El Senado sesiona este jueves 6 de agosto con una ausencia que, hasta el martes, era el corazón del proyecto de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada": el capítulo que modificaba la Ley de Tierras Rurales (26.737). El oficialismo lo retiró luego de que dos gobernadores aliados, el tucumano Osvaldo Jaldo y el neuquino Rolando Figueroa, se plantaran en contra, y de no reunir los 37 votos necesarios para convertirlo en media sanción. La CGT y la CTA, de todos modos, ratificaron la movilización prevista para la hora de la sesión: el reclamo excede al artículo dado de baja y apunta al fondo del proyecto.

El texto original, presentado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, buscaba eliminar directamente los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Ante la resistencia, el oficialismo negoció una versión intermedia: elevar el tope del 15% al 25% por provincia y eliminar los límites por departamento, además de habilitar la adquisición de tierras por personas jurídicas con participación estatal extranjera directa o indirecta, sujeta a autorización provincial y nacional. Ninguna de las dos versiones alcanzó los consensos necesarios.

La Ley 26.737, sancionada en 2011 con un acuerdo político amplio, no cerró la puerta a la inversión extranjera: la ordenó. Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, hoy hay 13,3 millones de hectáreas rurales en manos de extranjeros, casi el 5% de la superficie del país, muy por debajo del tope del 15%. Pero el promedio nacional esconde una geografía desigual: 31 departamentos ya superan ese límite y 14 están por encima del 25% que se proponía como nuevo techo. En San Carlos y Molinos, ambos en Salta, la extranjerización supera el 57%; en General Lamadrid, La Rioja, llega al 56%. Desde 2018, la superficie en manos extranjeras creció un 6,25% (unas 781 mil hectáreas), y solo durante la actual gestión se otorgaron 111 certificados de habilitación para compras por parte de extranjeros. En 2018, Estados Unidos, Italia y España concentraban el 55% de esas tierras.

La ley vigente, además, distingue algo que la reforma buscaba borrar: que comprar tierra no equivale a invertir. La adquisición de un recurso natural que el país ya posee no genera por sí sola producción, infraestructura o empleo; eso depende de decisiones posteriores que el comprador puede tomar o no.

Uno de los argumentos centrales de los impulsores de la reforma es que Argentina queda rezagada frente a un mundo abierto a la inversión extranjera en tierras. Los datos disponibles dicen otra cosa. Un relevamiento sobre legislación comparada ubica a países tan distintos entre sí como Rusia, China, Irán, Polonia, India e Israel entre los que restringen fuertemente o directamente prohíben la compra de tierras por extranjeros. Estados Unidos, señalado habitualmente como el ejemplo a seguir, tampoco es un caso de apertura irrestricta: aunque la decisión final recae en cada estado, el gobierno federal interviene cuando están en juego razones de seguridad nacional. Texas, gobernado por uno de los referentes más citados por el liberalismo vernáculo, prohíbe explícitamente que ciudadanos de países considerados hostiles —China, Rusia e Irán, entre otros— compren tierras en su territorio. Existen cerca de cincuenta estados con algún tipo de restricción similar. Canadá y Australia, por su parte, reforzaron en la última década sus mecanismos de revisión sobre la compra de activos estratégicos por parte de capitales extranjeros.

El patrón que surge de esa comparación es elocuente: las economías que hoy discuten cómo cuidar sus recursos estratégicos no abren la puerta al capital extranjero irrestrictamente. 

Hay, sin embargo, otro grupo de países que sí flexibilizó al extremo el acceso extranjero a sus tierras. No lo hizo por convicción de mercado, sino por necesidad: guerras civiles, crisis institucionales o infraestructura devastada que llevaron a esos Estados a buscar una salida rápida. La República Democrática del Congo es el caso más citado. Con la promesa de atraer inversión, flexibilizó el acceso a sus tierras rurales, sobre todo en el este del país. El resultado, más de una década después, no fue derrame económico sino cesión de soberanía: cerca de nueve millones de hectáreas —una superficie comparable a la de Corea del Sur— quedaron en manos de actores extranjeros, con regalías mínimas para el Estado congoleño y, en paralelo, denuncias sobre el armado de fuerzas paramilitares privadas para custodiar zonas mineras bajo control foráneo. Namibia atravesó un proceso similar por herencia colonial, sin que el Estado lograra revertirlo a tiempo.

Ningún país que hoy es referencia de desarrollo construyó su matriz productiva regalando el control de su territorio. Al contrario: allí donde la inversión extranjera se transformó en empleo calificado, proveedores locales o capacidades tecnológicas, fue porque el Estado receptor lo exigió como condición, no porque lo esperó como gesto de buena voluntad del capital. La propia CEPAL sostiene esa lógica: recomienda condicionar los incentivos a la inversión extranjera a compromisos de transferencia tecnológica y articulación con el entramado productivo local, precisamente para que el ingreso de capital fortalezca la economía receptora en lugar de limitarse a extraer de ella.

El propio esquema de incentivos vigente ofrece un termómetro. El RIGI y su ampliación, el "Súper RIGI", lograron oficializar intenciones de inversión por más de 7.800 millones de dólares, pero la proyección de empleo asociada a esos proyectos —54.000 puestos directos e indirectos— resulta menor a la cantidad de empleos que se perdieron solo en el último semestre de 2025 por la contracción del mercado interno. En paralelo, la inversión extranjera directa se redujo un 86,8% acumulado desde 2023, según datos de la CEPAL y el Banco Central, con una caída particularmente marcada en industria y manufactura, sectores donde hoy apenas se reinvierten utilidades para sostener plantas ya instaladas, sin aporte de capital nuevo. Los incentivos vigentes, en los hechos, se concentran casi con exclusividad en minería y petróleo, dejando rezagados a los sectores de mayor valor agregado.

A esto se suma un dato que circuló con fuerza en redes en los últimos días: el senador libertario Joaquín Benegas Lynch, uno de los impulsores de la reforma, es fundador junto a su esposa de una sociedad dedicada, según su propia presentación institucional, al asesoramiento de inversores extranjeros y a la intermediación en operaciones de compra, venta y administración de tierras rurales. El dato no prueba por sí solo una maniobra, pero interpela una pregunta que la reforma nunca respondió con claridad: ¿a quién beneficia, en concreto, ampliar el acceso a la tierra rural argentina, si ni siquiera contempla restricciones para actores vinculados a países con litigios de soberanía abiertos con la Argentina, como el Reino Unido?

Nada de esto implica que el capital extranjero sea, en sí mismo, una amenaza. Las economías centrales lo demuestran todos los días: lo reciben, lo condicionan y lo dirigen hacia los sectores que quieren desarrollar. Lo que la evidencia comparada muestra es que ese resultado no aparece por sacar controles, sino por sostenerlos con reglas claras y previsibles. La inestabilidad que suele espantar a los inversores no proviene tanto de la existencia de un marco regulatorio como de su modificación permanente o de la discrecionalidad caso por caso.

Copiar el modelo de los países que hoy son potencias exige condicionar la inversión a resultados concretos —empleo calificado, proveedores locales, transferencia tecnológica—, no desregular la propiedad de un recurso finito y estratégico con la esperanza de que el derrame llegue solo. La experiencia de los países que sí abrieron sus tierras sin esas condiciones —el Congo, Namibia— no es un antecedente de desarrollo: es la crónica de una soberanía cedida a cambio de promesas que nunca se cumplieron.