El Partido Justicialista Distrito Formosa, a través de su presidente, Gildo Insfrán, repudió el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la ex-presidenta Cristina Fernández de Kirchner, considerándolo “un hecho de máxima gravedad institucional, porque pone en jaque la soberanía popular”. 

En el comunicado sostiene que “a pocas horas de recordar los 69 años de los fusilamientos de José León Suarez, en los que compañeros cayeron ante las balas asesinas de la Revolución Fusiladora, un hecho anunciado días antes por los medios hegemónicos de comunicación y festejado con anticipación por los sectores antipopulares, nos vuelve a poner, como peronistas, ante la exclusión política”. 

Asimismo, resaltan que “el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que confirma la condena de la dos veces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, lejos de ser un acto imparcial en un proceso judicial, es un acto político llevado adelante por quienes fueron integrantes de la mesa judicial de la derecha argentina”. 

Y aseguran que “este es un hecho de máxima gravedad institucional, porque pone en jaque la soberanía popular sobre la cual se asienta la República y la convivencia democrática”. 

“Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático, por imperativo constitucional”, remarcan y subrayan que “la proscripción de la presidenta del principal partido opositor (PJ) en tiempos de definiciones electorales constituye un ataque a la democracia que no admite el silencio de ningún espacio político del país”. 

En este sentido, se manifiesta que “esta manipulación política-judicial no se funda en el derecho, sino que es reflejo del odio histórico de los poderosos de la Argentina frente a cualquier expresión política en favor del pueblo”.

Además, en el comunicado indican que “es un nuevo intento de exterminar al peronismo, pero no es el único; no podemos olvidar, en esta renovada persecución, la ilegal detención sin orden judicial del compañero Juan Grabois días atrás”. 

Por eso, consideran que “fiel a sus principios y convicciones, el Partido Justicialista Distrito Formosa, se opone por responsabilidad histórica y compromiso con el pueblo, a esta nueva agresión brutal de la antipatria”.

Y señalan que “fracasarán en su accionar antidemocrático y antipopular”, destacando que “el peronismo saldrá fortalecido y unido, venciendo sobre la oscuridad que nuevamente se ciñe sobre la Patria”. 

Al concluir, convocaron “en paz a todos los argentinos y argentinas a luchar para recuperar la soberanía de la voluntad popular vulnerada y para dejar atrás esta Argentina de persecución, proscripción política, hambre y endeudamiento al que nos quieren someter”. 

“El amor vence al odio. Siempre”, finaliza el documento.  

La presidenta del Tribunal Electoral Permanente (TEP) de Formosa, la doctora Sandra Moreno, se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el artículo 132 de la Constitución local, aclarando que el máximo tribunal “no tiene competencia” para resolver cuestiones electorales provinciales. 

En referencia al reciente fallo de la Corte, la jueza electoral de la provincia dejó en claro que el mandato del gobernador GildoInsfrán “es legítimo porque ha sido obtenido con el voto popular en la elección del 2023”, tal como ha sucedido en los anteriores comicios. 

“En primer lugar –resaltó-, hay que tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no tiene competencia para resolver estas cuestiones. Pero igualmente ya vimos desde el año pasado que se metió en elecciones provinciales adecuando una mala presentación de un sector político, dándole la forma de medida cautelar, que tampoco corresponde, y ordenando suspender elecciones provinciales. Por eso no es raro que haya también emitido opinión sobre esta cuestión de Formosa a pesar de queno es competente”, insistió. 

También consideró “válido aclarar que, más allá de todo lo que vamos a analizar del fallo, lo cierto es que el mandato del Gobernador de la provincia es legal, porque está sujeto a todas las normas legales provinciales, que es lo que corresponde, y también es legítimo porque ha sido obtenido con el voto popular en la elección del 2023, al igual que las anteriores, donde ha estado en el 70% de los votos positivos de todo el electorado formoseño”. 

“Después hay un dato muy importante en el punto 15, que cualquier abogado de la provincia lo tiene que entender, y la ciudadanía en general también, la Corte dice que este tribunal no puede inmiscuirse en el poder constituyente provincial. Tampoco puede decirle a la convención constituyente que va a reformar la Constitución de Formosa qué escribir, ni pone plazos para el cumplimiento de esta reforma constitucional”, explicó.

Indicó, además, que “en términos generales, no habría ningún tipo de inconveniente”, ya que “por un lado el Gobernador va a terminar tranquilo su mandato en el 2027, y por otro lado, no hay necesidadde una convocatoria inminente, urgente, rápida (de la convención) porque el mismo fallo de la Corte no da ningún plazo”. 

Acerca de declaraciones de legisladores del Radicalismo que consideraron que el mandato de Insfrán es ilegítimo y que incluso se debería llamar a elecciones provinciales, la presidenta del TEP dejó en claro que “la verdad es que eso en ninguna parte lo dice el fallo, no hace ninguna mención al mandato del Gobernador. Así que quizás no saben leer el fallo de la Corte o se basan en mentiras solamente”, advirtió. 

Finalmente, Moreno recordó que “el fallo está a disposición de toda la ciudadanía, es larguísimo, pero las partes relevantes son estas: por un lado, si bien declara la inconstitucionalidad de una reelección indefinida, pero por otro lado, la Corte misma dice que no puede inmiscuirse en lo que va a escribir el poder constituyente provincial, en base a las autonomías provinciales, y en ninguna parte pone plazo, como tampoco habla de la ilegitimidad del mandato del Gobernador”.

El diputado provincial Rodrigo Vera se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante el cual se declaró la inconstitucionalidad del artículo 132 de la carta magna provincial, referente a la posibilidad de reelecciones para los mandatos de gobernador y vicegobernador de la provincia. 

Al respecto, explicó que la Corte aclara que toma esa decisión ‘con el alcance indicado en el considerando 15’, es decir, “reconociendo que no puede inmiscuirse en el poder constituyente local, que es el único legitimado para decidir sobre la redacción de ese artículo, lo cual ya fue previsto por el Gobernador de la provincia al enviar el proyecto de ley de declaración de necesidad de reforma de la constitución provincial en el mes de octubre”. 

Recordó Vera que, “en el mensaje de elevación de ese proyecto de ley, el gobernador Insfrán enumeró los objetivos generales para reformar la constitución provincial, incluyendo entre ellos el ‘afianzar el sistema representativo, republicano y democrático, previendo nuevas regulaciones sobre los derechos políticos a elegir y ser elegidos”. 

“De esta manera, ya quedó habilitada la discusión del artículo 132 y su redacción final no dependerá ni de la Corte Suprema ni de lo que diga nadie en Buenos Aires, sino que dependerá de lo que resuelva el pueblo formoseño votando a los convencionales constituyentes que darán la forma final al texto constitucional”, ahondó.

En esta misma línea, expresó el legislador provincial que “por esta razón, que es consecuencia del sistema federal argentino y que la propia Corte reconoce, es que para el ámbito local la sentencia no tiene mayores consecuencias, ya que el proceso de reforma constitucional ya está en marcha y será la convención constituyente la que establecerá nuestras regulaciones sobre los derechos políticos”.

“En este marco, no deja de ser interesante notar que la Corte Suprema cita en su fallo una causa de Santiago del Estero de 2013 donde se declaró la validez de una cláusula transitoria incorporada en el nuevo texto constitucional local que aclaraba que el mandato a gobernador al momento de la reforma ‘deberá ser considerado como primer período’, cláusula similar a la incorporada en la reforma de la constitución nacional de 1994 en relación al mandato presidencial. Interesante análisis”, consideró.

En respuesta a las reacciones de dirigentes opositores en relación al fallo, Vera respondió que “es hasta cómico verlos festejar una sentencia que no cambia en nada el camino institucional ya trazado en Formosa, y celebrar una supuesta ‘proscripción’ que la Corte no dispone en su resolutorio”.

“Por el contrario, en un pasaje del fallo se señala textualmente que es un límite de la discusión y un extremo ‘la proscripción de un candidato como resultado de su imposibilidad de competir ilimitadamente’ así como la personalización del poder según su criterio, y hasta recuerdan negativamente al nefasto decreto-ley 4161 de marzo de 1956 mediante el cual la Revolución Fusiladora proscribió al P.J. y al General Perón”, destacó.

No obstante, señaló el diputado, que “al parecer un juez sí añora ese decreto de la dictadura, ya que Rosenkrantz llega al ridículo de opinar en su voto particular que el Gobernador no debió ser habilitado para competir en las elecciones pasadas, olvidándose del pequeño detalle de su enorme legitimidad democrática por haber sido elegido por el 70% del pueblo formoseño, apoyo sin igual en la Argentina”.

“Igual poco dura su razonamiento antidemocrático porque concluye en la inalterabilidad del mandato vigente hasta 2027, por más que el diputado radical (Fernando) Carbajal grabe videos diciendo lo contrario y demostrando nuevamente que solo pudo llegar a juez federal a dedo y salteándose lo concursos, ya que difícilmente los hubiera aprobado”, apuntó.

Vera, abogado y especialista en Derecho Constitucional, argumentó que, si bien fallo de la Corte Suprema no sorprende ni cambia nada, “es un gravísimo precedente para el federalismo argentino”, porque “es la primera vez en la historia que la Corte avanza declarando la inconstitucionalidad de un artículo de una Constitución provincial, que es reflejo del poder constituyente local ni más ni menos, y en materia de derecho público local electoral, que es una materia no delegada por las provincias a la Nación”.

“Esto ocurre sin que haya una violación de ninguna norma de la Constitución Nacional por parte de la Constitución formoseña, sino a partir de una laxa interpretación de un nuevo concepto de ‘república’ donde la ‘alternancia’ reemplaza al requisito de periodicidad, algo que ni siquiera existe en los 16 estados de los Estados Unidos, que es de donde tomamos como Nación el diseño de la república constitucional”, expuso.

Y advirtió: “Esto es un gravísimo precedente para el federalismo argentino, ya que la letra de las constituciones provinciales dependerá de los criterios de interpretación que vayan tomando los jueces, aún en materias ajenas a su competencia, como ocurre en este caso y como hasta Rosenkrantz lo reconoce al final de su voto”. 

A modo de conclusión, Vera ratificó que “este fallo no cambia el proceso de reforma constitucional que iniciamos en octubre” sino que, por el contrario, “ratifica al poder constituyente local como el único habilitado para definir el fondo de esta cuestión, que es la redacción del artículo 132 de la constitución provincial”.

“Y tampoco cambia el escenario político, por más que la oposición crea que desde Buenos Aires les pueden conseguir los votos que los formoseños les niegan en las urnas”, aseguró.

Y cerró: “A pesar de los que creen que aun somos territorio nacional, el pueblo formoseño elige soberana y libremente cada vez que es convocado, y así lo hizo el año pasado votando contundentemente por el Modelo Formoseño y por la conducción de Gildo Insfrán. Estoy seguro que lo mismo ocurrirá en los comicios que se avecinan el año que viene porque somos un pueblo esclarecido y dueños de nuestro propio destino”.

Este martes por la mañana, en el edificio de Tribunales, la doctora Claudia María Fernández juró y asumió sus funciones como ministra del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Del acto de asunción participaron, además de las autoridades judiciales, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González; y el presidente Provisional de la Honorable Legislatura de Formosa, Armando Felipe Cabrera.

La funcionaría había sido designada mediante la resolución N°3334 de la Legislatura Provincial, al mismo tiempo que presentó la renuncia su cargo de secretaria de Cámara que ejercía al momento de su nominación a través del Acuerdo 727 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa.

Al respecto, la flamante ministra expresó que “es un gran honor ocupar el cargo”, pero reconoció que lo hace con una “una doble presión: la de ser la mujer, que creo que estaba faltando en el Superior Tribunal de Justicia”.

“El Superior está integrado, es un superior con conocimientos, seguramente me tocará a mí aprender de ellos, pero creo que la mirada que tiene una mujer es necesaria en todos los altos estamentos. Desde hace rato peleo, incluso, para la Corte Suprema, así que es un honor para mí venir a integrar este STJ”, sostuvo.

Asimismo, indicó que “ya tenía un buen cargo en algo que me encantaba hacer a nivel gremial en la vicepresidencia de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, organizando comisiones, integrando la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Género, la Comisión de Funcionarios”.

“Entonces mi carrera profesional en el federal estaba para mí ya en el gano. Y esto representa un desafío inmenso para el cual digo, listo, ya estoy preparada”, aseguró.

De esta manera, Fernández manifestó que asume este nuevo desafío con el compromiso del respeto a la Constitución y las leyes; y consideró que, el acceso a la justicia para el ciudadano, “tiene que ser simple”. 

“Yo creo que tiene que haber una facilidad, pero que se da mucho, yo advierto, acá en la provincia con los Juzgados de Paz, en donde realmente el ciudadano, en cualquier localidad, tiene uno y no tiene que recorrer, que no pasa a nivel federal, donde solamente el Juzgado Federal está ubicado en la ciudad de Formosa”, opinó.

Y agregó: “Pero tiene que allanarse para que quien tenga cualquier tipo de inconveniente con la ley, en materia penal, sea materia civil o lo que sea, le resulte de fácil acceso”.

Por último, la Ministra anticipó que, “sin lugar a dudas”, seguirá en su gestión con la Oficina de la Mujer y las cuestiones de género y, advirtió, “que yo hice en el año 2010 los talleres de género con la doctora Argibay”.

“Catorce años después veo que muchos hombres se han aggiornado, se resignan, pero me parece que desde las mujeres nos está faltando implementar un poco más todo lo que estamos estudiando”, indicó.

El senador por Formosa de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, emitió una firme advertencia durante la jornada especial en el Senado sobre la posible designación de Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema.

Paoltroni subrayó que la concentración de poder siempre termina en tiranía, advirtiendo que la posible designación de Lijo, un juez que podría permanecer hasta 40 años en la Corte Suprema, podría ser perjudicial para el país.

"El señor presidente de la Nación podrá ser presidente de la Nación ocho años, pero acá vamos a poner un juez que puede estar hasta 40 años," afirmó. "Apelo a la responsabilidad de todos mis colegas," agregó, haciendo un llamado a los senadores a reflexionar sobre el impacto de sus votos en la estabilidad democrática de la Nación.

Desde el espacio político, Causa Provincial, liderado por el profesor Miguel Ángel Insfrán se mostraron preocupados y a través de un comunicado conjunto con sus referentes territoriales rechazaron los intentos de proscribir al Gobernador de la provincia.

“Lamentablemente, no es la primera vez que el conservadurismo en Argentina, con sus aliados locales, utilizan las instituciones de la República o los poderes del Estado, en este caso la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), para intentar proscribir las expresiones más contundentes y acaloradas del movimiento nacional y popular”, señalaron.

Y explicaron que: “tanto el radicalismo como el peronismo cuentan con una larga y dolorosa historia en esta materia”. 

“El radicalismo, que ya venía con una tradición de abstención y resistencia previa al dictado de la Ley Sáenz Peña, fue luego víctima del golpe de Estado de 1930, dónde inició un nefasto periodo de cárcel, persecución, muerte y exilio, (el propio Hipólito Yrigoyen fue arrestado y encarcelado, al igual que Lisandro de la Torre y Arturo Jauretche)", indicaron. 

“Lo mismo sucedería más tarde con el peronismo y su larga historia de persecución, impuesta con la misma mano que siempre castigó las voces del campo nacional y popular y a sus dirigentes más encumbrados”, exteriorizaron.

A pesar de esta trayectoria, “desde esta expresión del radicalismo venimos pronunciándonos contra todo acto de proscripción y vamos a seguir defendiendo el orden institucional, la autonomía provincial, el derecho a resistir y defender nuestra Constitución Provincial, pues solo el pueblo de Formosa tiene el derecho soberano de sostenerla o modificarla”.

“Una vez más, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene ante sí un expediente que reedita una discusión que los formoseños dimos por terminada hace mucho tiempo”, remarcaron.

Además, “es importante aclararle a la sociedad, y en particular a aquellos lectores que no profesan intereses odiosos, que la posibilidad de ser "electos y reelectos" para quienes gozan de la aceptación mayoritaria en sus comunidades es y será siempre "indefinida en el tiempo" y solo condicionada por la propia voluntad popular”, subrayaron.

Esto se debe a que, “algunas Constituciones Provinciales de nuestro vasto Federalismo no han buscado impedir -de forma indefinida o permanente- que un gobernante electo o ya reelecto -una, dos o tres veces- pueda en el futuro acceder al mismo y representativo cargo, tal como sucede en los Estados Unidos, donde el Presidente nunca más puede volver a serlo (Vigésima Segunda Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos)”.

“En definitiva, es el Pueblo de Formosa, quien dictará su propia Carta Constitucional y quien tiene el derecho de elegir, con la alternancia constitucional prevista (cada 4 años), al ciudadano que conducirá su destino en ese periodo”*, concluyeron, dejando en claro su postura y apoyo indeclinable a la figura del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán y por sobre todo, a la voluntad del pueblo formoseño que siempre, se manifiesta libre y democráticamente en las urnas .

Días atrás trascendió una presentación con el pedido de impugnación de candidatura al Gobernador Gildo Insfrán, por parte de Francisco Paoltroni, candidato a gobernador por el Partido Libertad, Trabajo y Progreso.

Cabe destacar que la presentación ante la Corte Suprema de Justicia fue realizada con el patrocinio del afamado abogado Daniel Sabsay, quien, según los expertos, pasó por alto un gravísimo error que podría perjudicar al ganadero devenido en político. 

Es que para escritos tan importantes la Justicia exige la firma ológrafa de quien lo presenta, es decir, estampada de puño y letra, sin embargo la solicitud de acción declarativa de inconstitucionalidad contra la provincia realizada por Paoltroni, tendría impresa una  firma como imagen digital, lo cual la convierte en un instrumento inexistente, dada la formalidad estricta del acto, razón por la cual los Supremos la desestimarían.

Los cabildeos tribunalicios expresan que en estas causas es intolerable una “avivada como la que hicieron con la firma” porque  “las denuncias contra la candidatura de Gildo Insfran tienen una altísima exposición pública y política, lo cual no deja mucho margen de actuación a los Ministros de la Corte, quienes se están moviendo con pie de plomo”, porque señalan en los pasillos del Palacio de Justicia que “los cortesanos evalúan que el Gobernador de Formosa tiene un perfil muy distinto y un peso político nacional mucho mayor  a los de  Manzur y Uñac que que acataron sin mayor cuestionamiento la cautelar que ordenaba la suspensión de las elecciones en sus respectivos distritos”.

Teniendo en cuenta la presentación que hizo la oposición ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se expida sobre el artículo 132.o de la Constitución Provincial, solicitando suspender las elecciones del 25 de junio, la provincia espera la resolución.

Cabe recordar que, en respuesta a eso, impulsada por la Fiscalía de Estado, la provincia de Formosa inmediatamente formalizó ante la CSJN la defensa de su autonomía y la democracia, buscando proteger el derecho a tomar decisiones propias sin interferencias externas. 

En este marco, Rodolfo Carlos Barra, exmiembro de la CSJN, doctor en Derecho, profesor titular ordinario de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo y quien amparó el escrito de Formosa, señaló que lo que se busca es “evitar esa intervención de la Corte o que nos escuchen antes de que se produzca la intervención en concreto”.

Sostuvo que “la posibilidad de la reelección no tiene nada que ver con el sistema republicano, es decir, no lo afecta”, asegurando que hay infinidades de ejemplos en el mundo de dirigentes, ya sea como jefes de Gobierno del sistema parlamentario o presidentes del sistema presidencialista, que tienen libertad de elección indefinida, “y nadie puede decir que allí se afectó el principio republicano, de ninguna manera”.

Asimismo, recordó que el procurador general Eduardo Casal envió un dictamen en el que opinó que el proceso resulta ajeno al conocimiento del Tribunal, afirmando que “coincido totalmente”.

“Nosotros confiamos en que la CSJN seguirá esa opinión que es muy fundada y clara, ya que realmente no tiene intervención originaria, porque está actuando como un Tribunal de única instancia en una cuestión que es de derecho local y que tiene que ser debatida en la jurisdicción provincial”, afirmó Barra. 

Y aclaró que “no estamos postulando que tenga que abstenerse”, pero explicó que ahora no lo debe hacer, porque no se ha discutido en sede provincial. 

Judicialización de la política 

Además, consideró que quizás esto responda a un oportunismo político, destacando que “la gravedad en la cuestión está en que esto sí que afecta al principio republicano y judicializa la política”. 

Entonces, aseveró que “cuando los dirigentes políticos no logran convencer al pueblo, siempre buscan el camino judicial, a ver si consiguen que un juez tome una decisión que beneficie a esa postura del político que no consigue votos”. 

Expuso que, en el caso de Formosa, a diferencia de San Juan y Tucumán, el artículo 132.o de la Constitución Provincial” es absolutamente claro y espero que esto lo advierta la Corte”.

A su vez, respecto a los tiempos de la CSJN, remarcó que “son muy breves porque se ha pedido como medida aplicativa que se suspenda todo el proceso electoral en la provincia de Formosa y entonces, para resolver esto, ha pedido velocidad en la decisión del procurador general”.

Por lo tanto, manifestó que lo más probable es que haya una resolución, confiando en que “la decisión va a ser positiva para la provincia de Formosa”.

Y aclaró que “en todo caso si esa norma tuviese que ser modificada habría que llamar a una Convención Constituyente, más adelante, y plantear una reforma de ese artículo en cuestión”, enfatizando que “no puede ser ahora en medio del proceso electoral que ya está eh bastante avanzado”.

El Gobierno nacional ya definió los temas que pedirá que se debatan durante las sesiones extraordinarias a partir de la segunda quincena de enero. Son 27 puntos, entre los que se encuentran el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia y un pedido para ampliarla, impulsado por el presidente, Alberto Fernández, y varios gobernadores. 

Según anticipó la portavoz Gabriela Cerruti, el Presidente tiene la intención de que los tiempos sean "lo más breves posibles" y, en respuesta a una pregunta, subrayó que la mayoría de los mandatarios provinciales "acompañan el reclamo" de la Corte. 

Los temas:

Fuente: El Destape

El presidente de la Nación Alberto Fernández y gobernadores acordaron este martes impulsar de manera conjunta el juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acusándolos por “mal desempeño de sus funciones” y “manifiesta parcialidad” a la hora de dictar fallos.

El jefe de Estado encabezó en la Casa Rosada el segundo encuentro con los mandatarios que, en línea con el Gobierno nacional, rechazan la medida cautelar dictada por el máximo tribunal en favor de la ciudad de Buenos Aires en torno a un diferendo por los fondos destinados al traspaso de la Policía a la órbita porteña.

En ese marco, el gobernador de la provincia de Formosa Gildo Insfrán acompañó con su firma el pedido de juicio político a los magistrados.

De acuerdo al comunicado difundido este martes, la decisión fue “impulsar el juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Horacio Rosatti, por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional”.

Asimismo, y respecto de algunos hechos con distintos grados de responsabilidad, solicitar que se inicie el proceso de juicio político respecto de los integrantes del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Por último, pedir al bloque de diputados/as del Frente de Todos que apoye e impulse el proyecto correspondiente para que se inicie, lo antes posible, el proceso institucional en el Congreso de la Nación.

Firmaron la petición,además de Insfrán, los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora de Santiago del Estero, Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo de Tucumán.

La doctora Marcela Machi Ruiz, presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura, cumplió una ajetreada agenda interinstitucional de trabajo en la ciudad de Formosa y fue recibida por el gobernador Gildo Insfrán.

Acompañaron la reunión con el primer mandatario provincial la fiscal de Estado de la provincia y presidenta del Foro Permanente de Fiscales de Estado de la República Argentina, Stella Maris Zabala y la presidenta del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Formosa, Viviana Taboada.

Machi Ruiz, cumpliendo con lo propuesto al momento de asumir su función de conocer la realidad de cada una de las provincias, llegó a Formosa y dijo que “no es lo mismo la percepción que se tiene estando lejos, que conocer las problemáticas de las provincias, su gente y los  proyectos”.

“Este es uno de nuestros objetivos, el de la federalización”, enfatizó y expuso que en el encuentro con el gobernador Gildo Insfrán, “en una charla interesante y agradable le transmitimos todo lo que vivimos como magistrados, en tanto que él nos comentó lo que busca y espera de la justicia”.

Machi Ruiz visitó también la sede del Consejo Profesional de la Abogacía, donde fue recibida por los miembros de la mesa ejecutiva: el presidente y vicepresidente de la entidad, doctores Horacio Gorleri y Sandra Báez; la fiscal de Estado, doctora Stella Maris Zabala; referentes del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial; y miembros de la Comisión de Jóvenes Abogados, entre otros.

Allí se avanzó en un “convenio de reciprocidad y colaboración entre las entidades”, a fin de mejorar las diferentes prestaciones del servicio de justicia. 

Sobre esto, remarcó: “Acá nos reunimos con las fuerzas vivas de la abogacía, porque a partir de aquí podemos tener un conocimiento in situ, del lugar, las realidades y los proyectos” y añadió: “Esto te cambia la perspectiva”.

Luego, participó de un encuentro con el juez Federal de Formosa, doctor Pablo Fernando Morán, quién colabora en los diferentes ciclos de conferencias entre la FAM y el Comité de Trata de Personas.

Importante visita

Al respecto, la presidenta del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, y Secretaria de Relaciones Institucionales de la FAM, Viviana Taboada, comentó que Marcela Machi Ruiz fue electa en diciembre pasado.

“Una de sus promesas de campaña fue recorrer las provincias”, expresó y agregó que “por eso estamos muy contentos por su visita al gobernador Insfrán, a fin de interiorizarse en las temáticas provinciales relacionadas al ámbito jurídico y judicial”, valoró Taboada. 

Precisó que, durante el encuentro, se abordaron temáticas actuales: “Fue una charla muy amena, clara y franca, dónde se compartieron experiencias de trabajo”.

Además, subrayó que “es muy importante su visita a la provincia de Formosa y pone en valor la Justicia provincial”.

Por otra parte, Taboada se refirió al incremento de miembros de la Corte y se pronunció a favor del proyecto de ley que propone ampliar la Corte Suprema y llevarla a 25 miembros.

Dijo que “estoy muy de acuerdo con la representatividad de las provincias en la Corte Suprema a través de un jurista de cada estado, como sistema federal queremos y pretendemos ser mayormente visibilizados”, fundamentó.

Por su parte, Horacio Gorleri, presidente del Consejo Profesional de la Abogacía, sostuvo que se trató de un día muy importante por la presencia de Marcela Machi Ruiz, presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM).

Además destacó que a la doctora Ruíz la eligieron como representante de las mujeres en la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM).

Por eso, valoró su visita y explicó que en el encuentro “se firmó un convenio de reciprocidad de distintos temas que hacen a la función de la magistratura y auxiliares de la justicia”.

Y manifestó que esto facilitará que el ejercicio de la profesión sea rápido, eficaz y viable.

De la misma manera, la doctora Sandra Báez, vicepresidenta del Consejo Profesional de Abogacía, indicó que con el convenio firmado obtendrán muchos beneficios académicos.

Agregó que se conversó sobre proyecto de federalización de la justicia, afirmando que “nosotros apoyamos esto, porque consideramos que va ser positivo para el acceso de los litigantes, Abogados y un mejor acceso a la justicia para todos en igualdad de condiciones”.

Siguiendo esa línea, aseguró que “la Corte actualmente con cinco miembros tiene muy restringido el acceso y hay causas que tardan una eternidad en resolverse”, manifestando que eso se corregiría con la federalización.

Asimismo dijo al concluir que “hoy solo acceden a la corte los grandes estudios y nosotros lo tenemos limitado”.

Un total de 251 femicidios, entre ellos 20 vinculados y 5 trans-travesticidios, fueron cometidos en el país durante el 2021, lo que promedia un crimen con motivos de género cada 35 horas y representa un 13 por ciento menos a la cantidad de casos registrados en el 2020, según un informe del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina realizado por la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Dicho relevamiento se realiza desde el 2015, teniendo como base a las causas judiciales en las que se investigan muertes violentas de mujeres cis, mujeres trans y travestis por razones de género y aporta las cifras oficiales que se utilizan como referencia para la elaboración de políticas públicas.

Es que, además de este informe oficial, existen estadísticas elaboradas por distintas organizaciones feministas (como por ejemplo La Casa del Encuentro, Ahora que Así Nos Ven, Mumalá y el Observatorio Lucía Pérez) que realizan relevamientos mensuales sobre femicidios y que obtienen la información básicamente por publicaciones periodísticas.

Las cifras del relevamiento de la Corte reflejan una disminución en la cantidad de víctimas de femicidio en comparación con el 2020, año en el que hubo 287 femicidios, entre los que se incluyen 36 vinculados y 6 trans-travesticidios.

Tras conocerse la estadística, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró que "por primera vez en la historia desde su creación, los números bajaron de un modo significativo: un 13 por ciento en relación al año anterior".

"Se registraron 20 femicidios menos en 2021 en relación a los que se produjeron en 2020. Es la tasa más baja de la historia del registro y, en definitiva, viene un poco a mostrar el impacto que están teniendo las políticas públicas en la materia”, dijo la funcionaria nacional, quien agregó que los datos "son auspiciosos porque demuestran que lo que se necesita es más Estado, más políticas, más presupuesto".

Según la estadística de la Corte, durante el 2021, se registraron 231 femicidios directos, los cuales provocaron que 245 personas quedaran huérfanas -182 son niños, niñas o adolescentes-, mientras que el 62 por ciento (152 casos) de los asesinatos fueron llevados a cabo por la pareja o expareja de la víctima.

Si se tiene en cuenta la modalidad del hecho, el 31 por ciento de las mujeres fueron asesinadas mediante el uso de armas blancas, el 25 por ciento como consecuencia de la utilización de armas de fuego, mientras que el 24 por ciento por la fuerza física de su agresor.

Por otro lado, la estadística de la CSJN destaca que 182 de los 231 femicidios directos se dieron en contexto de violencia doméstica, 20 casos tuvieron lugar en una situación de violencia sexual o de trata de personas, mientras que 3 casos sucedieron en un contexto de discriminación por orientación sexual o de identidad de género.

Dentro de las características principales de las 231 mujeres asesinadas, en lo que refiere al rango etario, 179 tenían entre 18 y 59 años, 32 tenían más de 60 años, mientras que 19 tenían menos de 17 años. Esto evidenció un promedio de edad de 37 años.

En lo que refiere a la interseccionalidad de las víctimas, 12 mujeres asesinadas por femicidio eran migrantes, 7 se encontraban ejerciendo la prostitución, 6 estaban embarazadas, 5 vivían en situación de calle y 4 tenían una discapacidad.

Con relación a los hechos previos de violencia de género, al menos 42 víctimas directas de femicidio habían efectuado denuncias formales contra sus agresores, a la vez que en 81 vínculos se relevaron hechos previos de violencia que surgieron por otros medios a partir de la revisión de las causas judiciales, pero que no habían sido denunciados formalmente.

“En al menos 123 se presentaron hechos previos de violencia de género/doméstica entre la víctima y el sujeto activo de femicidio, esto es, en al menos 1 de cada 2 vínculos donde hubo un femicidio había antecedentes de violencia de género en el año 2021 en Argentina”, precisa el informe.

Con respecto a la conducta de los femicidas tras cometer el crimen, 43 de ellos se suicidaron, mientras que 18 intentaron hacerlo sin éxito.

Además, solamente el 11 de los 240 femicidas tenían antecedentes psiquiátricos.

Otro dato que destaca el informe es que 25 de los imputados formaban parte de una fuerza de seguridad, de los cuales 13 utilizaron sus armas reglamentarias para cometer el hecho.

Por su parte, el relevamiento precisa el 69 por ciento de los 231 casos de femicidio directo (155 hechos), aún se encuentra en investigación, el 13 por ciento (28 casos) están en juicio y el 3 por ciento (7 casos) ya tienen sentencia condenatoria, mientras que el 15 por ciento de las causas (34 casos) fueron archivadas.

En otro aspecto, la Corte contabilizó 20 femicidios vinculados, los cuales son definidos como ”aquellos homicidios cometidos contra una o varias personas, independientemente de su género, a fin de causarle sufrimiento a una mujer cis o a una mujer trans/travesti en un contexto de violencia de género”. De ese total, la mitad (10 casos) de los asesinatos fueron contra los hijos o hijas de la persona a la que se quería violentar.

A nivel general, si se tiene en cuenta solo las cantidades en números absolutos, en el 2021 el 32% de los femicidios directos (73 casos) de Argentina ocurrieron en la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, las provincias con mayor tasa de femicidios directos cada 100.000 mujeres fueron Chaco (2,43), Santiago del Estero (2,22) y Tucumán (2,07).

Al respecto, la tasa de víctimas directas de femicidio cada 100.000 mujeres en Argentina en 2021 fue de 0,99, lo que implica un leve descenso en comparación con los años previos: en 2017 fue de 1,11; en 2018, 1,14; en 2019, 1,11; y en 2020, 1,09.

Para el presente informe, se relevaron 241 causas judiciales, de las cuales en 225 se investigaban femicidios directos y en otras 16 únicamente femicidios vinculados.

Gobernadores de 16 provincias anunciaron que trabajarán para conformar un proyecto de ley tendiente a que la conformación de una Corte Suprema de Justicia "más moderna y eficaz" y "que tenga un verdadero carácter federal", al tiempo que reclamaron que el Congreso debata "un nuevo modelo de distribución de compensaciones tarifarias" en materia de transporte público de pasajeros.Los mandatarios provinciales dieron a conocer un documento elaborado este lunes en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en el que visibilizaron su disconformidad con el funcionamiento del máximo tribunal, en momentos en que ese organismo debe fallar en el caso que enfrenta al gobierno nacional con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por el reparto de fondos de coparticipación federal.El expresidente Mauricio Macri dispuso en diciembre de 2015, a los pocos días de haber iniciado su mandato, aumentar los recursos federales que recibía la Ciudad por coparticipación del 1,4% al 3,75% para que el distrito porteño financie el traspaso de la Policía Federal a su órbita.

El pasado 9 de septiembre de 2020, durante la pandemia de coronavirus y a través del decreto 735/2020, el presidente Alberto Fernández dispuso que ese porcentaje se retrotrajera nuevamente al 1,4 %.Más tarde, hacia el final de ese año, el Congreso nacional aprobó una ley por la que se ordenaba una negociación entre las partes para definir el monto a transferir.La Ciudad recurrió entonces a la Justicia para denunciar la situación y el máximo tribunal dio, en marzo pasado, 30 días hábiles para llegar a un acuerdo, plazo que venció el 26 de abril.Como no se alcanzó un entendimiento, entre la Nación y el gobierno de la Ciudad, la Corte deberá expedirse sobre el fondo de la cuestión y resolver si esos fondos son nuevamente asignados a CABA.En relación a esa posibilidad, Rodríguez Larreta anticipó, en declaraciones radiales, que si su administración se ve favorecida por una decisión de la Corte, bajará el costo de los impuestos que se perciben en el distrito.El documento

Este lunes, en una reunión celebrada en el Consejo Federal de Inversiones, los gobernadores de 16 provincias pidieron en un documento que el máximo tribunal tenga "un carácter más federal y adelantaron que convocarán a especialistas y juristas para redactar un proyecto de ley en ese sentido"."Firmamos una declaración 'Por una Corte Suprema de Justicia Federal'. Asumimos el compromiso de continuar generando consensos entre todas las provincias para instar a un debate legislativo bajo una mirada federal", comentó al respecto Kicillof en sus redes sociales.El mandatario provincial difundió el documento, que además de su firma, lleva las de los gobernadores de de La Rioja, Catamarca, San Luis, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Cruz, Entre Ríos, Tierra del Fuego, San Juan, La Pampa, Salta, Chaco, Misiones y Chubut.

En el texto se indica que "los abajo firmantes, gobernadores y gobernadoras de las provincias, hemos decidido elaborar un proyecto para nueva conformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que contemple los proyectos ya presentados, muchos de los cuales han tomado estado público y parlamentario"."El objetivo es que la Corte Suprema de Justicia sea más moderna, más eficaz, acorde a las mejores experiencias internacionales y, principalmente, que tenga un verdadero carácter federal", destaca la nota y apunta que convocarán "a efectos de la redacción del proyecto de ley respectivo a especialistas y juristas notables de cada una de las provincias", continúa."Reafirmamos nuestro absoluto compromiso con la Constitución argentina, con nuestro pueblo y con el federalismo", finaliza el texto que lleva las firmas de Kicillof; Ricardo Quintela (La Rioja); Raúl Jalil (Catamarca); Alberto Rodríguez Saá (San Luis); Gildo Insfrán (Formosa); Osvaldo Jaldo (Tucmán); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Sergio Uñac (San Juan); Sergio Ziliotto (La Pampa); Gustavo Sáenz (Salta); Jorge Capitanich (Chaco); Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Mariano Arcioni (Chubut).No formó parte del pronunciamiento el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, por encontrarse en Kuwait como parte de una misión comercial para la financiación de obras.No obstante, el gobernador santafesino suscribió otras declaraciones conjuntas formuladas por mandatarios provinciales referidos a este diferendo planteado entre Nación y CABA que debe ser resuelto por la Corte.En el documento, que también fue publicado en las redes sociales por el gobernador Zamora de Santiago del Estero, los mandatarios también expresaron una "profunda preocupación por el transporte público de pasajeros que afecta a la totalidad de los trabajadores, no solo del sector específico, sino a quienes usan este medio para llegar a sus lugares de trabajo, a los educandos, educadores y, en general, a toda la sociedad argentina"."A tal efecto, instamos al debate legislativo en el Congreso Nacional sobre un nuevo modelo de distribución de compensaciones tarifarias que tengan como principio la igualdad y equidad en todo el territorio", indicaron.En ese tono, el gobernador Quintela, de La Rioja, posteó en Twitter que la propuesta tiende a que la Corte tenga "una mirada más moderna y que beneficie a todas y todos los argentinos".

En tanto, Jalil de Catamarca, indicó en la misma red social que el documento se vincula a "temáticas que nos afectan y preocupan, asumiendo el compromiso de buscar consenso con todas las provincias para instar a un debate legislativo bajo una mirada federal"."En primer lugar, por una Corte Suprema de Justicia que contemple proyectos que hemos presentado, más moderna, eficaz, acorde a las mejores experiencias internacionales, y principalmente que tenga un verdadero carácter federal", expuso.Y en ese sentido, añadió: "Convocaremos a efectos de la redacción del proyecto de ley respectivo a especialistas y juristas notables de cada una de las provincias".Y, en segundo término, recalcó que "ante la preocupación por el actual servicio de transporte, debatir sobre un nuevo modelo de distribución de compensaciones tarifarias, que tengan como principio la igualdad y la equidad en todo el país".

Fuente: TÉLAM 

El Ministro del Superior Tribunal de Justicia de Formosa, Ariel Gustavo Coll, disertó en una conferencia destinada a jueces de todo el país, encabezada por el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti.

El magistrado habló en representación de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales (JUFEJUS) junto con otros oradores referentes de distintos sectores del quehacer judicial: María Claudia Caputi, presidenta de la Red Mujeres para la Justicia; Marcelo Galle Tagle, de la Asociación de Magistrados; Javier Leal de Ibarra, por la Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales; Ariel Lijo, Asociación de Jueces Federales; Mariano Llorens, Asociación de Magistrados; Alberto Lugones, Consejo de la Magistratura y Karina Perilli, de la Junta de Tribunales Orales Federales, todo bajo la coordinación de María Bourdin.

Durante el encuentro denominado: “Una década de políticas de Estado en el Poder Judicial. Los nuevos desafíos”, jueces y camaristas de diversos puntos del país analizaron y debatieron sobre temas centrales vinculados al servicio de Justicia, tales como la independencia judicial, género, narcotráfico, comunicación y transparencia, gestión, lesa humanidad y ambiente, entre otros puntos. 

En lo atinente al doctor Coll, al momento de realizar su exposición el magistrado hizo referencia al valor preponderante que tiene la independencia judicial y a la necesidad de que los poderes judiciales dispongan su propia agenda atendiendo a las demandas de la sociedad, a los avances tecnológicos verificados en todas las provincias y a los mecanismos de acceso a Justicia. 

También señaló la importancia que tiene la Justicia de Paz, los delegados vecinales y los facilitadores judiciales, en la valiosa tarea de acercar la Justicia a la sociedad, fundamentalmente a los sectores de menores recursos, y la función que vienen cumpliendo detrás de este mismo cometido las oficinas de atención al ciudadano y las unidades móviles.

La conferencia fue transmitida de manera online y seguida en vivo en todo el país, en tanto el ministro Coll habló por videoconferencia desde la ciudad de Ushuaia, donde estaba sesionando en ese momento la comisión directiva de la JUFEJUS.

El ex presidente de la CSJN, Lorenzetti abogó por respetar la independencia judicial y reclamó por las vacantes en la Justicia, un problema recurrente que mantiene más del 30 por ciento de los cargos sin cubrir. “No hay desarrollo económico ni seguridad para la población sin un Poder Judicial profesional e independiente”, manifestó el magistrado.

También se refirió a la imagen de la Justicia en la sociedad:“Escuchamos con frecuencia que el Poder Judicial tiene mala imagen. Es peligroso que los jueces busquen la buena imagen dictando fallos populares. Lo que hay que buscar es la profesionalidad”, y en esa línea aseguró que el Poder Judicial “debe ser reformado para asegurar la paz social, no para alterarlo”.

Luego se hizo otra profundización en la Corte a principios del año 2018. Y resaltó que los principios generales de estas políticas de Estado son:1) Que las reformas se deben enfocar en la demanda social y no en las disputas de poder; 2) Que las reformas deben enfocarse en la independencia; 3) Que el Juez debe dedicarse a dictar sentencias: es fundamental separar la actividad judicial de la administración y gestión.

En su intervención, el juez federal Ariel Lijo destacó la necesidad de los encuentros entre los jueces para conocer las diferentes necesidades de los magistrados a lo largo del país.

“Los jueces tienen realidades muy distintas. Hacer públicas estas situaciones y que la gente escuche lo que nos pasa contribuye con la percepción social que se tiene de determinadas conductas”, dijo.

Por su parte, el camarista Mariano Llorens abogó por acercar la Justicia a la sociedad. “Los jueces tenemos que estar más cerca de la sociedad, no vivimos en un mundo de privilegios como se dice, es importante la política de comunicación que implementó la Corte en su momento y que luego se abandonó. De los poderes del Estado somos de los que más capacitación demandamos, en la capacitación técnica y en el perfil del juez”, sostuvo.

A su turno, el juez Alberto Lugones, integrante de la Cámara Federal de San Martín y del Consejo de la Magistratura, alertó sobre el “momento de incertidumbre” que vive el organismo que selecciona y acusa a los jueces por el fallo reciente de la Corte Suprema que obliga a modificar su composición. “Los problemas se suscitan cuando las políticas partidarias influyen en nuestras decisiones”, opinó.