La auditora general de la Nación, la licenciada Graciela de la Rosa, expresó su fuerte oposición al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) relacionado al nuevo endeudamiento del Gobierno del presidente Javier Milei con el Fondo Monetario Internacional (FMI), argumentando que “es ilegítimo e ilegal” porque debería ser aprobado por el Congreso según la Ley Guzmán. 

De la Rosa recordó que desde la Auditoría General de la Nación (AGN) se realizó la auditoría del préstamo stand by del 2018 que tomó el entonces presidente Mauricio Macri por 56.700 millones de dólares con el FMI, que “llegó y se adueñó de 45 mil millones de dólares”. 

Ahora, consultada sobre el nuevo endeudamiento con el organismo multilateral de crédito, esta vez promovido desde la gestión libertaria nacional, manifestó que “el DNU es absolutamente ilegítimo e ilegal”, explicando que “todos sabemos que hay una ley específica, llamada Ley Guzmán, que dice que cualquier préstamo que se tome con el Fondo Monetario Internacional tiene que pasar por el Congreso Nacional y ser aprobado por una ley específica”. 

Se trata de la Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública, impulsada por el Gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos), cuyo ministro de Economía era Martín Guzmán. Fue sancionada en febrero de 2021 y establece en su artículo 1 que la Ley de Presupuesto debe prever un “porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio”, y que para superar ese porcentaje máximo se requiere autorización del Congreso.

A su vez, el artículo 2 dispuso que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público” acordado con el FMI, así como también “cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones”, requieren aprobación del Parlamento. Por último, instaura que los tipos de endeudamiento previstos en los dos artículos no podían ser utilizados para gastos corrientes. La norma apuntaba a evitar que se repitiera un endeudamiento con el FMI como el que se había acordado durante el Gobierno de Macri (Cambiemos).

Por otra parte, De la Rosa advirtió que el DNU es difuso, ya que no se aclara cuáles serán los montos y los plazos de los desembolsos del acuerdo, que todavía no fue firmado. Tampoco especifica los intereses a pagar.

“No da monto, ni condiciones, no habla de tasas de interés, como tampoco de plazos, o sea, no habla de nada de lo que necesita un legislador en el Congreso Nacional para determinar qué impacto va a tener eso no sólo sobre las cuentas públicas argentinas, las cuentas internacionales, el balance de pagos, etcétera, sino sobre cada uno de los argentinos”, reprobó. 

Además, ahondó en una parte del DNU, donde se plantea que la operación de crédito a ser celebrada se enmarcará en un Programa de Facilidades Extendidas o Extended Fund Facility (EFF) e “incluirá el pago de los intereses y cargos en los plazos y tasas preestablecidos por el organismo de crédito para este tipo de acuerdos y el reembolso del capital del préstamo en un plazo de hasta diez años con un período de gracia de cuatro años y seis meses”. 

“Cuando habla de facilidades extendidas, es el préstamo que se tuvo que tomar en la gestión de Guzmán para pagar el préstamo de Macri en 2018. O sea que seguimos pagando el préstamo de Macri y teniendo esa deuda de 45.000 millones de dólares”, dilucidó. 

En ese contexto, indicó que “van a pedirle al Fondo un plazo de cuatro años para no pagar o para empezar a pagar”, lo cual significa que “la Argentina se está anticipando un default porque ya no tiene los fondos para empezar a pagar el año que viene otra vez ese préstamo de Macri y así como sigue, va a ser un préstamo de este año, que van a pagar generaciones argentinas”. 

La Comisión de Supervisión de deuda pública de la Auditoría General de la Nación (AGN) realizó un informe de auditoría de emisiones de deuda externa 2016-2018. La entidad resalta la importancia del riesgo jurídico en la emisión de títulos públicos (o bonos) que incluyen la llamada prórroga de jurisdicción a tribunales extranjeros.

Durante este periodo la Argentina colocó un total de 18 nuevos bonos bajo ley extranjera.

Esta emisión por más de 45.000 millones de dólares equivalió al 64 del total de títulos de deuda externa de la República Argentina y su impacto fue similar al del préstamo del FMI tomado en el año 2018.

De este total, 9.300 millones de dólares se destinaron a cancelar el juicio Griesa con los holdouts juicio activado por la cláusula de Par yasu de los bonos en litigio. Y es que: "Las cláusulas contenidas en los nuevos bonos generan altos niveles de riesgo jurídico, ya que ante la ocurrencia de eventos de default ellas abren la posibilidad de litigios en jurisdicción extranjera, limitando la capacidad de defensa de la nación."

¿Qué se encontró en esta auditoría?

Las leyes de presupuesto de los años auditados no discriminaron el tipo de deuda a colocar deuda interna o externa, dejando en la decisión del poder ejecutivo la resolución, incumpliendo lo establecido en el artículo 60 de la ley de administración financiera. 

No se establecieron objetivos claros de emisión de deuda pública que incluyan lineamientos respecto de la deuda externa en el marco de una estrategia de gestión conforme a estándares internacionales.

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), una entidad técnica que elabora informes regulares y también otros a pedido de diputados y senadores, mostró en un reporte que en febrero las cuentas públicas terminaron con un superávit primario, pero a diferencia de enero, en el segundo mes del año no hubo superávit financiero, al agregar en la cuenta el pago de intereses de deuda.

Así surge de un informe dado a conocer este jueves. El organismo es dirigido por el economista Gabriel Esterelles y que durante la discusión de la Ley Ómnibus en el período de sesiones extraordinarias tuvo un papel decisivo de asistencia técnica al debate en comisiones a través de un estudio pormenorizado de los impactos fiscales y económicos de ese megaproyecto que terminó por naufragar en la Cámara de Diputados.

“Por un retroceso en los gastos (-23,8% anual) y un leve incremento en la recaudación (0,4%), en el primer bimestre del año la Administración Nacional registró un superávit financiero 150% real superior al obtenido en el mismo período del año anterior”, mencionó la OPC. Puesto en números concretos, en febrero hubo un superávit primario de $929.000 millones con un déficit financiero de $186.000 millones.

“Los ingresos totales crecieron 0,4% en la comparación interanual, impulsados por las subas en el Impuesto PAIS (405,9% anual), en los Derechos de Exportación (70,9% anual) y en el IVA (15,4% anual). Estos incrementos fueron parcialmente compensados con la disminución de los recursos provenientes de la Seguridad Social (-25,1% anual) y del Impuesto a las Ganancias (-36,5% anual)”, continuó la OPC.

“Los gastos totales de la Administración Nacional registraron una caída real de 23,8% anual en el primer bimestre del año y el recorte en los primarios, que no considera la suba en intereses de la deuda, se elevó a 33,6% anual”, complementó la oficina parlamentaria.

Analizado por sectores, los que tuvieron las mayores podas presupuestarias en febrero fueron: jubilaciones y pensiones (-33,0% anual en términos reales, es decir descontando el efecto de la inflación), subsidios energéticos (-59,5% anual), los gastos de capital (-82,4% anual) y los programas sociales (-29,9% anual) fueron los rubros que más contribuyeron a la reducción de los gastos.

La contracara fue un incremento de 34,2% en el renglón de gasto que pertenece a los intereses de la deuda pública, que preparó el terreno para que a diferencia de enero, en febrero no hubiese también superávit financiero. “En el mes de febrero el resultado financiero fue deficitario (-$186.635 millones), aunque en el acumulado del primer bimestre del año se conservó el superávit ($1.020.296 millones), con niveles que lo sitúan en valores superiores al promedio de una serie de 15 años”, explicó la oficina.

El seguimiento que hace la OPC, como otros que realiza el sector privado, se confecciona con los datos del gasto devengado, es decir, pagos comprometidos por el sector público, a diferencia de los datos que publica la Secretaría de Hacienda –y que toma el FMI para evaluar sus metas– que son los pagos efectivamente realizados, lo que se conoce como base caja. Para las estimaciones preliminares privadas se suelen utilizar datos del portal Presupuesto Abierto, que pertenece al Ministerio de Economía y que hace una actualización casi en tiempo real de la ejecución presupuestaria.

En ese sentido se pronunció el economista Martín Vauthier, asesor del ministro de Economía Luis Caputo, en un hilo de la red social X. Los resultados que arroja Presupuesto Abierto se registran en base devengado (es decir refieren al momento en que se genera el compromiso de pago) y aluden a la Administración Nacional (AN). Por su parte, el resultado fiscal representativo de la evolución de las cuentas públicas, publicado mensualmente, se confecciona en base caja (momento de cancelación de las obligaciones) y refiere al Sector Público Nacional, que incluye, además de la AN, otros entes como el PAMI”, aclaró el economista.

El dato oficial de base caja de febrero está previsto que se publique el miércoles 20 de marzo. A fines de este mes, el Ministerio de Economía debería poder mostrar ante el FMI que terminó el primer trimestre con un superávit primario de 962.000 millones de pesos. En enero ese número ya era de 2 billones, por lo que ese “sobreajuste” del primer mes del año incluso podría ser relajado sin alejarse del objetivo con el FMI. En los pasillos de Hacienda consideran que el efecto del primer paquete de medidas que realizó el Gobierno libertario -el ajuste más rápido de lo planificado y la acumulación de reservas- es la carta más útil que tienen para negociar, eventualmente, con Washington.

Fuente: Infobae