El defensor del Pueblo de la provincia de Formosa, el doctor José Leonardo Gialluca, y el gerente de la Asociación Argentina de Transportadores de Hacienda (AATHA) y protesorero de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), Mario Ramello, advirtieron que la situación actual de la red vial se ha vuelto “verdaderamente crítica”, calificándola como una “emergencia nacional” que se traduce en un aumento de siniestros viales.

Señalaron que “si bien el Gobierno nacional ha realizado anuncios sobre la Nueva Red Federal de Concesiones (RFC) y la licitación de 9100 kilómetros de corredores viales, estos procesos demandan acciones que insumen plazos prolongados y trámites administrativos que la gran mayoría de las rutas no está en condiciones de esperar”. 

Además, indicaron que “este esquema implica una privatización total y sin subsidios, donde las empresas concesionarias se encargarán del mantenimiento de rutas a cambio de la instalación de peajes y la posibilidad de sumar negocios secundarios como locales comerciales”. 

Por ello, solicitaron al jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y al secretario coordinador de Infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni, que “se agilicen las medidas paliativas urgentes, ante quejas diarias de rutas llenas de cráteres, sin señalización, con banquinas deterioradas y puentes al borde del colapso, una red vial obsoleta frente al movimiento del transporte de cargas”. 

Desde FADEEAC, por su parte, plantearon que los trabajos de reparación de rutas y caminos podrían afrontarse con parte de lo recaudado en concepto de Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), siendo el sector del transporte el principal aportante del ICL, al ser el primer consumidor de gasoil en Argentina. 

En ese sentido, apuntaron que “el consumo de combustible durante el 2025 del sector rondó los 6000 millones de litros anuales, lo que representa el 45% de los 14.000 millones de litros totales por año, según la normativa, este impuesto debería ser destinado al Fideicomiso del Sistema Vial Integrado (SISVIAL), creado para financiar obras viales”.

En este contexto, el ombudsman provincial afirmó que “se reiteró al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, que informe y aclare sobre el uso de los fondos de impuestos a los combustibles, toda vez que el secretario de Hacienda, Carlos Jorge Guberman, ha sido denunciado por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) por incumplimiento de deberes de funcionario público y de las funciones administrativas a su cargo (artículos 248 y 249 del CP), al no transferir a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) los fondos recaudados conforme lo establece el Decreto 976/01 que modificó la Ley 23.966”. 

A su vez, remarcó que la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) denunció al administrador general del organismo, Marcelo Jorge Campoy, “por los delitos de malversación de fondos públicos y desviar recursos destinados al mantenimiento de la red vial nacional, con el agravante de la subejecución de obras, siendo que en el primer bimestre del 2025 se recaudaron $600.000 millones, debiéndole ingresar a Vialidad Nacional $86.000 millones y solo le ingresaron $18.000 millones, frente a datos documentados”. 

Y alertó que “el 60% de las rutas nacionales se encuentran en estado crítico, el 23% en condiciones malas y el 22,1% en situación regular, según evaluaciones del Sistema SIG VIAL, detallándose que cada peso no invertido en mantenimiento, obliga a gastar entre tres y cinco veces más en obras de rehabilitación futuras”. 

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, José Leonardo Gialluca, señaló que se produjeron nuevos y fuertes aumentos en el GLP envasado “que golpea directamente en los bolsillos de las franjas sociales más vulnerables” y de prácticamente el 99,9% de todos los consumidores formoseños que utilizan este tipo de combustible en sus domicilios. 

El Funcionario Provincial, advirtió que se está dando en la práctica, una gran “disparidad de precios en las distintas distribuidoras tanto de capital como del interior provincial”, generándose abusos en los valores, frente a las necesidades de las personas, encontrándose el tubo de 10 kg entre $8.000 y $9.000 al mostrador, la de 45 kg a $27.000 en Capital. 

“Esto va a continuar así, pues el actual Gobierno Nacional de Javier Milei ha desregulado la economía lo que viene impactando negativamente en los consumidores no así en los grandes grupos empresariales que cada día se ven más favorecidos por las medidas que se adoptan desde el Estado Nacional” advirtió el funcionario.

Asimismo indicó que desde el organismo, informarán como continúan los subsidios al gas envasado, “si es que siguen vigente, y en la próxima Audiencia Pública a celebrarse el lunes 8 para fijar nuevos valores del gas y también el futuro del gasoducto del Norte Argentino, vamos a insistir en que se tenga en cuenta al momento de fijar valores, la naturaleza de electrodepedientes que tenemos hasta la fecha y que los ingresos no pueden “estar destinados a pagar más del 50 %  lo que corresponde a energía eléctrica, agua potable, gas, transporte público”, pues así a la gente no le queda nada para afrontar los gastos de mercaderías y medicamentos.

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que el DNU N° 70/23 introduce modificaciones en las tarjetas de créditos que vienen a afectar no solamente a los usuarios de los plásticos, sino también a los comerciantes que ofrecen este tipo de pago. Por un lado, se elimina el tope de interés que las empresas le aplican a quienes se demoran en pagar el resumen, sino que, además, quita el tope que les cobran a los comercios.

El mismo establece la eliminación del límite que existía para la tasa que se les cobraba a los comercios por este servicio, que era del 3% en las tarjetas de crédito y del 1,5% en las de débito. A esto debemos sumarle la eliminación de los topes a los intereses punitorios (los que se aplican en caso de mora en los pagos), por lo que, de ahora en adelante, quienes se atrasen en saldar el resumen o paguen el mínimo, tendrán que afrontar elevados intereses.

En particular, uno de los capítulos del Decreto 70/2023 denominado "Bases para la reconstrucción de la economía argentina" cambia una amplia serie de puntos de la Ley de Tarjetas de Crédito. El objetivo de estas modificaciones es el de reducir el poder del Banco Central sobre las sanciones a los bancos y otras emisoras de estos plásticos, al igual que quitar comisiones y multas.

Además, se permite la incorporación de nuevas modalidades de uso con tecnología digital y suprime las comisiones fijas que se cobran a los comercios. Por ende, la nueva ley de tarjetas de crédito elimina el tope de 50% de intereses punitorios que se podían cobrar como máximo sobre la tasa de financiación. Al mismo tiempo, el artículo 18 del DNU estipula que "independientemente de lo dispuesto por las leyes de fondo, los intereses punitorios no serán capitalizables". Así, a partir de ahora los bancos podrán cobrar todo lo que quieran, sin tope alguno. La salvedad es que, aun cuando el titular de la tarjeta hubiera abonado el mínimo de sus consumos, las emisoras no podrán capitalizar esos intereses.

Advertencias de todas las Defensorías del Pueblo de la República Argentina en relación al DNU dictado por el Gobierno Nacional

Los Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina expresaron su preocupación frente al Decreto de Necesidad y Urgencia por el cual el Poder Ejecutivo Nacional pretende derogar y/o modificar una cantidad inédita de leyes.

Según dieron a conocer, el carácter republicano de nuestro país exige que la legislación sobre esta multiplicidad de aspectos, atinentes al funcionamiento del Estado y a la vida en comunidad, sea dada en el Congreso Nacional, donde el pueblo tiene su representación.

Cabe recordar que los Decretos de Necesidad y Urgencia no deben versar sobre: derecho penal, derecho tributario, derecho electoral y derecho de los partidos políticos. A su vez, plantean a los diputados y senadores la disyuntiva de aprobar o rechazar el conjunto de la norma, sin la posibilidad de debatir u opinar en relación a los artículos que lo componen.

Al mismo tiempo, la utilización de esta herramienta agrega incertidumbre e inestabilidad, ya que inaugura y legitima un sistema que supondría la concesión de facultades extraordinarias y la suma del poder público, prohibidas por la Constitución Nacional en su artículo 29.

En ese sentido, resulta cuestionable que el cambio normativo impulsado cumpla las condiciones de necesidad y urgencia exigidas para el dictado de este tipo de decretos; constitucionalmente previstos como una excepción. La vertiginosidad y la ausencia de debate democrático no pueden ser la regla para aprobar regulaciones que afectan de modo sustancial las relaciones socioeconómicas en nuestro país.

En consecuencia, las Defensorías del Pueblo de todo el país, en tanto instituciones que tienen la misión de promover y proteger las libertades y garantías consagradas por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, exhortan a que la propuesta del Poder Ejecutivo se someta al trámite legislativo correspondiente, se respete la separación de Poderes y no se avance en medidas que conlleven la vulneración de derechos.

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se pudo constatar que la Empresa Interfor S.R.L., única habilitada en nuestro territorio para brindar el servicio de RTO a los titulares de vehículos, aplicó para este mes de diciembre, importantes incrementos, por lo que, los valores han quedado de la siguiente manera: * Automóviles de Uso Particular (UP) $23.000,00; * Pick Up y/o Utilitarios Particular/Furgón/Todo Terreno $30.000,00; * Pick Up y/o Utilitario de Carga $36.000,00; * Camión N2 (350-608-DAILY-Etc) $70.000,00; * Camión N3 2 Ejes $70.000,00; * Camión N3 3 Ejes $70.000,00; * Camión N3 4 Ejes $70.000,00; * Acoplado o Semi de 1, 2 o 3 Ejes $70.000,00; * Acoplado o Semi de 4 Ejes $70.000,00; * Minibús $53.000,00; * Ómnibus de 2 Ejes $83.000,00; * Ómnibus de 3 Ejes $83.000,00; * Ómnibus de 4 Ejes $83.000,00; * Ómnibus Urbano $53.000,00; * Taxis/ Remises $20.000,00. 

El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, la validez de las revisiones técnicas obligatorias en nuestra provincia depende en el caso de los vehículos de uso particular de la antigüedad de los mismos, por lo que, de: 0 km a 2 años de antigüedad poseen gracia (se encuentran eximidos); 2 años a 7 años de antigüedad la vigencia es por 2 (dos) años; los mayores de 7 años de antigüedad la vigencia es por tan solo 1 (un) año. En el caso de los Transporte de carga: de 0 km a 1 año de antigüedad tienen gracia; 1 año a 20 años de antigüedad la vigencia es por 1 (un) año; los mayores de 20 años de antigüedad la vigencia es por 6 (seis) meses. Para los Transporte de pasajeros (remises y taxis): de 0 km a 1 año de antigüedad tienen gracia; 1 año a 8 años de antigüedad la vigencia es por 1 (un) año; los mayores de 8 años de antigüedad su vigencia es de 6 (seis) meses.

Un numeroso grupo de vecinos – consumidores de nuestra ciudad, concurrieron a la Defensoría del Pueblo en búsqueda de asesoramiento legal, “toda vez que aproximadamente 300 personas han sido estafadas en la adquisición de terrenos del Barrio 12 de Octubre – Lote 112, comercializadas por un ciudadano individualizado como -W.S.R.- en abierta complicidad con la Administradora de un Sucesorio, la cual, otorgando poderes de compra apócrifos, sin conocimiento de los demás herederos, los han colocado en una delicada situación, ya que, algunas familias se encuentran viviendo en el lugar y otros no han podido acceder a los mismos”. 

Agregaron los citados que en un estudio jurídico ubicado por la calle San Martín de nuestra ciudad, se les exigía la suscripción de boletos de compra venta y las cuotas eran cobradas por personal de un -Proyecto Inmobiliario- el cual también es cómplice de estas maniobras fraudulentas. 

El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, junto al Secretario Letrado Dr. José P. García y los Asesores Letrados Carolina Ruiz Diaz, Ascarza Rafael y Ana Laura Gómez, señalaron que iniciarán las acciones administrativas y judiciales necesarias para la regularización dominial de este caso y buscarán la detención efectiva de W.S.R. quien posee varias denuncias en las Fiscalías y Juzgados Penales, las cuales nunca avanzaron por diversos motivos. 

Gialluca les señaló que, a 30 años de la sanción de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, desde este Organismo de la Constitución Provincial, continuaremos trabajando por el reconocimiento de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y advirtió que todo esto solo puede ser enfrentado con un Estado presente que ponga límites a los abusos del mercado y otorgue soluciones a los conflictos. Los reclamantes, expresaron “que no solamente los moviliza la defensa de sus derechos, sino también, el interés de que otras personas de bien no sean víctimas de estos delincuentes”. 

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se informó que, a las 00 horas del jueves 19, se levantaron los cortes de la Ruta Nacional Nº 86 a la altura de Colonia Loro Cué, Jurisdicción de la Localidad de El Espinillo, como así también el corte que se llevaba a cabo a la altura del Acceso al Parque Nacional Río Pilcomayo, por integrantes de la Comunidad de la Colonia La Primavera.

De esta manera, queda totalmente liberada al tránsito esta traza nacional, no quedando ninguna interrupción para los vehículos y transportes en todo el territorio provincial. 

Al respecto, el Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, señaló que, el trabajo y las gestiones encaradas por el Administrador del IPS, Hugo Arrúa, junto a otras áreas del Gobierno Provincial, como el ICA, a cargo de su Presidente Esteban Ramírez, “permitieron que los manifestantes desistan de sus conductas ilegitimas que venían perjudicando a niñas/os, adolescentes, docentes, al no poder concurrir a los diferentes establecimientos educativos de la zona, a lo que se le sumó la afectación a ciudadanos que debieron reprogramar turnos médicos y otras atenciones que ya tenían previstas, entre los principales colectivos damnificados durante los cortes de ruta” dijo. 

Añadió el Funcionario que, “desde el Estado Provincial con nuestra Ley Integral del Aborigen Nº 426 constituye un precedente en la Argentina y representa un ejemplo en la ocupación de tierras, el acceso a la educación, a la salud y el respeto a las lenguas nativas de las etnias que conviven en nuestro territorio”.

Por último, Gialluca advirtió que, “todas estas situaciones se desarrollan durante el presente proceso electoral y donde Institucionalmente debemos continuar trabajando para evitar que se deroguen y eliminen derechos ya obtenidos como los reconocidos en la Ley nacional 26.160 de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas”. 

Recordó que, existen dos proyectos de ley que actualmente cuentan con estado parlamentario para dejar sin efecto estas normativas y que fueran impulsados por la candidata a vicepresidenta en la fórmula que encabeza Javier Milei por la Libertad Avanza, Victoria Villarruel. 

“Sabemos que esto no es casual-agregó- conocemos que son sectores políticos que defienden intereses y patrimonios de capitales concentrados que buscan el lucro individual, en desmedro de los territorios indígenas y pretenden instalar otros modelos de producción, donde los originarios no están incluidos y por esto no nos imaginamos a ningún empresario y menos a los privados, invertir o construir plantas potabilizadoras de agua potable, redes de distribución de energía eléctrica, conociendo de antemano que no obtendrán ninguna ganancia”. 

Desde la -Dirección de Usuarios, Consumidores y Relaciones de Consumo- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se sugirió y advirtió a todos los titulares de tarjetas de crédito bancarias de nuestro medio, “a solicitar los resúmenes de las mismas y a controlar los cobros que se les efectúan”. 

Se señaló que, seguir de cerca el resumen de las tarjetas de crédito es un hábito financieramente saludable. Ayuda, entre otras cosas, a no olvidar fechas de pago de los servicios, planificar y cuotificar compras, como así también, acceder a promociones y beneficios que muchos comercios solo tienen con tarjetas de crédito. 

En este sentido, el Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, confirmó que, frente a la comercialización de asistencias médicas por parte de bancos de nuestra plaza con costos que varían entre $1300 a $1700 por mes, lo que incluye videoconsultas, médico a domicilio, chequeo médico, odontología, descuentos en farmacias, ópticas y otros, “nos hemos encontrado con planteos de titulares de tarjetas de crédito que sin haber emitido consentimiento alguno conforme a las disposiciones de la Ley Nº 24.240 de Defensa al Consumidor y Usuario, les habrían efectuado descuentos afectando de esta manera sus derechos económicos”. 

Asimismo, varios de los reclamantes expresaron por ante el Organismo de la Constitución, que se les ofreció telefónicamente estos servicios, viéndose sorprendidos toda vez que quienes los contactaban, “tenían datos relacionados al usufructo de tarjetas de crédito, posesión de homebanking y otros elementos a los cuales estas empresas comercializadoras de asistencias médicas, nunca podrían haber accedido, sin que las entidades bancarias se los hayan proporcionado, a través de algún tipo de acuerdo o negociación”.

La Defensoría del Pueblo, solicitó a las diferentes entidades bancarias de la provincia, que adopten todas las medidas necesarias a efectos de garantizar un trato digno a los usuarios financieros especialmente en estas épocas de intenso calor y en las fechas de cobro de haberes cuando se forman largas filas, teniendo que soportar la espera para ser atendidos bajo el sol por largo tiempo, poniendo en riesgo la vida y la salud de las personas, sobre todo de los adultos mayores y mujeres embarazadas, constituidos en los grupos de jubiladas/os, pensionadas/os, beneficiarias de AUH y otros que deben todos los meses iniciar interminables filas. 

En este contexto el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, recordó que en el año 2.017, luego de reiterados Reclamos Administrativos, llevó a que el Organismo de la Constitución, interpusiera una Acción Judicial para revertir en parte esta situación, ocasión en que, la Jueza Giselle Verónica Drovandi, Titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 1, resolvió, hacer lugar a la medida autosatisfactiva interpuesta y en consecuencia, ordenó al Banco Nación y al Banco de Formosa que articulen tanto en sus sedes centrales como en todas sus sucursales, en las fechas puntuales en las que se produce mayor cantidad de concurrencia de los usuarios -tales como los días de cobro de haberes-, las medidas que deben consistir en: proveer agua a través de distintos medios a fin de hidratar a las personas que se encuentran realizando las filas,(colocación de dispenser de agua o entrega de botellas con este vital líquido, etc.); la instalación de baños químicos en los alrededores, que se dispongan estructuras, metodologías o diferentes horarios de atención para que las personas no deban estar bajo el rayo del sol tantas horas, se contrate y se prevea la presencia de una ambulancia en las inmediaciones de la entidad, como así también se incremente la del personal de seguridad, como toda otra acción tendiente a brindar un trato digno a los clientes de esas entidades financieras. 

En este sentido, se solicitó a los diferentes bancos que adopten todas las medidas excepcionales para evitar consecuencias irreparables en la salud de las personas y también pedimos a todos los usuarios financieros que, denuncien las irregularidades que puedan detectar para poder actuar y hacer corregir las anomalías existentes que permitan terminar con esta lamentable situación. Por otro lado, instó al universo de beneficiarios del “Programa Compre Sin IVA”, comprendidos por: trabajadores en relación de dependencia con ingresos de hasta 6 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, así como quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento y pensiones no contributivas nacionales con un máximo de 6 haberes mínimos a utilizar la tarjeta de debito para la adquisición de los productos incluidos en la Canasta Básica que incluye alimentos, bebidas y elementos de higiene y así aprovechar el beneficio otorgado por el gobierno nacional. Para asesoramiento sobre este y demás temas podrán hacerlo vía mail a: denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar, telefónicamente al 370 4436379 – 4436320 - 0800 444 1770.-

Se concretó éste jueves, una Audiencia de Conciliación- de la cual participaron Dionisia Jore, Mazza Marcia, Rivero Mario y Fores Isaac, oriundos de Bartolomé de las Casas; en representación del Ministerio de Cultura y Educación la Delegada Zonal, Patricia Anabel Barbier y el Coordinador de Educación Intercultural Bilingüe, Adrian Aranda, y en representación de la Defensoria del Pueblo, José Leonardo Gialluca, el Secretario Letrado, José Porfirio García y la Asesora Legal Ana Laura Gómez. 

En la oportunidad, se informó a los presentes las designaciones de ‘‘Docentes MEMA’’ (Maestros Especializados en Modalidad Aborigen) en Bartolomé de las Casas y en toda la Provincia de Formosa, entendiendo los manifestantes que habían cortado totalmente el tránsito en la Ruta Nacional Nº 81, que ‘‘no existiría transparencia en los nombramientos’’. 

En este punto, los representantes del Ministerio de Educación explican que toda designación de Docentes MEMA, se realiza por reglamento y a través de una lista de puntaje, asimismo, Aranda destacó la importancia que, desde las Comunidades Originarias entiendan que los cargos de Docentes MEMA son para atender a niños que necesitan aprender en su lengua materna y no para crear puestos de trabajo a quienes lo necesitan.

“Siempre lo primordial es atender el derecho a la educación que tienen las niñas/os originarios” explicó.

Por su parte, Patricia Barbier dijo que las personas que ocupan actualmente un cargo de Docente MEMA accedieron al mismo por reglamento y en base al puntaje que tenían al momento de la designación, “la continuidad de estos en el cargo pese a modificarse tal puntaje se debe a la continuidad pedagógica que se aplica desde el Ministerio de Educación” detalló.

Al finalizar la Audiencia, García hizo entrega de la respuesta formal del Ministerio de Educación en donde consta todo lo comunicado en la presente reunión y también, manifiesta que es fundamental que no solo los reclamantes, sino todos los integrantes de Bartolomé de las Casas, respeten los reglamentos existentes con respecto a las designaciones de Docentes MEMA.

Corte de Ruta Comunidad Lote 1

En lo que respecta al corte de ruta en el camino vecinal 9002, en el acceso a Lote 1 se explicó que luego de gestiones y presentaciones concretadas por ante el Defensor Oficial de Las Lomitas, Rubén Darío Gon y con la intervención del Director de la Oficina de ANSES de Ingeniero Juárez, Cristino Vidal Mendoza, más la colaboración de efectivos de la Policía de la Provincia, se pudo dar respuestas concretas al ciudadano Torres Melgarejo.

Se le hizo entrega de las documentaciones que certifican la finalización del trámite a su pedido de Pensión No Contributiva y como consecuencia de ello, quedó totalmente liberado el Camino Vecinal 9002 en su totalidad para la circulación vehicular, el cual se encontraba obstruido por la colocación de ramas y con lo cual, docentes y alumnos regularizaron su asistencia a la EPEP Nº 414 de la Comunidad Wichí del Lote 1.

Asimismo se brindó respuestas a la Comunidad Aborigen La Primavera, luego de la intervención del SPAP. “La totalidad del sector denominado La Matanza ubicado dentro de la Comunidad La Primavera, posee ahora agua potable por red, mediante la ejecución de 400 metros de cañerías de PVC 63 mm, la cual es parte de la malla de distribución de ese sector. Esta obra se ejecutó en el marco de extensiones de redes de agua potable y que permite que todos los habitantes del lugar tengan acceso gratuito a este vital líquido” se explicó.

Con el objetivo de lograr un ordenamiento y organización de las cuatro firmas generadoras de residuos patogénicos en una clínica privada, se concretó una nueva audiencia de Mediación en la sede de la Defensoría del Pueblo.

Al respecto, el Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, señaló que, “estas firmas funcionan actualmente en la Clínica Santa Lucía y donde más allá de la producción de cada una de las mismas, todas deben estar debidamente inscriptas conforme lo establece la Ley Nº 1.210/96”.

En lo que se refiere a los pagos, el Gerente de la Clínica Quirúrgica Ambulatoria CEMCA SRL, Mariano Gentili reconoce que se produjo un atraso de la deuda contraída con Recolectora del Norte SRL, aunque sostuvo también que, la misma, no le han presentado el detalle específico de la obligación pendiente -ni de lo saldado hasta el momento-, es decir, los Manifiestos con la firma y la cantidad de bolsas recogidas correspondientes en la clínica a su cargo, dado que otras tres razones sociales funcionan en el mismo edificio y se producen confusiones con las bolsas generadas por éstos. 

En relación a este punto, el doctor Oscar Gómez del Ministerio de Desarrollo Humano, explica que el remito, si fue firmado, es válido para la ley y la reglamentación, aunque lo haya hecho alguien que no sea de CEMCA SRL. Lo que corresponde en este caso, es llevar a cabo la revisión de los manifiestos y establecer la deuda que le pertenece a cada uno de los generadores de residuos biológicos que funcionan en la Clínica Santa Lucía. Luego explicó, el Director de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis, José Francisco González que, desde la cartera a su cargo, se controla que se cumpla con el retiro de los residuos biopatogénicos y que sean enviados para su tratamiento de manera segura para el ambiente y la salud de toda la población. 

Expresó que, actualmente, sólo la Clínica Santa Lucía está inscripta como generadora, por tanto, el manifiesto es válido y se está cumpliendo, sin embargo, funcionan cuatro firmas distintas en el mismo lugar, por lo que se deberán registrar también como generadores independientes, cada uno con su número de registro. 

González consideró que el ordenamiento y la organización es responsabilidad de la institución. En este sentido, sugirió que se disponga de una persona específica a cargo de los residuos biopatogénicos, que distribuya de manera interna los insumos y que cada uno de los efectores se haga cargo de su registro propio. Ante esta situación, las partes de común acuerdo resuelven: 1) En relación a la deuda de la Clínica Quirúrgica Ambulatoria CEMCA SRL: su Gerente Mariano Gentili se compromete a saldar las facturas desde el mes de noviembre de 2022 a marzo de 2023 en un plazo no mayor a los 10 días; 2) En cuanto a la deuda histórica impaga: Recolectora Norte SRL se compromete a poner en conocimiento el monto total de la deuda a la brevedad posible, a fin de que entre las instituciones médicas responsables que funcionan en el edificio de la Clínica Santa Lucía coordinen el pago en un plazo no mayor a los 10 días; 3) Consensuar un Convenio en el que, en un mismo contrato, suscripto por cada uno de los generadores de residuos biopatogénicos, se comprometen a inscribirse como tales, aunque a los efectos contractuales aparezcan como una unidad. Asimismo, agregan una cláusula que define al Gerente de CEMCA SRL Lic. Mariano Gentili como Coordinador de todas las razones sociales que funcionan en ese mismo edificio.

Un grupo de familias que se encuentran viviendo desde hace varios años, sobre la Ruta Provincial Nº 4, más precisamente en el barrio San Martín de la Localidad de Laguna Naineck, se reunieron con el Defensor del Pueblo José Leonardo Gialluca y con el Responsable de la Oficina de la Defensoría del Pueblo de Nación, Julio Néstor Santander, a quienes les presentaron una formal denuncia por contaminación con agroquímicos utilizados en la plantación de soja, realizadas en tierras cuyos propietarios se domicilian en la Ciudad de Clorinda. 

Las madres, expresaron que ellos se dedican a la producción de diversos productos a pequeña escala y que poseen sus chacras en la zona entre Ceibo 13 y Laguna Naineck, donde sus hijos, adultos mayores y mujeres embarazadas manifestaron problemas respiratorios, náuseas, vómitos, irritaciones en la piel, que los asocian a la aplicación de productos químicos en la preparación del suelo y cuidados para la plantación de soja, por personas que no estarían autorizadas ni habilitadas por el Ministerio de la Producción y Ambiente de la Provincia y menos aún por el Municipio de Laguna Naineck. 

Reconocieron que en fecha 31 de enero del corriente año, ingenieros del Ministerio de la Producción y Ambiente, se habrían reunido con el propietario de la plantación y solicitado de cumplimiento a lo establecido en las normativas vigentes.

Expresaron que no quieren que se continúe con las plantaciones de soja, al frente de sus viviendas y por ese motivo presentan esta denuncia, ya que además temen que se hayan contaminado las aguas del riacho -El Porteño-, cuyas aguas son utilizadas para consumo humano y también para sus animales de granja.

Añadieron que, los denunciados ya fueron expulsados de la Comunidad de la Colonia La Primavera y de otros lugares de la zona, manteniendo en la actualidad plantaciones de soja, en otras colonias como “Punta Guía” y de allí su temor a que continúe con esta producción en un lugar que no es el apropiado. 

Desde el Organismo de la Constitución, se solicitó la inmediata intervención del Ministerio de la Producción y Ambiente, con la finalidad de que se adopten de manera inmediata las medidas que garanticen la seguridad en la salud de todos los vecinos y en el ambiente de la zona. 

Se recordó la vigencia de la Resolución 71/2023 publicada en el Boletín Oficial y emitida por el SENASA, donde se enumeran las múltiples normativas y directrices vigentes en materia de uso de agroquímicos en los centros o lugares habilitados, aclarándose que en todos los casos se debe utilizar un fumigante autorizado y debidamente inscripto en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal, más allá de la aplicación en este caso de nuestra Ley Provincial Nro 1060 de Política Ecológica y Ambiental, por la que deberá también intervenir la Subsecretaría de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental, para hacer cesar cualquier acción que ponga en riesgo la integridad psicofísica de las personas y/o en su defecto aplicar las sanciones pertinentes a los responsables de esta actividad, que ha sido encarada sin autorización alguna.

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, en nuestro país, en el año 2017 se sancionó la Ley 27.351 de Electrodependientes. La normativa considera así a aquellas personas que necesitan un suministro de energía eléctrica constante y en niveles de tensión adecuados para el funcionamiento del equipamiento que necesitan para evitar riesgos en su vida o su salud. 

A cinco años de la sanción de la normativa, y en el marco de numerosos cortes de suministro eléctrico en nuestra Provincia, “desde nuestra Institución, venimos atendiendo a este colectivo de usuarios en base a lo expuesto por la Resolución Nº 1995/19 del EROSP, a cargo de. ClaudiaI Villarruel y por la cual se dispuso la creación en todo el territorio provincial de un padrón de usuarios beneficiarios del subsidio provincial por electrodependencia que implica en la práctica una bonificación del 100% del precio del cargo variable de la tarifa energética para usuarios en el que el titular del servicio o uno de sus convivientes se encuentren registrados como electrodependientes y por ello se sugirió que en estos casos “siempre se acompañen las historias clínicas correspondientes, boletas de servicios y copias de los DNI”. 

El padrón de electrodependientes es administrado por el EROSP y es una obligación de la Distribuidora REFSA, remitir como condición de Declaración Jurada, todos los meses el padrón de beneficiarios a fin de efectuar los controles respectivos. En la práctica, una vez otorgado estos beneficios, se deben realizar visitas domiciliarias cada 6 meses para constatar si se mantienen las condiciones por las que se solicitó el subsidio. El Ombudsman Provincial, añadió que, en estos tiempos donde los cortes o fluctuaciones de energía se encuentran a la orden del día, además de esta decisión del Estado Provincial, “de incluir a los electrodependientes con un subsidio del 100% del precio del cargo variable de energía eléctrica”, estamos trabajando con otros colectivos, como las niñas/os, adolescentes, con trastornos del espectro autista TEA u otras afecciones, “que necesitan también estar en un ambiente climatizado durante prácticamente las 24 horas del día”, pues, si bien no todos los casos son iguales, existen aquellos donde escuchando a los padres y documentando cada situación, buscamos las alternativas que les permitan “tener una mejor calidad de vida”. En la actualidad, existen avances en cuanto a las fuentes alternativas de energía y hay quienes pueden buscar y adquirir baterías con sistema de alimentación ininterrumpidas que se instalan en los domicilios y que cuando se corta la luz, se activan automáticamente. Pero estas no son accesibles para todos y por ello se producen este tipo de situaciones que van surgiendo y que desde el Estado Provincial con políticas públicas inclusivas, se van resolviendo positivamente.

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, José Leonardo Gialluca, informó que, la Secretaría de Energía a cargo de Flavia Royón, es la que establece -Precios Máximos de Referencia- para garantizar el acceso a la garrafa de gas de uso doméstico; habiendo dispuesto este viernes 20 del corriente mes y año, “una nueva suba en los precios de referencia de las garrafas de gas constituyéndose en el segundo aumento consecutivo tras la suba del 45,85% aprobada en diciembre del 2022”. 

Mediante la Resolución Nº 15/2023 publicada en el Boletín Oficial con la firma de Flavia Royón, se dispuso que la garrafa de 10 kilos subirá desde los $923,70 pesos actuales a $1.016 pesos; la de 12 kilos subirá de $1.104,44 pesos hasta $1.219 mientras que la de 15 kilos pasa de los $1.385,55 pesos actuales a $1.524 pesos. 

El Ombudsman Provincial, dijo que el Programa Hogar prevé un esquema de precios máximos de referencia y de compensaciones a ser aplicados a los volúmenes de producto, butano y propano, que tengan por destino exclusivo el consumo en el mercado interno de GLP envasado en garrafas de 10; 12 y 15 kilos de uso doméstico. 

La nueva medida, indica que "los precios máximos de referencia cumplen un rol primordial para asegurar el suministro económico de GLP a sectores sociales residenciales de escasos recursos que no cuenten con servicio de gas natural por redes”; justificando la nueva suba por "la variación experimentada en los valores asociados a la producción de GLP, así como en los costos observados en los segmentos de fraccionamiento, distribución y comercio minorista" por eso, se señala que, resulta necesario actualizar los precios máximos de referencia asociados a la producción y comercialización de GLP, buscando a que el precio al consumidor final resulte de los reales costos económicos de la actividad en las distintas etapas, de manera que la prestación del servicio se realice con las debidas condiciones de calidad y seguridad, siempre manteniendo la protección de los usuarios vulnerables a través del Programa Hogar.

Nuevos Topes de Ingresos Para Acceder a la Garrafa Social: Se informó además que, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), junto a la Secretaría de Energía, otorga a los titulares la posibilidad de acceder al -Programa Hogar-, un plan que brinda un subsidio a hogares, comedores y entidades de bien público que no tienen la posibilidad de acceder a un servicio de gas natural. Pero, a raíz del aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que a partir de este mes ascendió a un total de $65.427, el tope salarial para acceder al beneficio se tuvo que modificar y algunos titulares dejarán de recibirlo. El monto del subsidio por garrafa es de $602. Este valor varía en función del tamaño del grupo familiar, la ubicación de la vivienda y la época del año, ya que aumenta durante los meses de invierno. Quienes cumplan con todas las condiciones que solicita el organismo previsional van a poder completar el formulario de inscripción que está disponible en la página web oficial del gobierno https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/programa-hogar o podrán concurrir por la Sede de esta Institución, sito en calle Padre Patiño Nº 831 en horarios de 8 a 13 y de 18 a 20 horas de lunes a viernes. 

Los interesados deberán tener en cuenta los siguientes requisitos: * Personas que viven en zonas sin servicio de gas natural o que no se encuentren conectados dentro de la red de distribución domiciliaria de gas. * Comedores, merenderos, clubes de barrio, centros de atención infantil y centros comunitarios de todo el país sin servicio de gas natural y que utilizan gas licuado envasado. * Los ingresos del grupo familiar no deben superar los 2 salarios mínimos vitales y móviles, es decir, menores a $130.854. 

El calendario de pagos del Programa Hogar es el siguiente: * DNI terminados en 0: martes 10 de enero de 2023; *DNI terminados en 1: miércoles 11 de enero de 2023; *DNI terminados en 2: jueves 12 de enero de 2023; *DNI terminados en 3: viernes 13 de enero de 2023; * DNI terminados en 4: lunes 16 de enero de 2023; * DNI terminados en 5: martes 17 de enero de 2023; * DNI terminados en 6: miércoles 18 de enero de 2023; * DNI terminados en 7: jueves 19 de enero de 2023; DNI terminados en 8: viernes 20 de enero de 2023; * DNI terminados en 9: lunes 23 de enero de 2023.

En el IV Plenario de ADPRA (Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina) llevado a cabo en Escobar, Provincia de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo de Formosa, obtuvo el acompañamiento de todos sus pares, en la propuesta para integrar a la provincia a las redes ferroviarias argentinas. 

La propuesta expuesta por el Dr. Fernando Sosa, se fundó en que, la historia de los ferrocarriles demuestra que, más allá de marchas y contramarchas, fue y sigue siendo una herramienta para el desarrollo, la economía y la comunicación que tiene un valor superlativo a la hora de pensarnos como un territorio extenso que debe integrar sus regiones a través de un medio rápido, eficiente y económico, tanto para transporte de carga como de pasajeros.

En este sentido, se solicitó que, el Ministerio de Transporte de la Nación a cargo del Prof. Alexis Raúl Guerrera, lleve adelante las acciones administrativas, legales y materiales que sean necesarias para la interconexión de la Provincia de Formosa a la Red Ferroviaria Nacional, sea por medio de la Reactivación del Ramal C-25 del Ferrocarril General Belgrano que une a las ciudades de Formosa Capital y Embarcación, en la Provincia de Salta o eventualmente, la construcción de un tramo de vías férreas que una a las Ciudades de Clorinda, en la Provincia de Formosa, pasando por su Capital hasta Resistencia, cabecera de la Provincia del Chaco, la que cuenta con ferrocarriles en pleno funcionamiento. 

“En todo el mundo se ha llegado a la conclusión de que el ferrocarril es importante, es más barato y es la posibilidad de llegar y dar vida a pueblos del interior. El levantamiento de algunos ferrocarriles en la Argentina, por ejemplo, en los 90, cuando Menem llegó a decir “ramal que para, ramal que cierra”, significó la aniquilación de los pueblos de nuestro interior provincial que fueron fundándose a los márgenes del Ramal – C25 Belgrano Cargas y de la Ruta Nacional Nº 81, la cual, en la actualidad, posee un intenso tránsito de camiones de cargas que provienen, tanto de las provincias del norte, como de otros países y por ello se hace necesario implementar la reactivación de los ramales antes mencionados, para de esta forma, integrar las actividades económicas locales con las existentes en otras Jurisdicciones y donde las consecuencias redundarán en beneficio, no solo de los consumidores, sino también, de las Pymes e Industrias en general

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, José Leonardo Gialluca, informó que se recepcionó una formal presentación por parte de la Firma INTERFOR S.R.L. -Centro de Revisión Técnica-, en la cual se da a conocer que a partir de este jueves 22, la misma “reabre su nuevo Taller con domicilio en Avenida Presidente Arturo Illia Nº 6.025 en el Barrio 16 de Julio de la Ciudad de Formosa, con todos los permisos necesarios para tal actividad.

De acuerdo a lo manifestado desde la empresa, el taller cuenta desde ahora con 3 Líneas de Inspección: 1. Línea Mixta (vehículos pesados y livianos) y 2 líneas para vehículos livianos, con la cual se brindará el servicio para todas las categorías de vehículos”. Además, el Ombudsman Provincial, señaló a todos los usuarios de la provincia que los horarios de atención serán de 6 a 21 horas de lunes a viernes y los días sábados de 6 a 13 horas, debiendo comunicarse al teléfono 3704 452339 o al correo electrónico interforsrl@hotmail.com, para obtener un turno, encontrándose en dicho taller como Director Técnico el Ing. Fernando Granada. En el recorrido que se realizó por el Taller de INTERFOR, se pudo determinar que, “recién el lunes 26 de este mes y año, empezarán a llevarse a cabo las revisiones técnicas a todos los que sean vehículos pesados, tanto de cargas, como transporte urbano de pasajeros y de media y larga distancia. Se hizo saber también que, con relación a los vehículos que se encuentren “radicados en la Provincia de Formosa, son los únicos que podrán llevar adelante la RTO si poseen un polarizado claro o intermedio, pues la Ley Provincial Nº 1.560 es la que permite el uso de los mismos, los cual admiten una visibilidad que otorga seguridad en el tránsito vehicular y la visión de las personas dentro del vehículo, además de poder ver a través de los mismos”. En cuanto a las luces led, solo serán admitidos los vehículos que las traigan colocadas de fábrica, por lo que, en el caso de haberse “adaptado las mismas, deberán ser retiradas, dado que, conforme la Ley de Tránsito, no están permitidas por ser difusas y producir encandilamientos a otros conductores”.

TALLER MÓVIL: Gialluca añadió que, el Taller de Revisión Técnica Obligatoria Móvil que se encuentra en la Av. Laureano Maradona y calle 2 del Barrio República Argentina, detrás de la estación de servicio YPF en el denominado Circuito 5, continuará trabajando hasta fines de noviembre de este año, “por lo que todos los usuarios que tengan turnos para los meses de octubre y noviembre, deberán concurrir a dicho Taller en los horarios de 7:30 a 12:00 horas de lunes a viernes y por la tarde de 15:00 a 19:00, como así también los días sábados únicamente de 7:30 a 12:30 horas”; salvo para los casos de que se presente alguna urgencia fundada, podrán cambiarse hacia el nuevo Taller. Conforme lo expresara el Ing. Fernando Granada, “desde el mes de diciembre en adelante, este Taller Móvil, recorrerá las Ciudad del Interior Provincial para evitar viajes y gastos innecesarios de los interesados”, por lo que iremos dando a conocer los lugares en que se ubicará el mismo.

PRECIOS: En cuanto a los precios actuales, los mismos son: autos – up $7.500; pick-up /utili/combis -up- /rural/todo terreno $9.500; pick-up y/o utilitarios de carga $13.500; camión n2 $17.000; camión n3 de 2 ejes $19.500; camión de 3 ejes $19.500; acoplado de 2 ejes o semi 1 eje $19.500; acoplado 3 ejes o semi 2 ejes $19.500; semi 3 ejes $16.000; minibús m2 (1s1s) $17.000; minibús m2 (1s1d) $17.000; ómnibus m2 2 ejes (1s1d) $19.500; ómnibus 3 ejes $22.000; ómnibus 4 ejes $23.000; remises $7.500; transporte escolar $16.000; ómnibus urbano $19.500.

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, José Leonardo Gialluca, recepciono el Oficio Nº 3016/22 con la respuesta a las medidas peticionadas desde el -Observatorio de Violencia de Género- al Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1 de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en Clorinda y que se relaciona con una Actuación de Oficio en la causa caratulada: “J.R.C. s/Amenazas y Lesiones Leves Calificadas por el Vínculo y el Género”, Expte. Nº 1.490 Año 2022, iniciado por denuncia de CAB en fecha 27 de julio del corriente año, por un hecho acontecido en su domicilio particular ubicado en el barrio “10 de Junio” de la Localidad de Laguna Naick Neck. 

Ese día a las 2 horas el ciudadano J.R.C. se presentó y la agredió físicamente, causándole lesiones en región del cuello, pierna, brazo y otras partes, concurriendo a la Comisaría de dicha Localidad, donde la asesoraron que debía concurrir al nosocomio local, siendo acompañada por personal policial femenino y no siendo asistida, ya que los profesionales le expresaron que a ese horario no había médico especialista. 

El agresor, es ex pareja de la víctima y se desempeñaba como Secretario de Gobierno de la Comuna Local, con quien mantuvo una relación de pareja por 2 años y medio, resultando que en el último tiempo la mujer venía recibiendo maltratos físicos y verbales, menoscabándola en su condición de mujer, hostigándola permanentemente y no permitiéndole desarrollar sus actividades cotidianas con tranquilidad. 

En fecha 1 de agosto del corriente año, el Procurador Fiscal Dr. Miguel Ángel Ortíz formuló Requerimiento de Instrucción Formal Nº 49/22 por los delitos de “Amenazas y Lesiones Leves Calificadas por el Vínculo y el Género” previsto y penado por los Arts. 149 bis y Art. 92 en función del Art. 89 por remisión al Art. 80 incisos 1 y 11; en fecha 5 de agosto del 2022 se dispuso Auto de Instrucción Formal Nº 315/22 en concordancia a lo peticionado por el Ministerio Público, imputándose a JRC dichos delitos, habiéndose acordado la eximición de prisión en la misma fecha, no registrando antecedentes penales el mismo. 

El Ombudsman Provincial añadió que, las medidas de protección a favor de la víctima en el Juzgado de Paz de Menor Cuantía de la Localidad de Laguna Blanca tramitan las Actuaciones caratuladas: “CAB c/ J.R.C. s/Solicitud Medida de Violencia de Género”, Expte. Nº 546/22, en el cual en fecha 27 de julio del corriente año, por Auto Interlocutorio N° 50/22 se dispuso: “Prohibición de acercamiento a la vivienda que habita la víctima y/o los lugares de concurrencia e inclusive su acercamiento en la vía pública, lugar de trabajo, esparcimiento y/o cualquier lugar donde estuviere dentro de un radio de 200 metros, todo ello por el término de 90 días, bajo apercibimiento de iniciarse causa penal por Desobediencia Judicial; asimismo se impone al denunciado la prohibición de enviar mensajes de texto y/o mensajes o audios de whatsapp y/o messenger y efectuar llamadas telefónicas u por otro medio o red social, para contactar o denigrar a la exponente”. 

Desde el Observatorio de Violencia de Género, que funciona en el seno de la Defensoría del Pueblo, señalaron como acertadas las medidas ordenadas por la Dra. Mirta Graciela Oviedo Juez Subrogante del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1 de la Ciudad de Clorinda.

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Leonardo Gialluca, denunció formalmente por ante el Canciller Argentino Santiago Andrés Cafiero, “que se proceda a investigar y posteriormente tomar las medidas administrativas y legales correspondientes contra la Federación Departamental de Cooperativas Mineras, ante la rotura de un Dique de Colas en la Comunidad de Agua Dulce, en Potosí que ocasionó que el Río Pilcomayo sufra una de las tragedias ambientales más serias en estos últimos años”.

Consideró que la situación se agrava porque el Dique que colapsó mantenía residuos con metales pesados como el mercurio, cianuro y otros elementos que son altamente tóxicos para los peces del Pilcomayo, para toda la Fauna y las Comunidades Originarias y Criollas que están asentadas en las riveras de este Río Internacional”. Desde el Organismo de la Constitución, se denunció también que, “por gestiones que hemos entablado con nuestro par de Bolivia, este Dique aún sigue en funcionamiento y la Gobernación de Potosí poco y nada ha hecho para frenar los efectos del mayor desastre ambiental de este siglo para el Sur de Bolivia” advirtió.

“De las fotos y videos se pueden observar que las riveras del Pilcomayo y otros cauces tienen presencia de un material plomizo que serían los materiales del Dique de Colas” agregó.

Se incluyó en la denuncia que, este Dique constituía una estructura improvisada y que no reunía con las condiciones necesarias para su funcionamiento, asimismo, no poseía una geomembrana y solamente se lo estabilizó con taludes, bolsas de nylon y carpas de camión viejas, es decir que, “la pésima calidad constructiva del Dique de Colas, agravó el paso de los materiales contaminantes hacia las aguas de nuestro Río Pilcomayo”. 

Gialluca resaltó el rápido accionar de la UPCA, así como también de la Subsecretaria de Recursos, Naturales, en defensa de las aguas del Río Pilcomayo que en algunas épocas escurren a través del Bañado La Estrella y luego de recorrer unos 200 km; se encauzan en los riachos El Salado y El Porteño principalmente, y en los riachos Tatú Piré y Monte Lindo.

Manifestó asimismo que “por ahora, es muy posible que este incidente no afecte el cauce en nuestro territorio provincial, toda vez que, los metales pesados antes citados tienden siempre a ser absorbidos en los sedimentos del río y extraídos de la fase acuosa, pero se debe estar atento a los resultados que arrojen los monitoreos, pues, su llegada depende de la velocidad de arrastre de los sedimentos desde la alta cuenca hasta nuestro territorio y que la ventaja que tenemos es que estamos en época de estiaje (caudal mínimo que alcanza un río), por lo cual, la velocidad del agua es mucho más lenta”. 

Finalmente indicó Gialluca que, de acuerdo a los resultados que se vayan recopilando, serán compartidos con todas las Autoridades Provinciales y Municipales del Oeste Provincial, “a fin de hacer las recomendaciones pertinentes y de esta manera prevenir la salud pública y el ambiente”. 

Desde el gobierno Plurinacional de Bolivia se informó que el arrastre de los sedimentos recorrieron 32 kilómetros aguas abajo del Agua Dulce (en Potosí, Bolivia, en donde sucedió el problema ambiental). Es así que la contaminación arrastrada sigue sobre el río Tarapaya, sin llegar aún al río Pilcomayo, cuya cuenca atraviesa Bolivia, Argentina y Paraguay.

Así lo informó el secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Mauricio Romero Leal, al sostener que pese a esta situación la Comisión Trinacional de la cuenca del Pilcomayo (que conforman los tres países) decidió que a partir de hoy se harán los monitoreos correspondientes desde el punto de muestreo que se encuentra en la zona fronteriza de Misión La Paz. 

Las informaciones que llegaron desde el vecino país sostienen que en Bolivia se trabaja para extraer los sedimentos con el propósito de que no impacten en las aguas cuando el caudal del río crezca. Y es que al estar las aguas bajas (en época de estiaje), se demora el arrastre de las sustancias tóxicas que se hayan aportado al río tras el colapso. 

"Lo que se busca es extraer el sedimento para no dejar las condiciones en el lugar de manera que no sean arrastrados cuando haya caudal por lluvia", explicó Romero Leal. Sin embargo, indicó que la idea es seguir haciendo los monitoreos necesarios para poder manejar la mejor información posible y llevar tranquilidad a las poblaciones ribereñas. 

En cuanto a los posibles resultados de los muestreos que se prevén tomar hoy, indicó que se espera contar con resultados dentro de unos 15 días. 

Fuente: Página 12

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, José Leonardo Gialluca, advirtió que mientras el Congreso Nacional siga postergado el debate sobre las modificaciones para llegar a una norma final sobre alquileres que contemple, tanto los intereses de los inquilinos, propietarios e inmobiliarias, los únicos mayormente perjudicados, son todos aquellos que deben por necesidad y obligación pagar una suma de dinero cada vez más alta en concepto de alquiler. El actual Ministro de Economía, Sergio Massa, como Presidente de la Cámara de Diputados, prometía modificaciones y trabajaba para obtener un rápido consenso en este tema, que ahora ha quedado sin su promotor y continua alta inflación, las faltas de ofertas frente a una gran demanda. Gialluca, señaló que “en nuestro medio las inmobiliarias no hacen contratos por fuera de la ley vigente pues les puede originar graves consecuencias. Pero, esto no significa que, en la práctica, estemos detectado y observado, que la mayoría de los propietarios si se están rigiendo por la ley anterior, que establecía, contratos por 2 años e incrementos pactados entre las partes. Es aquí donde las actualizaciones no se hacen de forma anual, sino cada 6 meses y son propietarios e inquilinos los que acuerdan los porcentajes de aumento de los alquileres que van entre un 30 o 35 % aproximadamente. Gialluca, recordó que, “la ley vigente establece un incremento anual, a través de un índice que publica el BCRA, tomando como parámetro la inflación y los salarios”. Son varios los inquilinos que venimos asesorando en la Defensoría del Pueblo y que por los actuales índices inflacionarios, nos piden que se incluyan cláusulas de que, si la inflación supera el 30 o 35 % en los últimos 6 meses, se renegocie la suba del alquiler entre las partes. Otra problemática actual, son las renovaciones de los contratos de alquiler, donde los inquilinos vienen y nos piden, prórrogas, manteniendo los incrementos semestrales y en porcentajes similares a la inflación. El Ombudsman Provincial advirtió que todos estos contratos no son legales y tienen cláusulas tramposas y abusivas. Se firman contratos, cada 6 meses, siempre al mismo propietario, originándose en consecuencia, contratos temporarios. En este mismo sentido, también advertimos que en varios contratos pudimos encontrar se exigen su pago en dólares billetes. En otros se toma como referencia una especie de dólar de referencia o intermedio, “entre el blue y el oficial”.  Aquí, es necesario señalar que la ley impone que los alquileres sean en pesos, y si se hace en dólares u otra moneda extranjera, se corre el riesgo de que no sea considerado legal ante la justicia competente. 

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, José Leonardo Gialluca, conjuntamente con el titular del ICA, Esteban Ramírez, señalaron que se obtuvo el levantamiento del corte de la RN Nº 81 a la altura de Bartolomé de las Casas, el cual, llevaba varios días.

La medida perjudicaba tanto a vehículos livianos, de cargas, ambulancias, transporte de caudales y otros al no existir en la zona caminos alternativos. 

Desde el Organismo, se informó que todo lo relacionado al aprovisionamiento de agua potable en dicha comunidad, se vio resentida porque en la zona que es abastecida mediante camiones cisternas, uno de ellos tuvo un desperfecto mecánico, a lo que se le sumó la faltante de gasoil. Pero se aclaró que, desde inicios de esta semana, este punto ya había sido solucionado.

Por otro lado, en relación al pedido de Pensiones Nacionales, el Titular del ICA Esteban Ramirez, acordó recopilar toda la documentación necesaria para coordinar las gestiones pertinentes por ante el ANSES Formosa, advirtiéndose que, “como en todo beneficio social, solamente pueden acceder al mismo quienes reúnan los requisitos establecidos por ley”. 

Gialluca les solicitó a las referentes que llevan adelante la medida, que todas las Instituciones y Organismos del Estado Provincial, tienen sus puertas abiertas para atender las necesidades de las diversas Comunidades Originarias. 

El funcionario asimismo advirtió que, en este caso, más allá de los reclamos efectuados, “hemos podido documentar la intervención activa de un productor agropecuario que estuvo presencialmente en el corte de ruta y no tuvo ninguna empatía para encontrar un equilibrio entre los miles de personas que necesitaban transitar por esta Ruta Nacional y el reclamo planteado por un reducido número de mujeres originarias” dijo.

Ante esta situación, el ombudsman “llamó a la reflexión a quienes pretenden involucrarse en actividades políticas, pero sin ninguna clase de compromiso social, pues los cortes de rutas además de ser un delito, una vez que se han visibilizado los problemas, el Estado Nacional, Provincial o Municipales, actúan siempre en consecuencia, por lo que, no es necesario continuar con estas conductas marginales que lo único que hacen es agravar los perjuicios y extenderlos a toda nuestra sociedad”.

La semana pasada quedó conformada la mesa de trabajo que lleva adelante la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario con el objetivo trabajar de manera articulada con los referentes de las entidades bancarias que operan la provincia, Defensoría del Pueblo, Procuraduría Fiscal y la Policía de Formosa para elaborar acciones que ayuden a combatir y prevenir casos de estafas. 

Las modalidades de estafas y fraudes se perfeccionan cada vez más rápido en todo el mundo y Formosa no es la excepción, algunos de ellos como perfiles falsos en redes sociales que envían mensajes directos, llamadas telefónicas, mensajes de texto o de WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería, además de correos electrónicos engañosos para obtener datos personales y bancarios están a la orden del día. 

En este sentido, desde Banco Formosa habilitó una línea exclusiva para denunciar la sospecha o estafa telefónica y/o digital, 0800 888 0088, la denuncia se puede hacer todos los días las 24 hs, incluso feriados, además, también podrán enviar un mail a atencionalusuario@bancoformosa.com.ar con el asunto “Seguridad”. 

Por último, desde la entidad bancaria, aconsejan a los clientes ser sumamente precavidos con todas las transacciones que realicen en sitios de internet y plataformas digitales. 

Los canales oficiales de redes sociales cuentan con tilde de verificación, ante cualquier tipo de dudas o consultas los clientes pueden llamar al Centro de Atención a Clientes 0800 777 2262 o bien acercarse a la sucursal más cercana a su domicilio.