Durante la sesión que llevó adelante la Cámara de Senadores, luego de un intenso debate, se votó en contra de la validez del 70/2023, luego de que vicepresidenta habilitará la discusión del mismo en el recinto, lo que provocó roces con el Presidente.

Fueron 42 votos en contra, 25 a favor y cuatro abstenciones. La oposición logró el quórum pasadas las 11 y fracasó un intento de los libertarios de postergar el tratamiento. El debate se extendió más de cinco horas.

La norma de todas formas sigue vigente, hasta que se trate en Diputados, tal como lo dispone la Ley N° 26.122 en el artículo 24: "El rechazo por ambas Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2º del Código Civil".

Por lo tanto, resta esperar que la Cámara de Diputados lo incluya en su temario y lo trate, en caso de rechazarlo, entonces sí el DNU quedaría derogado.

A pesar de que eso suceda, la ley que lo regula indica que los derechos adquiridos durante su vigencia —desde finales del 2023— seguirán vigentes. Por ejemplo, un contrato de alquiler celebrado bajo la vigencia del DNU, seguirá siendo legal hasta su vencimiento.

Este miércoles 24 de enero, en todo el país gremios, representantes de distintos sectores sociales, organizaciones civiles y el pueblo en general participaron del paro general convocado por la CGT en rechazo al DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus enviada por el presiente Javier Milei al parlamento nacional, en defensa de sus derechos y de la soberanía nacional. 

En Formosa, en la Plaza San Martín, cerca de las 17 horas, los manifestantes agrupados y no agrupados, llegaron hasta las inmediaciones con bombos, banderas y carteles con consignas en contra del paquete de medidas que el ejecutivo nacional pretende imponer contra el pueblo argentino.

En ese contexto, ante un imponente marco de personas, dirigentes de diversos gremios y sindicatos, en representación de sus afiliados, tomaron la palabra y, de forma unánime, expresaron su repudio a dichas normativas.

Así, pasaron por el micrófono abierto la presidenta de MUDOFOR y vicepresidenta de la confederación argentina de mutualidades, Marta Galeano; el secretario General de la CTA, Néstor Vázquez; y el secretario general CTA y referente de ADF, Rubén Chávez.

El orador principal, quien cerró el acto, fue el secretario general de la CGT en Formosa, Hilario Martínez quien agradeció a todos los referentes de las organizaciones que conforman la Confederación, la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) Autónoma, la CTA de los Trabajadores y, “en especial, a todas las organizaciones sociales al igual que las distintas agrupaciones políticas que siempre brindan solidariamente asistencia a la gente de los barrios”.

El titular de “Causa Provincial”, Miguel Insfrán, el referente en la Capital, Mariano Guanes, y el dirigente político de Ibarreta, Ariel González manifestaron su apoyo al paro, contra las políticas económicas del Gobierno nacional, el DNU 70/23 y en rechazo al proyecto de la Ley Ómnibus.

“Somos radicales, aliados al Gobierno de la provincia y estamos acompañando la consigna de “No al DNU y a la Ley de Bases” indicó de primera mano el titular de Causa Provincial, Miguel Insfrán.

Asimismo, aseguró: “La gente que votó a este presidente- por Milei- va a salir a la calle”, mientras explicó, que están preocupados por el contexto y la dilatación que se hace sobre tema.

“Y los salarios, qué van hacer con los salarios, porque el empleado público es uno de los que más está sufriendo”, y aclaró: “en campaña habían dicho que, el ajuste no iba a hacerse sobre sobre la clase trabajadora, e iba a hacerse sobre la política”, remarcó.

Además, “estamos muy preocupados por lo que va a venir, qué va a pasar con la energía, las tarifas, el panorama es complejo y para estar alerta”, subrayó.

En tanto, sobre las críticas al gobernador Insfrán, aclaró que “hace lo que tiene que hacer y ahora es estar en Buenos Aires, ¿o dónde debería estar? y es lógico que este allí”, agregó, mientras destacó que “un buen gobernante es un gran gestor y un buen administrador”.

A su vez, Mariano Guanes, manifestó que “a la clase dirigente en general le debería movilizar cierto grado de responsabilidad”.  En esa línea, expuso que: “Hoy estamos viendo que la posición de Milei, demuestra un avasallamiento a las prácticas democráticas que es muy peligroso”.

Es por ello que, “esta tarde vamos a acompañar este paro, porque entendemos que la política es la herramienta de transformación para mejorar la calidad de vida de la gente, con la convicción que esto tiene que cambiar”.

Por último, el referente de Ibarreta, Ariel González, coincidiendo en el análisis de situación de lo que pasa en el país y provincia sostuvo que, “después de 40 años de democracia, no debemos olvidar las luchas de los argentinos y de los trabajadores”.

En tal sentido, resumió, que con este Gobierno “hoy está en peligro todo”, al tiempo que reiteró que, “los que más están sufriendo, son las personas, no les alcanza cuando van al supermercado, están muy preocupados y estamos muy preocupados”, concluyó.

Bajo la consiga “Encendemos la lucha para que no apaguen la cultura”, se realizó una jornada más de manifestación de los artistas independientes de Formosa en contra de las políticas del Gobierno Nacional que se opone al crecimiento del arte y la cultura. 

Organizados en asamblea, con la participación de formoseños y formoseñas que forman parte de este sector que será notablemente afectado por las políticas de La Libertad Avanza, se llevó a cabo este sábado 20 en horas de la tarde en la avenida 25 de Mayo y Rivadavia, una radio abierta con diversas intervenciones artísticas.

En ese marco, Graciela Galeano, representante provincial del Instituto Nacional del Teatro, manifestó que “este no va a ser el último día de lucha, porque lo que estamos viviendo hoy, nos alienta a continuar de pie, una vez más, porque las artes siempre han sido resistidas, sobre todo en el caso al que represento, el teatro, uno de los organismos que está primero en la lista de este Gobierno nacional actual, para su desaparición”.

De esa manera, consideró que “el teatro es un arte político por excelencia y en estos últimos años, desde el INT se ha llevado a cabo la implementación, en su estructura, de aquellos derechos por los que tanto hemos peleado, como es la igualdad de género, sus perspectivas y se ha apoyado abiertamente la lucha para el aborto legal y gratuito”.

 “Además, el federalismo con el que llevamos adelante las acciones se contraponen totalmente a lo que este Gobierno tiene como bandera, todo aquello que cercena la libertad de los individuos y de las personas en sus derechos adquiridos y aquellos por los que tanto hemos luchado”.

Respecto a la situación actual del Instituto Nacional del Teatro, Galeano comentó que “en este momento está sin director ejecutivo, en el borrador que circula extraoficialmente, el organismo es el primero que se cerraría y pasaría a ser un programa de la Secretaría de Cultura".

En esa línea, consideró a estas medidas como “dañinas” relacionadas “al odio que el Gobierno nacional genera hacia la libertad de expresión, las disidencias y las diversidades”, recordando que el presidente Javier Milei ha manifestado públicamente “su odio hacia las mujeres, su misoginia y desconoce, por completo, lo que implica no solamente la vida de un trabajador o trabajadora cultural, sino, lo más básico de la vida, como los derechos de la supervivencia de los ancianos y ancianas con las jubilaciones, con la discapacidad, entre otros”.

Continuó: “Tiene un ensañamiento con relación a las personas con discapacidad, ignorando las políticas y los derechos que estas ellas merecen”.

 “Hablo como actriz, como directora del INT, como teatrista de tantos años y como ciudadana, afirmando que una vez más, vamos a poner a prueba la resistencia de los artistas”, expresó, recordando que teatro abierto surgió como una manera de resistir a las políticas del 2001, “donde tuvimos que salir a defender y arte y la cultura en todo el país”, cerró.

En este orden de ideas, durante la tarde noche del sábado, se realizaron lecturas de poemas y escritos, se expusieron libros, se proyectaron cortos de la ENERC, se hicieron presentaciones de danza, música y teatro.

Los presentes manifestaron que las actividades en rechazo al DNU y al proyecto de Ley Ómnibus seguirán y se espera una gran participación en el paro general del 24 de enero.

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, conjuntamente con la Defensoría del Pueblo de Salta, solicitaron al Gobierno Nacional, “Se excluya del Proyecto de Ley de Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos, el Art. 226, por colocar en riesgo el Sistema Previsional Argentino”, al mismo tiempo se peticionó a los integrantes del Congreso Nacional, “que en caso de persistir el Art. mencionado, se Opongan al mismo manifestando su voto negativo, además de adoptar medidas para beneficiar a los jubilados y no para perjudicarlos, toda vez que los mismos pertenecen a un sector de la sociedad, que se encuentran gravemente afectados por la actual crisis económica y social que vive el país”. 

El Ombudsman Federico Núñez Burgos junto a José Leonardo Gialluca, en representación de los jubilados y futuros beneficiarios de sus respectivas jurisdicciones, expresaron su oposición al DNU 164/23 que dispone la utilización de diversos Fondos Nacionales, entre los que se encuentran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Recordaron que en el año 2007 se creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Público de Reparto (FGS) a través del Decreto 897/2007, con el objeto de asegurar que el sistema previsional no se constituya en variable de ajuste de la economía cuando los ciclos económicos se encuentren en fases desfavorables.

A su vez el FGS está integrado por aportes efectuados por los trabajadores activos durante la vigencia del sistema de capitalización y que fueron transferidos al ANSES en el año 2008 al estatizarse el sistema privado de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

Estos fondos son propiedad de las y los trabajadores aportantes al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), para garantizar la sustentabilidad del sistema previsional en su conjunto. Agregaron que entre   otros   activos, los fondos   del FGS se invierten en proyectos productivos que estimulan el empleo formal, dinamizan la economía y generan a su vez un retorno de utilidades para el propio Fondo, posibilitando así un círculo virtuoso que debe favorecer el crecimiento con inclusión social.

Denunciaron que el actual proyecto de ley habilitaría a que el FGS se utilice de manera inapropiada y se produzca un vacío progresivo de los fondos disponibles por la ANSES para fines distintos a los asignados por el Decreto 897/2007, en medio de una crisis financiera que dejará desprotegidos a millones de jubilados y trabajadores activos que serán futuros jubilados; poniendo en riesgo todo el sistema previsional actual y futuro.

Los diputados nacionales de Unión por la Patria recibieron en el salón del Bloque de Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el pasado miércoles, a los diferentes sectores de las Economías Regionales de todo el país, como la producción de yacaré, vino, maní, huevos, cítricos, algodón, carne, pollos, tabaco, caña de azúcar, frutas, tanino, entre otros, para plantear su preocupación sobre el impacto negativo que generaría la aprobación de la ley ómnibus y la aplicación del DNU. 

Durante el encuentro, el sector puso de manifiesto su preocupación por el impacto negativo que tendrá la aprobación de la ley ómnibus presentada por el Poder Ejecutivo Nacional, con principal hincapié en lo relacionado al aumento del derecho a la exportación que pasa al 15% y los márgenes de ganancias mínimos, que generan costos importantes, dado que producen en dólares y venden en pesos. 

En ese contexto, el presidente de la comisión de Economías Regionales de la HCDN, hasta el año pasado, Ramiro Fernández Patri, sostuvo la necesidad de generar estos espacios de escucha de las voces de todos los sectores afectados para acompañar y defender la producción argentina de las Economías Regionales. “Esta ley ómnibus y el DNU nos llevan al fracaso, nos llevan a desaparecer. Nuestro espacio político siempre apostó y defendió la Industria Nacional y las Economías Regionales y lo seguirá haciendo.”

Por su parte, el ex Ministro de Agricultura de la Nación y actual diputado nacional, Luis Basterra, puso de manifiesto su satisfacción por haber visto en esa reunión a un conjunto muy variado de sectores que se unen por una causa mayor. 

“Aquí se han expresado la agricultura familiar, campesina, indígena, compartiendo un espacio con el centro azucarero, con grandes productores, exportadores y proveedores para la mesa familiar cotidiana. Hay causas que tienen que trascender la parcialidad y hoy, debemos debatir sobre el futuro de la patria, logrando que cada uno de estos artículos se debatan con la racionalidad y el consenso necesario que se necesita para modificarlos,” sintetizó.

En ese sentido, la legisladora por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, subrayó la necesidad de construir previsibilidad para las Economías Regionales y destacó que estas medidas primarizan concentran y extranjerizan nuestra producción. 

“No estamos de acuerdo con el aumento de las retenciones planteadas ya que lejos de industrializar la ruralidad terminan siendo un desaliento y desincentivo, impidiendo lograr trabajo con mejores salarios y mejorar el ingreso de divisas en la exportación.” 

Por su parte, la diputada Estevez señaló que la provincia de Córdoba es reconocida por la producción de maní a nivel mundial. “El 90 por ciento de la producción de maní de Argentina se exporta y es producido en su mayoría en la provincia de Córdoba y estas cosas hay que decirlas porque a veces nos quieren hacer creer que este país no vale y que no tenemos posibilidades de futuro para que luego vengan las grandes empresas a llevarse nuestro recursos naturales.” 

Sin embargo, afirmó, “nosotros sabemos que si apostamos al país tenemos posibilidades de transformar profundamente y darle trabajo de calidad a la gente.”

La diputada de Jujuy, Leila Chaher también sostuvo que “este no es el camino: una Argentina desindustrializada, sin mano de obra, con los alimentos inaccesibles para el conjunto de la población y sin trabajo.” “Y esa es la Argentina que nos están ofreciendo”, sentenció. 

Asimismo, las organizaciones fueron expresando lo que mayor preocupación les generaba en sus sectores y todas coincidieron en el aumento del derecho a la exportación que pasa al 15%.

En esa línea, el ex Presidente de la Cámara Argentina de Certificadoras (CACER) y socio fundador, Pedro Landa, afirmó que “lo más importante es tener en cuenta que cada 1% de retención que se aplica deja afuera a productores que forman parte del entramado social y productivo.” 

“Tenemos que tener en cuenta que son los productores los que generan y crean valor agregado y los que distribuyen. Ese valor en los productos orgánicos significan exportaciones con balanza comercial positiva ya que no importa insumos y genera saldo muy positivo en su balanza comercial.”

Landa también puntualizó que la producción orgánica y las Economías Regionales cuidan, alimentan, y construyen un verdadero modelo de desarrollo generando trabajo en todo nuestro país. “Todo se desarrolla en origen alimentando un interior, alimentando a las provincias, y a aquellas ciudades o lugares más alejados de los centros urbanos, que cuidan nuestro territorio, nuestras fronteras y nuestras culturas, constituyendo un verdadero modelo de desarrollo.”

Asimismo, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), observó la necesidad de incorporar un artículo en la Ley ómnibus en el artículo 206 donde se propone fijar en 0% (cero) la alícuota para productos y subproductos agropecuarios originados por las Economías Regionales. Se trata de una definición sobre qué son las Economías Regionales para superar el vacío legal que hay al respecto.

Por ello propusieron una definición consensuada con más de 400 entidades agroindustriales de todo el país que plantea lo siguiente: “Defínase como Economías Regionales (ER) a todas las actividades provenientes del sector agroindustrial primario y sus industrias derivadas, cuyos sistemas de producción, elaboración e industrialización están vinculados a zonas geográficas específicas. Las ER tienen anclaje territorial, relevancia socioeconómica local y provincial en materia de generación de ingresos y agregado de valor; se caracterizan por el uso de mano de obra intensiva permanente y/o temporaria y el aprovechamiento de las materias primas agropecuarias locales, con distintos niveles, de agregado de valor de sus productos y la articulación de sus eslabones. Se definen por cadena de valor y están conformadas, mayoritariamente por un entramado de MiPymes agropecuarias e industriales y desarrollo de clústers.”

Otra organización de la Sociedad Civil que tiene como objetivo incidir en leyes y políticas públicas para el desarrollo del sistema Agro BioIndustrial, Barbechando, también manifestó su postura, en esta reunión que aglutinó a diferentes organismos de un mismo sector. 

Su presidenta, Angeles Naveyra, destacó “la importancia de incluir herramientas impositivas que le permitan a las Pymes desarrollar su dinámica de inversión federal.”  Así, como también, remarcó que los derechos de exportación deberían “ser cero para las Economías Regionales y acotar el esfuerzo tributario del resto, por un tiempo definido y un cronograma explícito a la baja, sujeto al logro de objetivos fiscales.”

Por último, un gran colectivo de organizaciones le reclamaron al Congreso de la Nación el rechazo a la adhesión a UPOV 91 en amparo de la Soberanía Alimentaria de nuestro pueblo, afirmando que “lo que está en juego en el artículo 241 de la ley ómnibus es trascendental: quien controla las semillas, controla la cadena agroalimentaria, y por lo tanto la disponibilidad, calidad y precio de los alimentos de nuestra población.”

Dentro de las organizaciones e instituciones que participaron se encuentran la Cámara Argentina de Maní; la Cámara Algodonera Argentina; la Cámara de Certificadoras; la CAME; el Movimiento Argentino para la Producción Orgánica; Barbechando;  la Asociación Mutual Cefiro; Viñateros de San Juan; la Cámara del Vino; la Mesa de productores de carne del AMBA Sur; la Cámara del Tabaco de Jujuy; la Federación Rural; Unitán; entre otros.

Los diputados presentes de UxP fueron: Gabriela Estevez (Córdoba); Julio Pereyra (Buenos Aires); Walberto Allende (San Juan); Micaela Moran (Buenos Aires); Nilda Moyano (Santiago del Estero); Graciela Parola (Formosa); Nancy Sand (Corrientes); Tolosa Paz Victoria (Buenos Aires); Jorge Romero (Corrientes); Ariel Rauschenberger (La Pampa); Emiliano Estrada (Salta);  Leila Chaher (Jujuy); Luis Basterra (Formosa); Martín Aveiro (Mendoza) y Ramiro Fernández Patri (Formosa).

El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados retomó este martes el debate del proyecto de ley de Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos, con la presencia de organizaciones no gubernamentales y sectores de la sociedad civil.Se trata de la quinta reunión plenaria de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y de Presupuesto de la cámara baja que contará con la presencia de 65 expositores de forma virtual y presencial.

En el día de ayer, 56 de las 65 intervenciones fueron en contra de diversos articulos o la totalidad de lo que expone el proyecto de ley, y el día de hoy el panorama no fue muy diferente.

Durante el plenario, expusieron referentes de la Organización Mundial de Zonas Francas, la Federación Argentina de Productores de Tabacaleras, la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, Argentores, Despachantes de Aduana, Padres Organizados, representantes de jubilados, la Cámara de la Industria del Petróleo, la Unión Industrial Argentina, el Inadi, la Fundación Huésped y la jurista Aída Kemelmajer, entre otros.

En términos económicos se destacan, sobre todo, los sectores productivos exportadores que se ven perjudicados con el aumento de las retenciones hasta en un 15%, lo que les quita competitividad en el mercado y hace, en muchos casos, insostenible mantener la actividad. Entre los representantes que hicieron uso de la palabra estos dos días estuvieron: industriales madereros, vitivinicolas, algodoneros, productores de malta, cebada y cerveza, de alimentos balanceados, etc.

Nicolás del Caño, reclamó al oficialismo que brinde mayor información sobre el cronograma de debate del proyecto y pidió "extender" la discusión para permitir la presencia de sectores afectados eventualmente por la ley impulsada por el gobierno de Javier Milei.A su turno, el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, reiteró su planteo para que concurran a exponer el jefe de gabinete, Nicolás Posse, el ministro de Economía, Luis Caputo y el asesor presidencial, Federico Sturzenegger, y reclamó la presencia de constitucionalistas para que analicen la "constitucionalidad" del DNU de reforma del estado y la ley de Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos.

"Hay que hacer una nueva jornada con los invitados que faltan. Acá no se podría avanzar en dictamen o en una sesión si no viene Sturzenegger o el jefe de gabinete", aseveró la diputada de Izquierda, Romina del Plá, quien reiteró la necesidad de conocer el cronograma que, dijo, "debería estar supeditado a expresiones que todavía están pendientes".Ante ese planteo, el presidente de la comisión de Legislación General, Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza), que lleva adelante el plenario, anticipó que los pedidos "los vamos a tratar con las autoridades" de las otras dos comisiones "para darle una respuesta a cada una de las solicitudes de ustedes".

Desde que se dio a conocer el proyecto de Ley impulsado por el presidente Javier Milei, conocido como Ley Ómnibus, trabajadores de distintos sectores de la cultura comenzaron, por un lado, a expresar su desacuerdo con las propuestas planteadas y a organizarse a nivel local, regional y nacional para hacer frente a lo que consideran una desfinanciación total de la cultura nacional.

El proyecto de ley denominado “Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos” plantea, entre otras cosas, el cierre del Instituto Nacional del Teatro, del Fondo Nacional de las Artes, la derogación de la Ley de Defensa de la actividad librera y la quita de fondos al Instituto Nacional de Cine Argentino, desvinculando la Escuela de Experimentación y Realización Cinematográfica.

Por su parte, la Representación Provincial del Instituto Nacional del Teatro, conjuntamente con las consejeras y consejeros, las otras representaciones provinciales, direcciones de áreas, trabajadores e integrantes del jurado del INT, realizó un llamamiento al Congreso de la Nación para que no se apruebe este proyecto.

“En dicho proyecto de Ley nos vemos directamente afectados por la propuesta de derogación de la Ley Nacional del Teatro (24.800), con la consecuente desaparición del Instituto Nacional del Teatro, junto a la Ley de No Demoliciones de Salas (14.800). Ambas leyes son fundamentales para el fomento, desarrollo y protección de las comunidades de trabajadoras y trabajadores del sector teatral nacional. Su eliminación se plantea sin fundamentación, de manera arbitraria y sin el reclamo de ningún sector que demande esta derogación”, señaló un comunicado publicado en la página oficial del INT.

Manifestaron que “esta preocupación es compartida con otros organismos de la Cultura Nacional afectados en este proyecto, por lo cual solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional, al Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Cultura de la Nación, desistir del mismo porque esta medida aniquila la actividad teatral independiente argentina. A su vez, pedimos también que se designe la nueva Dirección Ejecutiva, ausencia que paraliza la vida funcional del Instituto y los compromisos adquiridos con la actividad teatral del país”

“A tales efectos – advirtieron- nos declaramos en estado de alerta, movilización y en diálogo permanente con las comunidades teatrales, a fin de rechazar las derogación implicada en este proyecto de Ley y de establecer una agenda de actividades multisectoriales que amparen a todos los sectores afectados, teniendo en cuenta que, aún estamos en el estudio minucioso de este extenso proyecto que intenta cerrar, intervenir y desfinanciar a las instituciones. Esta agenda incluye un vigoroso diálogo con legisladores para dar cuenta de la importancia de conocer los problemas que generaría la aprobación de esta ley ómnibus que atenta contra la vida de la ciudadanía y del sector cultural en particular”.

Desde el sector expresaron que “el teatro es trabajo y, como tal, generador de miles de fuentes de empleo. Con la derogación de la Ley Nacional del Teatro no solo están en riesgo los puestos de quienes formamos parte del Instituto Nacional del Teatro, sino de todas aquellas fuentes laborales que dependen de la puesta en escena de obras y ciclos de teatro independiente: rubros técnicos, actorales, dramatúrgicos y de dirección, salas y espacios de todo el país, medios especializados e infinidad de actividades conexas a la producción de las artes escénicas”.

“Exigimos el respeto a todas las generaciones teatrales del país, que construyeron los caminos que fortalecieron y respaldaron la creación de la Ley 24.800. La Ley Nacional del Teatro fue creada en 1997 y este año celebramos su 25 aniversario. Es una ley emblemática de la democracia y, de acuerdo con el espíritu de la misma, el Instituto Nacional del Teatro es un organismo federal con representantes en cada provincia de nuestro país que permite la llegada a todo el territorio nacional garantizando la diversidad cultural y el acceso a los bienes y servicios culturales a toda la población argentina”, afirmaron los y las teatristas del país, a través de sus representantes.

Desde tempranas horas se han creado varios grupos de whatsapp y telegram, donde se han organizado reuniones virtuales para poner en claro los puntos de discusión y conciliar las acciones que se llevarán a cabo en distintos puntos del país.

Las principales entidades representativas de las farmacias argentinas reclamarán públicamente en contra de lo expresado en el DNU N° 70/2023 que anunció el Presidente Javier Milei hace más de una semana.

Por eso, la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (Facaf), la Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa) y la Asociación de Far-macias Mutuales y Sindicales de la República Argentina convocan a todos los profesionales y a la comunidad en general a una concentración a la sede de los Tribunales, en la Capital Federal.

La concentración se realizará el viernes 29 a las 13 en la sede judicial de la calle Talcahuano bajo la consigna: “En defensa de la salud pública y el futuro de nuestra profesión".

La Facaf ya manifestó su rechazo a la decisión presidencial por considerar que pone en riesgo los derechos indelegables de las Provincias a organizar sus prestaciones y el poder de policía en cada uno de sus territorios.

La entidad que agrupa a más de 5000 farmacias de todo el país manifestó que el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 (DNU), rubricado y Publicado por el Poder Ejecutivo, generó “una profunda inquietud en el seno de la farmacia argentina, ya que sus postulados ponen en riesgo la salud, el modelo de farmacia profesional vigente, la integridad de la profesión farmacéutica y los principios constitucionales de la división de poderes y el federalismo".

Además consideró que “la esencia misma de la farmacia argentina, concebida como un centro de salud con dispersión territorial, se ve amenazada por las disposiciones de este decreto, que promueven un modelo probadamente desacertado al intentar desregular y desprofesionalizar la función de la farmacia.

Sostuvo Facaf que “esta pretendida acción que viene a salvaguardar la competitividad, deja abierta la comercialización, como si el medicamento fuese una mercancía común y entonces, se asemeja más a un plan de negocios que al uso racional de una herramienta esencial para la salud de los argentinos.

La Federación Argentina de Cámaras de Farmacias siempre ha sostenido la importancia del rol de la farmacia como garante esencial de la salud, en consecuencia, redoblaremos los esfuerzos para que la Farmacia Argentina no sea afectada como resultado directo de este Decreto y con ello se vea disminuido el derecho a la salud de los Argentinos y el acceso al medicamento por parte de la población.

El mega DNU que anunció Javier Milei fue una fuerte estocada para los bancos, grandes perdedores tras el desarme de Leliq que lleva a cabo el ministro de Economía Luis Caputo. Y le acortó algo de camino a las billeteras. Ya no será obligatorio tener una cuenta bancaria para cobrar el sueldo, sino que se podrán utilizar cuentas alternativas, como Mercado Libre.

“Nos libera algunas negociaciones que pensábamos encaminar, pero no todas. Son medidas muy positivas”, resume un ejecutivo fintech, que modera expectativas sin disimular que desde ayer se dibujó una sonrisa en gran parte del sector.

Entre la lista de ganadores hay una empresa que celebra más que ninguna. Y otra que deberá “poner quinta” para no quedarse con un negocio que ya había iniciado. El otro condimento: las dos son unicornios.

La meganoticia que más celebraron las fintech locales es la posibilidad de que los sueldos sean depositados en cuentas virtuales, una cuestión aprobada durante la gestión de Mauricio Macri, pero que Claudio Moroni, ministro de Trabajo de Alberto Fernández, no dudó en derogar a los tres meses de asumir.

“Es un notición. Vos imaginate que deja en total segundo plano a la pelea por el Debin con la gestión anterior”, celebra una fuente muy escuchada en el segmento fintech.

En efecto, el Debin permite extraer dinero automáticamente desde cuentas fintech, para que los usuarios transfieran cada mes su salario a la cuenta del unicornio y lo hagan rendir con su fondo de inversión. El método fue cambiado por las transferencias pull, que agregan fricción: cada mes, el usuario debe hacerlo a mano.

“El 60% del movimiento de plata en Mercado Pago se produce los primeros 10 días del mes. Lo usan 4 millones de personas”, calcula para iProUP el founder de una importante financiera digital para ilustrar la importancia de la herramienta para el unicornio.

De hecho, esos cuatro millones de personas que depositan su salario todos los meses equivalen a la suma de cuentas sueldo de los tres primeros bancos del sistema según los últimos registros del BCRA:

Así, Mercado Pago podría asegurarse de movida el 30% de los 13 millones de empleados en relación de dependencia. Se trata de un botín muy preciado en los bancos. Según cifras oficiales sólo el sector privado tiene unos 6,3 millones de empleados. En total, reciben $2,5 billones de pesos (cerca de u$s2.500 millones).

Por ello, las entidades no paran de seducirlos con promociones y tasas preferenciales. Mercado Pago tiene aún más para crecer: 12 millones de argentinos usan su aplicación financiera

Claro que la eventual incursión de Marcos Galperin tendrá la resistencia de los bancos. Un influyente empresario del sector revela que las entidades “tienen un pacto no escrito: si yo recluté a la empresa para que pague los sueldos, ofrezco transferencias inmediatas sólo a empleados que sean clientes míos”.

Por lo tanto, Mercado Pago podría avanzar en lograr que las empresas depositen salarios desde su plataforma, para evitar tardanzas de hasta 48 horas en la acreditación.

Además, tiene su as bajo la manga: se estima que unas 200.000 Pymes usan soluciones de Mercado Pago, poco menos de la mitad de 520.000 del país, que representan el 98% del empleo total registrado.

Mercado Banco: el gran negocio II

Por regulación, las fintech sólo pueden ofrecer tarjetas prepagas, pero el Mega DNU abrió el juego a que cualquier compañía emita las de crédito y débito.

Así, Mercado Pago puede sumar un negocio hasta el momento privativo de los bancos: los plásticos de crédito y débito.

“Hoy puede darte la prepaga, que sirve en todo el mundo, pero debita de tu cuenta, y vincularla con Mercado Crédito para simular la funcionalidad”, dice un ejecutivo fintech. Uno de sus colegas acota: “Puede sumarlas como un beneficio para atraer cuentas sueldo”.

El C-Level de una fintech regional advierte que el negocio de tarjetas recibe con el DNU dos nuevos incentivos que pueden dar vuelta la cuestión: “Es muy positivo que se liberen las tasas de financiamiento, porque cada entidad podrá setearlas según el riesgo del cliente. También es ponderable que se desregulen las comisiones”.

“Todo esto hará que los bancos, fintech y empresas ofrezcan más tarjetas: hoy tenemos menos plásticos por habitantes que Brasil”, compara el directivo, cuya empresa opera en varios países de la región.

Otra resolución que festejan en la firma nacida en Saavedra es la inclusión de negocios cripto para las billeteras, servicio que según Galperin estaba “prohibido en Peronia”. De hecho, el BCRA había inhabilitado a bancos y fintech.

En la Argentina libertaria, por el contrario, el DNU promueve la posibilidad de comerciar usando cualquier bien como intercambio, incluso las criptomonedas, un punto que se ocupó de ratificar este jueves la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino.

“Mercado Pago ya tiene el negocio andando en Brasil, México y Chile. En la Argentina sólo falta que ’baje la palanca’ para activarlo, lo hará en asociación con Ripio, que dará la custodia”, afirma un empresario con trata frecuente con el unicornio.

Es otro negocio de alto potencial para el unicornio: ya existen más de 10 millones de cuentas en el país y el volumen operado creció hasta 11 veces en algunas exchanges en 2023. Reportes de Chainalysis estiman en u$s100.000 millones el colchón cripto de los argentinos.

“Por el momento, es un negocio ínfimo para Mercado Pago”, afirman expertos del sector que tienen trato con la firma. Sin embargo, será habilitador de grandes oportunidades:

– Permitir que sus 100 millones de usuarios en la región hagan transferencias crossborder entre sí sin trabas, convirtiéndose en un PayPal Latino.

– Según el Banco Mundial, la región mueve u$s142.000 millones anuales en remesas

– El comercio transfronterizo en Latinoamérica, una oportunidad con un potencial aún inimaginado.

De hecho, la firma ya permite comprar productos del marketplace estadounidense BigCommerce a usuarios de Brasil, Chile, México y Colombia, con entrega a domicilio.

Algo que promete tener su versión argenta según desprenden dos puntos del Mega DNU:

– La liberación de trabas aduaneras para compras en el exterior.

– La desregulación del mercado aerocomercial: abre la puerta para replicar su flota MeliAir como en Brasil.

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que el DNU N° 70/23 introduce modificaciones en las tarjetas de créditos que vienen a afectar no solamente a los usuarios de los plásticos, sino también a los comerciantes que ofrecen este tipo de pago. Por un lado, se elimina el tope de interés que las empresas le aplican a quienes se demoran en pagar el resumen, sino que, además, quita el tope que les cobran a los comercios.

El mismo establece la eliminación del límite que existía para la tasa que se les cobraba a los comercios por este servicio, que era del 3% en las tarjetas de crédito y del 1,5% en las de débito. A esto debemos sumarle la eliminación de los topes a los intereses punitorios (los que se aplican en caso de mora en los pagos), por lo que, de ahora en adelante, quienes se atrasen en saldar el resumen o paguen el mínimo, tendrán que afrontar elevados intereses.

En particular, uno de los capítulos del Decreto 70/2023 denominado "Bases para la reconstrucción de la economía argentina" cambia una amplia serie de puntos de la Ley de Tarjetas de Crédito. El objetivo de estas modificaciones es el de reducir el poder del Banco Central sobre las sanciones a los bancos y otras emisoras de estos plásticos, al igual que quitar comisiones y multas.

Además, se permite la incorporación de nuevas modalidades de uso con tecnología digital y suprime las comisiones fijas que se cobran a los comercios. Por ende, la nueva ley de tarjetas de crédito elimina el tope de 50% de intereses punitorios que se podían cobrar como máximo sobre la tasa de financiación. Al mismo tiempo, el artículo 18 del DNU estipula que "independientemente de lo dispuesto por las leyes de fondo, los intereses punitorios no serán capitalizables". Así, a partir de ahora los bancos podrán cobrar todo lo que quieran, sin tope alguno. La salvedad es que, aun cuando el titular de la tarjeta hubiera abonado el mínimo de sus consumos, las emisoras no podrán capitalizar esos intereses.

Advertencias de todas las Defensorías del Pueblo de la República Argentina en relación al DNU dictado por el Gobierno Nacional

Los Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina expresaron su preocupación frente al Decreto de Necesidad y Urgencia por el cual el Poder Ejecutivo Nacional pretende derogar y/o modificar una cantidad inédita de leyes.

Según dieron a conocer, el carácter republicano de nuestro país exige que la legislación sobre esta multiplicidad de aspectos, atinentes al funcionamiento del Estado y a la vida en comunidad, sea dada en el Congreso Nacional, donde el pueblo tiene su representación.

Cabe recordar que los Decretos de Necesidad y Urgencia no deben versar sobre: derecho penal, derecho tributario, derecho electoral y derecho de los partidos políticos. A su vez, plantean a los diputados y senadores la disyuntiva de aprobar o rechazar el conjunto de la norma, sin la posibilidad de debatir u opinar en relación a los artículos que lo componen.

Al mismo tiempo, la utilización de esta herramienta agrega incertidumbre e inestabilidad, ya que inaugura y legitima un sistema que supondría la concesión de facultades extraordinarias y la suma del poder público, prohibidas por la Constitución Nacional en su artículo 29.

En ese sentido, resulta cuestionable que el cambio normativo impulsado cumpla las condiciones de necesidad y urgencia exigidas para el dictado de este tipo de decretos; constitucionalmente previstos como una excepción. La vertiginosidad y la ausencia de debate democrático no pueden ser la regla para aprobar regulaciones que afectan de modo sustancial las relaciones socioeconómicas en nuestro país.

En consecuencia, las Defensorías del Pueblo de todo el país, en tanto instituciones que tienen la misión de promover y proteger las libertades y garantías consagradas por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, exhortan a que la propuesta del Poder Ejecutivo se someta al trámite legislativo correspondiente, se respete la separación de Poderes y no se avance en medidas que conlleven la vulneración de derechos.