dirigentes de la oposición y organismos públicos.

Fuentes del sector productivo dijeron que es inexplicable el incremento patrimonial de Francisco Paoltroni en solo 7 años: “desde el 2017 en adelante el stock de hacienda bovina a su nombre se incrementó de 141 animales registrados a 3.390 cabezas. Es un milagro económico poder crecer en menos de una década más del 2300%. A este ritmo le va a competir a Brasil como potencia ganadera”. “Miren los RENSPA de SENASA a su nombre, ahí está todo”, agregaron.

Paralelamente y consultando a actores del sector ganadero de Formosa, crecen las afirmaciones vertidas por productores y miembros de Consignatarias y Sociedades Rurales, que dan cuenta del “modus operandi” que vinculan a Paoltroni con la compra de hacienda “en negro” de terneros, novillos y vacas a pequeños productores de la región del centro-oeste formoseño. “Se los compran al 50% del precio de mercado, para luego “blanquearlos” y venderlos en la Sociedad Rural de Comandante Fontana”, predio donde con frecuencia “Ganaderos de Formosa S.R.L.” realiza sus remates. “Es un negocio fabuloso, pero a costa de los productores”, afirmaron.

“Nos llamó la atención que en los últimos días Francisco se exponga tanto en redes. Uno entiende la posición política que toma y su pedido de Intervención porque es su última carta, pero todos los ganaderos saben que la cantidad de hacienda encerrada en Fontana se debe a animales que provienen de la informalidad económica y de los $2.500 por kg que pagan en negro a productores pequeños. Sin factura y sin ninguna documentación legal”, dijeron. “Quiere mostrarse como el ‘Gran Campeón de Palermo’, pero detrás hay maniobras muy turbias”, agregaron.

Esto pone al senador y a sus empresas en el ojo de la Justicia nacional y provincial. Paoltroni puede enfrentar severas acusaciones de delitos que tipifican como evasión fiscal y lavados de activos, si fiscales judiciales impulsaran investigaciones de oficio. Y reaviva el debate entre la opinión pública, por la corrupción, idoneidad y habilidad moral de los postulantes para ejercer cargos públicos.

El Partido Justicialista Distrito Formosa, a través de su presidente, Gildo Insfrán, repudió el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la ex-presidenta Cristina Fernández de Kirchner, considerándolo “un hecho de máxima gravedad institucional, porque pone en jaque la soberanía popular”. 

En el comunicado sostiene que “a pocas horas de recordar los 69 años de los fusilamientos de José León Suarez, en los que compañeros cayeron ante las balas asesinas de la Revolución Fusiladora, un hecho anunciado días antes por los medios hegemónicos de comunicación y festejado con anticipación por los sectores antipopulares, nos vuelve a poner, como peronistas, ante la exclusión política”. 

Asimismo, resaltan que “el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que confirma la condena de la dos veces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, lejos de ser un acto imparcial en un proceso judicial, es un acto político llevado adelante por quienes fueron integrantes de la mesa judicial de la derecha argentina”. 

Y aseguran que “este es un hecho de máxima gravedad institucional, porque pone en jaque la soberanía popular sobre la cual se asienta la República y la convivencia democrática”. 

“Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático, por imperativo constitucional”, remarcan y subrayan que “la proscripción de la presidenta del principal partido opositor (PJ) en tiempos de definiciones electorales constituye un ataque a la democracia que no admite el silencio de ningún espacio político del país”. 

En este sentido, se manifiesta que “esta manipulación política-judicial no se funda en el derecho, sino que es reflejo del odio histórico de los poderosos de la Argentina frente a cualquier expresión política en favor del pueblo”.

Además, en el comunicado indican que “es un nuevo intento de exterminar al peronismo, pero no es el único; no podemos olvidar, en esta renovada persecución, la ilegal detención sin orden judicial del compañero Juan Grabois días atrás”. 

Por eso, consideran que “fiel a sus principios y convicciones, el Partido Justicialista Distrito Formosa, se opone por responsabilidad histórica y compromiso con el pueblo, a esta nueva agresión brutal de la antipatria”.

Y señalan que “fracasarán en su accionar antidemocrático y antipopular”, destacando que “el peronismo saldrá fortalecido y unido, venciendo sobre la oscuridad que nuevamente se ciñe sobre la Patria”. 

Al concluir, convocaron “en paz a todos los argentinos y argentinas a luchar para recuperar la soberanía de la voluntad popular vulnerada y para dejar atrás esta Argentina de persecución, proscripción política, hambre y endeudamiento al que nos quieren someter”. 

“El amor vence al odio. Siempre”, finaliza el documento.  

La camaleónica Diputada provincial Gabriela Neme y su marido José Canepa fueron denunciados por un trabajador quien los había elegido como representantes legales ante una demanda por despido, la justicia falló a favor del denunciante pero éste nunca cobró el dinero tras haberle firmado un poder a la abogada “justiciera”.

La denuncia fue radicada en una comisaría de ciudad capital y el hecho habría perjudicado los intereses de un trabajador al que representaban ante el fuero laboral.

Fuentes oficiosas y cercanas a España 157 revelaron que un antiguo cliente del estudio jurídico de la abogada devenida en política, formalizó una denuncia en su contra por manejos irregulares en el cobro de créditos derivados de una sentencia judicial. En la denuncia se cuestiona la acción profesional de los abogados Gabriela Neme y José Cánepa en perjuicio de su cliente.

El damnificado trabajaba en relación de dependencia con una empresa local quien lo despidió de manera injustificada y de forma verbal, negándole el pago de una indemnización e incluso desconociendo la relación laboral.

Es por ello que decide demandar a la empresa, designando como abogados defensores a Gabriela Neme y José Canepa, los denunciados, quienes inician un juicio obteniendo en 2006 una sentencia favorable por un monto superior a varios miles de pesos de entonces.

En la sentencia la justicia laboral resalta la diferencia de haberes y adicional, sueldo anual complementario, vacaciones e indemnización que debía cobrar el trabajador quien denunció penalmente a los abogados Neme y Cánepa como apoderados especiales del denunciante, quienes jamás lo convocaron para percibir su dinero.

En esos años, José Cánepa quien está casado con Neme rindió para ser juez laboral, pero maniobras como la denunciada habrían determinado que el propio Floro Bogado, su padrino político, quien fue juez laboral en su paso por el poder judicial, le bajara el pulgar a las aspiraciones de su pupilo. 

El abogado Cánepa fue candidato a convencional constituyente como titular en la lista que encabezaba el ex gobernador Vicente Joga en la Convención del año 2003 y ya entonces el propio chaqueño, quien advierte al matrimonio Bogado de algunas “picardías” del duo Cánepa-Neme, en conversaciones que eran conocidas en el ámbito político y el entonces presidente nato de la legislatura mandó a vetar el pliego de Cánepa en el Consejo de la Magistratura

La denuncia fue realizada en la Comisaría Octava, perteneciente a la Unidad Regional 1 y fue comunicada a la Jueza Silvana Jarzinski Jueza de Feria y a cargo de Instrucción y Correccional N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial.

En un acto llevado a cabo en el último día del año 2024, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo Jorge Gonzalez , puso en funciones al comisario general Juan Moisés Villagra como nuevo jefe de la Policía de Formosa.

El licenciado en criminalística Villagra, oriundo de Clorinda,  cuenta con una destacada trayectoria en la institución, desempeñándose a lo largo de su carrera en roles clave. 

Durante la ceremonia, también asumió sus funciones el nuevo subjefe de Policía, comisario general Norberto Rubén Mauri. El acto contó con la presencia del jefe saliente, comisario mayor Walter René Arroyo, quien pasó a retiro, y fue realizado en el Polideportivo Policial “28 de Mayo”.

Participó del acto la presidenta de feria del Superior Tribunal de Justicia Claudia María Fernández, ministros del Poder Ejecutivo, legisladores nacionales y provinciales, como también oficiales superiores y jefes de las distintas dependencias de la institución policial, como también personal superior y subalterno de las unidades operativas.

En el inicio de la ceremonia, el diácono Roberto González ofició una invocación religiosa tras lo cual se leyó el decreto de pase a retiro obligatorio del jefe saliente.

Seguidamente, el ministro González entregó al jefe retirado su foja de servicios y el decreto firmado por el gobernador Gildo Insfrán, que lo revisten de su nueva situación. Además le brindó el agradecimiento en nombre del pueblo y Gobierno de la provincia de Formosa, por su servicio.

A continuación fueron leídos los decretos firmados por el gobernador Gildo Insfrán que designan a las nuevas autoridades policiales. 

El ministro de González entregó su nueva insignia y el decreto de nombramiento al nuevo jefe de Policía, deseándole éxitos en su nuevo cargo, poniéndolo en funciones, ante la formación de la fuerza. 

Luego se hizo lo propio con el subjefe Mauri, quien fuera designado por decreto del gobernador Gildo Insfrán, considerando que el oficial superior cumple con los requisitos necesarios para desempeñar este nuevo cargo.

El jefe policial puso en funciones al subjefe Mauri, a quien entregó su decreto de nombramiento, felicitó y deseó éxito en la gestión.

Nuevos jefes

 El comisario general Juan Moisés Villagra se desempeñaba hasta su nuevo cargo, como subjefe de Policía, habiendo cumplido funciones también en distintas dependencias de la fuerza, carrera que inició el 17 de enero de 1986 en la Comisaría Seccional Cuarta.

En tanto el comisario general Mauri es abogado, docente universitario, diplomado en Derecho Penal y en Derechos Humanos, además de magíster en Ciencias Penales. Inició su carrera policial en la Comisaría Seccional Primera el 2 de enero del año 1992.

Su cargo anterior fue como Jefe de la sección Custodia del Gobernador de la provincia, desde el año 2013.

Palabras

Durante el acto, el jefe de Policía saliente, comisario general Walter René Arroyo se despidió del cargo, con palabras que dirigió ante los presentes, tras nueve años como la máxima autoridad en la fuerza.

A continuación, tomó la palabra el nuevo subjefe, comisario general Roberto Mauri, quien agradeció su designación, luego de 36 años de su ingreso a la fuerza policial, 13 de los cuales se desempeñó en la custodia del primer mandatario provincial. “Mi compromiso, mi lealtad ya lo conocen, agradezco a mi familia porque en todos estos años, han sido el sostén que me dio la fuerza necesaria para hacer mi trabajo de la mejor manera”, expresó.

También brindó un discurso el nuevo jefe policial, comisario Villagra. Agradeció su designación al gobernador Insfrán y asumió el compromiso de trabajar en forma denonada por el pueblo de Formosa. También agradeció a los jefes de Policía que lo precedieron en el cargo.

En un mensaje dirigido al personal policial en actividad, los instó a cumplir el deber con compromiso, responsabilidad, dentro del marco de la ley, exhortándolos a cumplir con su servicio a la comunidad formoseña.

Antes de finalizar el acto en el Polideportivo Policial, el ministro Jorge Gonzalez tomó la palabra para agradecer al jefe saliente y dar la bienvenida en el cargo a las nuevas autoridades, en el marco de las políticas públicas de seguridad que impulsa el Modelo Formoseño.

Asimismo transmitió el saludo del gobernador Gildo Insfrán, tanto a jefes salientes, como entrantes, deseándoles éxitos en su nueva gestión.

El acto concluyó con la Marcha del Policía, a los sones de la banda de música de la fuerza policial.

Este jueves 17 se conoció la sentencia del Juzgado Federal N°2 de Formosa sobre la causa "Agroindustria de Formosa SRL c/ REFSA s/ medida autosatisfactiva" donde se indicó que no presentándose en la especie la situación extrema que es nota esencial de la medida, corresponde el rechazo de la acción.

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia había determinado de competencia federal la causa que inició Agroindustria SRL, empresa de Paoltroni contra REFSA por la conexión seleccionada de servicio eléctrico a su campo en Ibarreta donde tiene una planta industrial para procesar soja para aceite.

Cabe destacar que en febrero de este año, el Senador por Formosa Francisco Paoltroni se reunió con el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Chirillo y denunció "las irregularidades que la empresa REFSA por los tarifazos y porque se le niega la energía a los productores y emprendedores que están en contra del régimen".

De esta manera, la justicia concluyó en que este tipo de medida solo debe ser utilizada en situaciones especiales en donde se carece de otras vías aptas para salvaguardar derechos y no se acreditan ilegalidad o arbitrariedad de la empresa proveedora de energía.

Los empresarios Juan Ignacio de Hagen, Francisco Paoltroni y Roberto Schulz construyeron una planta para extrusar soja en Ibarreta, a 200 kilómetros de la ciudad capital, aportando 100 millones de pesos cada uno, según se había informado en medios nacionales.

Este martes por la mañana, en el edificio de Tribunales, la doctora Claudia María Fernández juró y asumió sus funciones como ministra del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Del acto de asunción participaron, además de las autoridades judiciales, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González; y el presidente Provisional de la Honorable Legislatura de Formosa, Armando Felipe Cabrera.

La funcionaría había sido designada mediante la resolución N°3334 de la Legislatura Provincial, al mismo tiempo que presentó la renuncia su cargo de secretaria de Cámara que ejercía al momento de su nominación a través del Acuerdo 727 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa.

Al respecto, la flamante ministra expresó que “es un gran honor ocupar el cargo”, pero reconoció que lo hace con una “una doble presión: la de ser la mujer, que creo que estaba faltando en el Superior Tribunal de Justicia”.

“El Superior está integrado, es un superior con conocimientos, seguramente me tocará a mí aprender de ellos, pero creo que la mirada que tiene una mujer es necesaria en todos los altos estamentos. Desde hace rato peleo, incluso, para la Corte Suprema, así que es un honor para mí venir a integrar este STJ”, sostuvo.

Asimismo, indicó que “ya tenía un buen cargo en algo que me encantaba hacer a nivel gremial en la vicepresidencia de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, organizando comisiones, integrando la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Género, la Comisión de Funcionarios”.

“Entonces mi carrera profesional en el federal estaba para mí ya en el gano. Y esto representa un desafío inmenso para el cual digo, listo, ya estoy preparada”, aseguró.

De esta manera, Fernández manifestó que asume este nuevo desafío con el compromiso del respeto a la Constitución y las leyes; y consideró que, el acceso a la justicia para el ciudadano, “tiene que ser simple”. 

“Yo creo que tiene que haber una facilidad, pero que se da mucho, yo advierto, acá en la provincia con los Juzgados de Paz, en donde realmente el ciudadano, en cualquier localidad, tiene uno y no tiene que recorrer, que no pasa a nivel federal, donde solamente el Juzgado Federal está ubicado en la ciudad de Formosa”, opinó.

Y agregó: “Pero tiene que allanarse para que quien tenga cualquier tipo de inconveniente con la ley, en materia penal, sea materia civil o lo que sea, le resulte de fácil acceso”.

Por último, la Ministra anticipó que, “sin lugar a dudas”, seguirá en su gestión con la Oficina de la Mujer y las cuestiones de género y, advirtió, “que yo hice en el año 2010 los talleres de género con la doctora Argibay”.

“Catorce años después veo que muchos hombres se han aggiornado, se resignan, pero me parece que desde las mujeres nos está faltando implementar un poco más todo lo que estamos estudiando”, indicó.

El Ministerio de Justicia informó este viernes la eliminación del 40% de los Registros del Automotor del país, entre otras medidas.

El Gobierno nacional precisó que tomó la decisión tras conocer el resultado de la primera etapa de la auditoría llevada a cabo en la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), con el objetivo de "reducir costos y eliminar trámites burocráticos".

Según él comunicado publicado, estos son los 13 puntos que serán modificados:

Además, el Ministerio de Justicia informó que "a partir de este momento se inicia la segunda etapa de la auditoría". La misma tiene el objetivo de "revisar el contrato general de administración de los Registros Automotor, acelerar la digitalización y transformación del proceso, y bajar fuertemente los costos de transferencias y/o patentamientos".

El Senador Nacional de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, mantuvo una reunión con el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, sobre los principios republicanos en cada provincia.

"Coincidimos en la necesidad de garantizar los principios republicanos en cada provincia. También hablamos sobre la presentación que hice con el patrocinio del doctor Daniel Sabsay en la Corte Suprema para terminar con las reelecciones indefinidas en Formosa", declaró en su cuenta oficial de X.

Por otra parte, Paoltroni también manutvo un encuentro con el nuevo Director Nacional de Gendarmería, Antonio Bogado, del que participó junto a parte del equipo de su partido Libertad, Trabajo y Progreso, .

"Hablamos de la importancia del trabajo de la fuerza en Formosa y en distintas zonas limítrofes de la región y del vigor de los gendarmes formoseños", indicó en redes sociales.

Desde la Defensoria del Pueblo informaron que sobre la Sentencia Interlocutoria suscripta por la Jueza Federal Nº 2 Maria Belén López Macé por la cual se hizo lugar a una medida cautelar interpuesta a favor de la ciudadana K.S.S. contra la Obra Social del Personal Ladrillero (OSPL) Delegación Formosa.

De esta manera se ordenó a la prestataria hacer entrega de la medicación prescripta a la antes nombrada quien padece de Cáncer de Mamas, por lo cual su medica tratante ordenó 8 sesiones de quimioterapia cada 21 días, de forma ininterrumpida, toda vez que la obra social hizo efectiva la entrega de medicamentos, únicamente para las dos primeras sesiones, “desentendiéndose del tratamiento farmacológico posteriormente, lo cual ponen en riesgo la vida de la reclamante, quien por su condición económica, no tiene posibilidades de adquirir esta medicación”.

Ante esto, la responsabilidad médica, legal y administrativa por la falta de cobertura de las prestaciones médicas, recae sobre el agente de salud demandado, por lo cual la Jueza Federal interviniente consideró que, ante la dilación en brindar la cobertura del tratamiento prescripto por la médica tratante, siendo las obras sociales, uno de los medios a través de los cuales el Estado cumple su correlativo deber constitucional de proveer “los beneficios de la Seguridad Social” (art. 14 bis Constitución Nacional) a todos sus habitantes, obligación que tiene carácter “integral”, en el sentido que asume todas las contingencias y demandas vitales (enfermedad, vejez, accidentes, etc.) e “irrenunciable”, no infiriéndose razones de peso que justifiquen la negativa de la misma ante el padecimiento acreditado sólo cabe hacer lugar a lo solicitado.

La justicia resolvió admitir una acción judicial presentada por organizaciones como ATE y la CTA, junto al Observatorio de del Derecho a la Ciudad, como amparo colectivo que solicita la declaración de inconstitucionalidad y "nulidad absoluta" del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de desregulación económica presentado esta semana por el Gobierno de Javier Milei.El Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 2, a cargo de Esteban Furnari, admitió el amparo y ordenó su inscripción en el Registro de Procesos Colectivos, según el texto de la resolución a la que accedió Télam.La presentación había sido realizada el jueves por el Observatorio del Derecho, junto al secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy; el presidente de Unidad Popular, Claudio Lozano y el titular de ATE nacional, Rodolfo Aguiar.En el escrito, los dirigentes advirtieron que la norma implica una "desviación de poder y un abuso de derecho público, por violar el principio republicano, la división de poderes, la democracia, el principio de reserva de ley y los derechos colectivos de la ciudadanía argentina a la participación en la dirección de los asuntos públicos directamente o a través de sus representantes”.El objetivo de la demanda busca obtener la declaración de inconstitucionalidad y la nulidad absoluta del DNU que fue presentado esta semana en cadena nacional por el presidente Javier Milei y publicado el jueves en el Boletín Oficial, por constituir "el ejercicio de facultades extraordinarias y facultades equivalentes a la suma del poder público".Los demandantes solicitaron una medida cautelar que suspenda los efectos de la norma, así como la suspensión del artículo 24 de la Ley 26.122 del Régimen Legal de los DNU que establece que "el rechazo por ambas Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación".

La Unidad Móvil del Poder Judicial comenzará a tramitar a partir de ahora los certificados de antecedentes judiciales a los vecinos de las localidades que no cuentan con Juzgados de Paz o Delegaciones Vecinales.

La medida lo dispuso este miércoles el Superior Tribunal de Justicia, tras aprobar el proyecto de la responsable de la Oficina del Servicio de Atención al Ciudadano, Ana Graciela Bertti, quien elaboró un plan piloto para que la Unidad Móvil pueda tramitar los certificados de antecedentes judiciales en aquellas localidades que no tienen Juzgados de Paz ni Delegaciones Vecinales.

Este nuevo servicio que se ofrecerá a la comunidad comenzará a implementarse el próximo 11 de septiembre cuando la Unidad se traslade a la localidad de Naineck para atender y asistir a los pobladores de esa jurisdicción.

Para tramitar el referido certificado el interesado deberá completar la solicitud, adjuntar fotocopia simple de su DNI y abonar el arancel establecido.

También deberá declarar una dirección de correo electrónico donde recibirá el comprobante para que pueda descargar el certificado desde la página web del Poder Judicial www.jusformosa.gob.ar.

El ciudadano podrá optar por el pago por Transferencia Bancaria o Depósito Bancario o en efectivo, siendo responsable del mismo el agente comisionado para esta tarea.

Si por algún motivo no se pudiese radicar el pedido de Certificado de Antecedentes Judiciales, será igualmente recibida la documentación para su posterior radicación y se enviará el comprobante al correo electrónico declarado por el interesado.La Unidad Móvil está integrada por profesionales de la Dirección de Resolución Alternativa de Conflictos, del Servicio de Información y Atención al Vecino, la Justicia de Paz, a través de los Facilitadores Judiciales, y la Unidad de Asistencia a la Víctima y al Testigo de Delitos.

En cada incursión a barrios de la capital provincial y a localidades del interior provincial, la Unidad Móvil viene prestando un importante servicio orientado a permitir un acceso a Justicia más rápido y simple, toda vez que es el Poder Judicial, a través de sus funcionarios y profesionales, el que va a la comunidad para tener un contacto directo con los vecinos.

Profesionales del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de Formosa participaron en la ciudad de Corrientes de un encuentro nacional que congregó a médicos y peritos de todo el país.

Se trató del “II Encuentro Nacional de Cuerpos Médicos Forenses de JuFeJus” y el “I Encuentro del Cuerpo Pericial Forense del Poder Judicial de Corrientes”, realizado el pasado jueves y viernes en el Turismo Hotel Casino de Corrientes, en cuyo marco se llevaron a cabo distintas actividades que incluyeron exposiciones de especialistas, paneles y la firma de un importante convenio. 

En representación del Poder Judicial de Formosa asistieron el jefe del Cuerpo Médico Forense, Walter Macoritto y las doctoras Lucila Aránguiz y Danna Ramis. También concurrieron autorizados por el Poder Judicial: Natalia Leguizamon, Fabiana Salinas, Dario Velaztiqui, Walter Costadoni, Valeria Esquivel, Silvia LLerandi, Noelia Del Rio y Haydee Hornos.

La apertura tuvo lugar el jueves con las palabras de bienvenida de las autoridades, quienes destacaron la importancia del evento por constituir el mismo un esfuerzo para promover la colaboración y el avance en el campo de la medicina forense.

El encuentro arrancó con el primer panel a cargo del ministro del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Panseri quien se refirió a “Los Cuerpos Periciales Forenses. Presente y futuro en la Provincia de Corrientes”.

A su turno, el ministro del STJ, doctor Alejandro Chaín habló sobre la importancia de los Cuerpos Periciales Forenses en el proceso acusatorio y, al finalizar, el fiscal General de Corrientes, César Sotelo y el procurador General del Chaco, Jorge Canteros expusieron sobre los Ministerios Públicos Fiscales ante los nuevos desafíos en la investigación criminal y las expectativas de los Cuerpos Periciales.

Distinguidos profesionales abordaron durante los dos días de intensa actividad de capacitación temas de singular relevancia para los integrantes de los Cuerpos Forenses de los Poderes Judiciales, tales como persuasión coercitiva en sectas y sus consecuencias psico patológicas, los crímenes rituales de culto como proceso, descripción del proceso de un crimen ritual a partir de un estudio de caso y las problemáticas periciales y forenses en general; posibilidades metodológicas.

También se debatieron tópicos que tienen que ver con la violencia de género: “Abordaje interdisciplinario de los Delitos contra la Integridad Sexual contra niños, niñas y adolescentes desde una perspectiva de género y derechos humanos” y “El abordaje Médico Legal en el estudio de la violencia de género”.

Otro aspecto saliente del cónclave fue la firma de un convenio entre el Poder Judicial de Corrientes, la Fundación Sadosky, el Banco Nacional de Datos Genéticos de Agresores Sexuales, el Programa TIC para la Paz, Justicia e Instituciones Sólidas de la Fundación Sadosky, desarrolladora del software GENIs par comparación de perfiles genéticos.

Autoridades electorales y jueces y juezas de Paz mantuvieron este jueves una importante reunión para coordinar acciones, trabajar de manera articulada y establecer criterios uniformes de intervención durante los comicios que se desarrollarán este domingo en toda la provincia.

El encuentro tuvo lugar en la sala de audiencias del Juzgado Federal de Formosa y también fue transmitido de manera virtual por la plataforma Jitsi.

Por el Poder Judicial de la provincia participaron jueces y juezas de Paz y secretarios y secretarias de las tres Circunscripciones, también la presidente del Tribunal Electoral Permanente, Sandra Moreno, además de autoridades de la Justicia Federal: Pablo Fernando Morán, juez Federal Nº 1 con competencia electoral en el Distrito Formosa, el fiscal Federal Nº 2 con competencia electoral, Luis Roberto Benítez, el prosecretario a cargo de la Secretaría Electoral Distrito Formosa, José Orlando Aguilera y la secretaria Penal, María Marcela Shanahan.

El juez Morán y el fiscal Benítez hicieron uso de la palabra, poniendo en valor la importancia de trabajar en forma articulada durante la jornada comicial para que todo se desenvuelva dentro de los carriles legales, generando las condiciones para garantizar el derecho a emitir su voto que tienen todos los ciudadanos.

La charla discurrió sobre las actas que deben ser confeccionadas para aquellas personas que se encuentran a más de 500 kilómetros de su lugar de votación, también respecto a aquellos electores que hayan perdido su documento de identidad y las medidas que deben adoptarse en caso de producirse aglomeraciones de personas en los accesos a los lugares de sufragio.

En este contexto, analizaron situaciones hipotéticas respecto a distintos inconvenientes que puedan tener los electores a la hora de sufragar, enumeraron los delitos de índole electoral que pueden cometerse y recordaron que las fuerzas de seguridad tendrán la tarea de custodia como ocurre en cada compulsa electoral, quedando a disposición de las autoridades para proceder de manera inmediata en caso de controversias o incidentes.

La reunión tuvo un saldo altamente positivo por los resultados alcanzados, a punto tal que se decidió establecer un canal de comunicación entre los Juzgados de Paz y las autoridades del Juzgado Federal que será utilizado durante el desarrollo de la compulsa cívica.

Al finalizar la charla, se acordó realizar otro encuentro similar antes de las elecciones generales previstas para octubre, invitando a todos los jueces y juezas de Paz de la provincia que asistan de manera presencial.

Desde la Inspectoría de Justicia de Paz, se recordó que este domingo los Juzgados de Paz estarán abiertos para evacuar consultas y dudas referidas a esta temática, como así también recibir denuncias.

El Poder Judicial de Formosa publicó un informe sobre los casos de Violencia Intrafamiliar denunciados durante el 2022 en la provincia.

En total, se registraron en el sistema 3.213 casos según el reporte, que es elaborado con los datos que se registran en el Sistema denominado HESTIA, con funcionamiento en las distintas Oficinas de Violencia Intrafamiliar de todo el territorio provincial y, en los Juzgados de Paz de Menor Cuantía de la Provincia con competencia en la materia.

Entre los datos recabados, se detalla que el 81,01 % de los casos la parte que denuncia es de sexo femenino y la denunciada es masculina, sólo en el 9,71% de los casos se da lo contrario.

Además, el mayor  porcentaje de casos lo constituyen aquellos en que la denunciante posee un nivel de instrucción primario (completo o incompleto) y secundario (completo o incompleto). Entre estos grupos, se acumulan casi el 65,2 % del total de casos, también se observa un gran número de casos en los que la variable no fue registrada en el Sistema (23,12%), pudiendo esta situación sesgar los indicadores estadísticos.

El rango de edad de entre 22 a 49 años abarca casi el 66% de la totalidad de casos. El intervalo con mayor frecuencia es el de entre 30 a 39 años, representando un 26,33% de los casos.

En consiguiente, el 40,9 % de los casos corresponden a situaciones de violencia entre ex parejas. A su vez, dentro de este rubro el 88,28% la parte afectada es de sexo femenino.

Aproximadamente 2798 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas indirectas/directas de situaciones de violencia en el 2022. Este indicador también presenta un algo índice de falta de registración (55,9%)

El informe esclarece que, en el 75,5% de los casos denunciados se detecta la presencia del tipo de violencia psicológica. La segunda mayor ocurrencia es la violencia física con casi el 38,0 % de los casos. Estos dos tipos de violencia son los más frecuentes en los casos denunciados.

En casi el 40,0 % de los casos de violencia se presenta en forma combinada: la violencia física y la psicológica.

DEFINICIONES

El informe se realizó en base a los aportes de La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de la Oficina de Violencia Doméstica y en el ámbito del Sistema Intermedio de Violencia Doméstica, que define los siguientes tipos de violencia: 

*Violencia física: se refiere a la agresión física manifiesta. Implica todo tipo de violencia que produzca sobre el cuerpo un daño o  dolor, como por ejemplo golpes de puño, intento de ahorcamiento, golpes con objetos, etc. 

*Violencia verbal/psicológica/emocional: se refiere a los casos en los que se registra algún tipo de agresión dirigida a dañar emocionalmente a la persona.  Se trata de un maltrato que puede tener y generalmente tiene consecuencia de orden psicológico, como desvalorización, autoculpabilización, etc. Es un tipo de violencia que frecuentemente acompaña a otras formas de manifestaciones violentas.  Sin embargo, también puede registrarse de modo independiente: es decir, pueden encontrarse víctimas de maltrato o violencia emocional que no padezcan además otro tipo de violencias. 

*Violencia sexual/reproductiva: se refiere al ejercicio de una acción que vulnere cualquier aspecto de la vida sexual de la mujer y/o su derecho a decidir sobre aspectos vinculados a la reproducción. Se expresa como acoso, imposición a la hora de mantener relaciones sexuales, prohibición o limitación en su capacidad de decidir sobre el uso de métodos anticonceptivos, entre otros aspectos. 

*Violencia económica/patrimonial: se refiere a los casos en donde se registra control, sustracción o restricción en el uso del dinero. Involucra también aspectos vinculados a la disposición y decisión sobre bienes patrimoniales y/o gananciales. *Restricción de participación social: Se refiere a las situaciones en que se denuncia control de las salidas, encierro por parte del agresor, prohibición de asistir a eventos sociales, etc. (independientemente del ejercicio de violencia física manifiesta).