Tras la fuerte repercusión negativa que tuvo el aumento del 30% para las dietas de diputados y senadores, el Gobierno se vio obigado a dar marcha atrás y anunciar que enviará un proyecto para retrotraer la medida.

La decisión se tomó tras una reunión en la Casa Rosada de la que participaron el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, su par de la UCR, Rodrigo De Loredo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el estratega de comunicación Santiago Caputo.

A través de un mensaje en las redes sociales, el titular de la Cámara de Diputados anunció que “por orden del Presidente Javier Milei” el oficialismo presentará un proyecto para “retrotraer” el aumento. Además buscó tomar distancia de la medida que él mismo firmó al señalar que el incremento de dietas se otorgó de manera “automática” debido a la resolución 0013/11 firmada por el ex-presidente del Senado Amado Boudou y el ex-presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez en el año 2011.

“Los diputados y senadores de la Nación bajo ningún punto de vista deben quedar ajenos a realizar el sacrificio que está realizando el pueblo argentino para salir de la crisis”, dijo Menem.

Menem y Villarruel, que no fue invitada a la reunión en la Casa Rosada, firmaron la paritaria de los trabajadores del Congreso de la Nación en la que se estableció que el incremento salarial acumulativo para el primer bimestre del año fue de 16% a partir del 1° de enero de 2024 y 12% desde el 1° de febrero.

La medida, tomada el pasado 23 de febrero, establecía que era para el personal del Palacio Legislativo pero no hacía referencia específica a los legisladores. No obstante, por una resolución sus sueldos están “atados” a la paritaria de los trabajadores del Congreso.

No obstante, en el pasado se tomó en algunos momentos la decisión política de “desenganchar” los salarios de los legisladores y los trabajadores. Por ejemplo, durante la pandemia.

En julio de 2021 Cristina Kirchner y Sergio Massa -por entonces titulares del Senado y de Diputados, respectivamente- otorgaron un aumento del 69% para los trabajadores del Congreso. Sin embargo, a través de la resolución 03/2022 determinaron que cualquier aumento de los haberes de los legisladores debía ser “tratado y aprobado por el pleno de ambas Cámaras”. Esta resolución fue desestimada en noviembre de 2022, por lo que las dietas volvieron a quedar “enganchadas” a la paritaria de los trabajadores del Congreso.

La postura de Martín Menem sobre el tema cambió luego de que el aumento tomara estado público ya que primero aseguró que desconocía que las dietas estaban “enganchadas” al aumento que firmó pero luego hizo una defensa del incremento.

De hecho, esta mañana había pedido comparar los salarios de senadores y diputados con los que perciben sus pares provinciales, los camaristas, los trabajadores de la AFIP o del Banco Central, como argumento a favor.

Desde uno de los bloques dialoguistas señalaron que la misma medida podría haber sido dispuesta por resolución de las autoridades de ambas Cámaras, como ocurrió durante la pandemia, pero sospechan que el oficialismo está buscando capitalizar políticamente la situación buscando que “la casta” se niegue a votar la marcha atrás. “Jugaron a ‘si pasa pasa’ y como tuvo repercusión en redes sociales, que es lo único que les importa, a ver si puede capitalizarlo”, remarcaron.

Desde el bloque Hacemos Coalición Federal adelantaron a Infobae que trabajan en un proyecto de ley para equiparar las dietas de las cabezas de los tres poderes del Estado entre sí. Es decir, los jueces de la Corte Suprema, Presidente y Vice, y diputados y senadores cobren lo mismo, asociando los haberes a un multiplicador del salario mínimo.

Fuente: infobae

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), una entidad técnica que elabora informes regulares y también otros a pedido de diputados y senadores, mostró en un reporte que en febrero las cuentas públicas terminaron con un superávit primario, pero a diferencia de enero, en el segundo mes del año no hubo superávit financiero, al agregar en la cuenta el pago de intereses de deuda.

Así surge de un informe dado a conocer este jueves. El organismo es dirigido por el economista Gabriel Esterelles y que durante la discusión de la Ley Ómnibus en el período de sesiones extraordinarias tuvo un papel decisivo de asistencia técnica al debate en comisiones a través de un estudio pormenorizado de los impactos fiscales y económicos de ese megaproyecto que terminó por naufragar en la Cámara de Diputados.

“Por un retroceso en los gastos (-23,8% anual) y un leve incremento en la recaudación (0,4%), en el primer bimestre del año la Administración Nacional registró un superávit financiero 150% real superior al obtenido en el mismo período del año anterior”, mencionó la OPC. Puesto en números concretos, en febrero hubo un superávit primario de $929.000 millones con un déficit financiero de $186.000 millones.

“Los ingresos totales crecieron 0,4% en la comparación interanual, impulsados por las subas en el Impuesto PAIS (405,9% anual), en los Derechos de Exportación (70,9% anual) y en el IVA (15,4% anual). Estos incrementos fueron parcialmente compensados con la disminución de los recursos provenientes de la Seguridad Social (-25,1% anual) y del Impuesto a las Ganancias (-36,5% anual)”, continuó la OPC.

“Los gastos totales de la Administración Nacional registraron una caída real de 23,8% anual en el primer bimestre del año y el recorte en los primarios, que no considera la suba en intereses de la deuda, se elevó a 33,6% anual”, complementó la oficina parlamentaria.

Analizado por sectores, los que tuvieron las mayores podas presupuestarias en febrero fueron: jubilaciones y pensiones (-33,0% anual en términos reales, es decir descontando el efecto de la inflación), subsidios energéticos (-59,5% anual), los gastos de capital (-82,4% anual) y los programas sociales (-29,9% anual) fueron los rubros que más contribuyeron a la reducción de los gastos.

La contracara fue un incremento de 34,2% en el renglón de gasto que pertenece a los intereses de la deuda pública, que preparó el terreno para que a diferencia de enero, en febrero no hubiese también superávit financiero. “En el mes de febrero el resultado financiero fue deficitario (-$186.635 millones), aunque en el acumulado del primer bimestre del año se conservó el superávit ($1.020.296 millones), con niveles que lo sitúan en valores superiores al promedio de una serie de 15 años”, explicó la oficina.

El seguimiento que hace la OPC, como otros que realiza el sector privado, se confecciona con los datos del gasto devengado, es decir, pagos comprometidos por el sector público, a diferencia de los datos que publica la Secretaría de Hacienda –y que toma el FMI para evaluar sus metas– que son los pagos efectivamente realizados, lo que se conoce como base caja. Para las estimaciones preliminares privadas se suelen utilizar datos del portal Presupuesto Abierto, que pertenece al Ministerio de Economía y que hace una actualización casi en tiempo real de la ejecución presupuestaria.

En ese sentido se pronunció el economista Martín Vauthier, asesor del ministro de Economía Luis Caputo, en un hilo de la red social X. Los resultados que arroja Presupuesto Abierto se registran en base devengado (es decir refieren al momento en que se genera el compromiso de pago) y aluden a la Administración Nacional (AN). Por su parte, el resultado fiscal representativo de la evolución de las cuentas públicas, publicado mensualmente, se confecciona en base caja (momento de cancelación de las obligaciones) y refiere al Sector Público Nacional, que incluye, además de la AN, otros entes como el PAMI”, aclaró el economista.

El dato oficial de base caja de febrero está previsto que se publique el miércoles 20 de marzo. A fines de este mes, el Ministerio de Economía debería poder mostrar ante el FMI que terminó el primer trimestre con un superávit primario de 962.000 millones de pesos. En enero ese número ya era de 2 billones, por lo que ese “sobreajuste” del primer mes del año incluso podría ser relajado sin alejarse del objetivo con el FMI. En los pasillos de Hacienda consideran que el efecto del primer paquete de medidas que realizó el Gobierno libertario -el ajuste más rápido de lo planificado y la acumulación de reservas- es la carta más útil que tienen para negociar, eventualmente, con Washington.

Fuente: Infobae