La revelación de créditos millonarios otorgados a funcionarios y legisladores encendió cuestionamientos sobre posibles privilegios en el acceso al financiamiento público, en un contexto donde la vivienda propia resulta cada vez más inaccesible para la mayoría de la sociedad. El Senador y el Diputado son los únicos en la lista de legisladores de la región que obtuvieron créditos hipotecarios dentro de su mandato.El Senador nacional Francisco Paoltroni y el Diputado Gerardo González quedaron en el centro de la polémica tras la difusión de datos del sitio “Cuánto Deben”, que expuso el acceso a créditos hipotecarios millonarios por parte de funcionarios, legisladores y aliados del oficialismo nacional. Ambos representantes de Formosa, electos por La Libertad Avanza, obtuvieron estos beneficios durante su mandato, en un contexto atravesado por denuncias de presuntos tratos preferenciales.Según la información publicada, los préstamos fueron otorgados por el Banco Ciudad y el Banco Nación, con montos que en algunos casos superan ampliamente los límites establecidos y, presuntamente, sin cumplir con los requisitos habituales del sistema financiero. En el caso del Nación, hubo una modificación para que la línea “Mas hogares con BNA” contenga diferencias esenciales para funcionarios o empleados del sector público, que no están disponibles para quienes trabajan en el sector privado, aún cobrando sus haberes en el Nación.La primera y principal es que el préstamo cubre hasta el 90% del valor de la propiedad comprada, según detalla la web oficial de la entidad, en lugar del 75% como al resto de los clientes del Nación.

Paoltroni: montos que superan los límites oficiales

En el caso de Paoltroni, el crédito fue concedido por el Banco Ciudad por un total de 270 millones de pesos, con el objetivo declarado de adquirir una propiedad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su estadía durante las sesiones legislativas. Sin embargo, la operación generó cuestionamientos, ya que el monto supera el tope oficial de 100 millones de pesos previsto para este tipo de líneas.A esto se suma que el propio Senador reconoció que se trata de una segunda vivienda, cuando estos créditos están destinados a la compra de la primera casa familiar.De acuerdo con los registros difundidos, su deuda actual asciende a más de 304 millones de pesos. El legislador atribuyó su capacidad de pago a su actividad empresarial, aunque sus firmas registran antecedentes de embargos y sanciones por desmontes ilegales que rondan los 59 millones de pesos, lo que pone en duda su perfil crediticio.

Gerardo González

Por su parte, el caso de González exhibe un crecimiento crediticio que despertó suspicacias dentro del ámbito político. Al asumir su banca en diciembre de 2023, su historial financiero era prácticamente inexistente, con apenas 3.000 pesos registrados. No obstante, a partir de mayo de 2025 comenzó a acceder a préstamos en el Banco Nación, que fueron incrementándose de manera sostenida.El salto más significativo se produjo luego de su acompañamiento a iniciativas clave del Gobierno de Javier Milei en el Congreso, como el voto favorable al DNU que otorgó fondos reservados a la SIDE y el rechazo al aumento jubilatorio, que lo convirtió en uno de los «87 héroes» como llamó Milei a quienes votaron en contra. Tras esas decisiones, su nivel de endeudamiento pasó de 9,6 millones de pesos en abril de 2025 a 177,6 millones en un solo mes, hasta alcanzar en febrero de 2026 un total cercano a los 209 millones de pesos.De esta manera, González integra un reducido grupo de dirigentes libertarios con deudas superiores a los 200 millones de pesos contraídas con el Banco Nación en el último año, junto a Alejandro Carrancio y Alfredo González.

¿Un patrón de privilegios para una «nueva casta»?

La controversia no se limita a estos dos casos. El relevamiento también incluye a funcionarios vinculados al equipo económico de Luis Caputo, autoridades del Banco Central y legisladores como Lorena Villaverde (que tenía un embargo judicial) y Sharif Menem. Este último fue señalado como un caso paradigmático, al haber accedido a un crédito de 357 millones de pesos con escasa antigüedad laboral y un ingreso que, según especialistas, no justificaría ese nivel de financiamiento.Por otro lado, el caso del concejal libertario de Luján, Alexis Hasen, podría aportar elementos para comprender los criterios detrás del otorgamiento de estos préstamos. Con apenas 28 años, Hasen integraba el directorio del Banco Nación al momento en que se modificaron los criterios para estos créditos. Según trascendió, tomó dos préstamos hipotecarios: uno a su nombre y otro a nombre de su madre, quien no contaría con historial crediticio y actualmente presenta dificultades para afrontar las cuotas.El concejal solicitó licencia en la entidad bancaria y percibe una dieta cercana a los cinco millones de pesos. Sin embargo, la cuota de su crédito superaría el 50% de sus ingresos formales, lo que también genera interrogantes sobre la viabilidad financiera de la operación.

Mayans, formuló las críticas más duras contra el presidente tras solicitar una cuestión de privilegio, a través de la cual pidió el juicio político al considerar que Milei “no entiende un carajo” de la gestión pública y de lo que está ocurriendo en la Argentina.En una sesión marcada por fuertes cruces, José Mayans pidió el juicio político a Javier Milei, lo acusó de incapacidad y cuestionó a funcionarios. También denunció irregularidades institucionales, apuntó contra el jefe de Gabinete y criticó la política exterior del Gobierno por considerar que vulnera la Constitución.La sesión arrancó con el quórum aportado por la bancada de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados, a los que luego se sumaron los legisladores del peronismo, que aprovecharon la ocasión para cuestionar la gestión de Javier Milei. Fue el titular del bloque Justicialista, José Mayans, quien formuló las críticas más duras contra el presidente tras solicitar una cuestión de privilegio, a través de la cual pidió el juicio político al considerar que Milei “no entiende un carajo” de la gestión pública y de lo que está ocurriendo en la Argentina.“No entiende un carajo de nada y está pirado”, sostuvo el legislador peronista que también apuntó contra el ministro de Desregulación y Transparencia del Estado, Federico Sturzenegger, quien el miércoles había concurrido a la cámara alta para exponer sobre el proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada”, que establece mecanismos “sumarísimos” para la restitución de inmuebles y elimina límites para que extranjeros adquieran tierras rurales.Para el senador peronista, el ministro de Desregulación y Transparencia “viene acá disfrazado de monja a hablar de un proyecto que va a liberar el país, pero en realidad es el ideólogo de todo esto ya que Milei no entiende un carajo de nada y está pirado».A su vez, el presidente del bloque justicialista del Senado acusó al jefe de Gabinete Manuel Adorni de “violar la Constitución Nacional” por no haber asistido al Congreso de la Nación a dar el obligatorio informe de gestión en marzo, en el contexto del escándalo donde está inmerso el alto funcionario por un dudoso incremento de su patrimonio tras su ingreso a la gestión pública.“El jefe de Gabinete ya violó la Constitución porque no vino a Diputados ni vino a Senadores, y tendría que haber venido a uno de los cuerpos del Congreso en marzo”, explicó el senador por Formosa al inicio de la sesión de la Cámara Alta. Mayans planteó una cuestión de privilegio contra Adorni, el presidente de la Nación, Javier Milei, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.Respecto a Adorni, el legislador aseguró que el exvocero presidencial fue descubierto “en plena corrupción” y se preguntó: “¿Qué tanto sabe el jefe de Gabinete que Milei sale a sostenerlo?”. Mayans arremetió también contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. “Otro corrupto que salió a decir que ponía las manos en el fuego por Adorni”, dijo. “Cuando se estaba discutiendo el comportamiento del jefe de Gabinete, apareció el tema de los créditos”, agregó.Por otro lado, el dirigente peronista cuestionó la falta de una postura firme del Senado frente al conflicto internacional y defendió la neutralidad histórica de Argentina. Criticó al presidente Milei por alinearse con políticas belicistas y advertir una supuesta guerra sin aval parlamentario. Además, señaló que declarar un conflicto sin el Congreso implica una violación a la Constitución Nacional y reclamó una clara defensa de la paz.

Con un avance del 90% en la infraestructura de Los Matacos, la provincia se prepara para transformar el vinal en insumo clave para la producción de arrabio verde en Fermosa Biosiderúrgica. El proyecto estratégico integra a productores paipperos en la cadena de valor, generando empleo genuino y desarrollo industrial a partir del aprovechamiento de recursos locales.

El Parque Industrial Carbonero, ubicado en la localidad de Los Matacos, se consolida como el motor de una transformación histórica para Formosa. Con 147 hornos industriales tipo fornalha ya terminados (de un total de 160 previstos), el proyecto se prepara para convertir el vinal en carbón vegetal a escala industrial, generando valor agregado en origen y empleo genuino.Los hornos constituyen el núcleo del parque y permitirán producir carbón vegetal a gran escala, generando las condiciones necesarias para abastecer una demanda industrial sostenida.Este complejo no es una obra aislada, sino el corazón de un ecosistema productivo mayor. El carbón producido será el insumo vital para Fermosa Biosiderúrgica, planta que demandará 90.000 toneladas anuales para la producción de arrabio verde. Este enfoque posiciona a la provincia en el mercado global de industrias sustentables.Además de la imponente batería de hornos, la obra registra progresos significativos en áreas operativas esenciales, entre ellos, se destacan la apertura de fosas, la ejecución de cruces de calle con infraestructura específica mediante tubos de hormigón y la finalización de tareas de contrapiso y techado en sectores como oficinas y balanza.

El rol del productor paippero

Uno de los pilares del proyecto es su dimensión humana. El parque integra a los productores paipperos en la cadena de valor, transformando un recurso natural como el vinal en una oportunidad económica. Esto asegura que el crecimiento industrial se traduzca en desarrollo territorial e inclusión social.El proyecto transforma el vinal, históricamente desaprovechado, en un recurso estratégico para la exportación y el fortalecimiento del entramado regional.Con esta obra, el Gobierno de Formosa reafirma su modelo de desarrollo con identidad propia, apostando a la industrialización de la ruralidad y a la sostenibilidad ambiental como banderas de crecimiento.

Por Luciano Román Publicado en La Nación

Si se le preguntara a cualquier ciudadano qué relación cree que existe entre su vida cotidiana y la Acordada 4/2026 de la Corte Suprema, seguramente nos diría que ninguna. Sin embargo, detrás de ese nombre burocrático y desangelado se esconde, quizá, uno de los debates más relevantes que se han planteado en la Argentina en los últimos años. Tiene que ver con la calidad y la idoneidad de los jueces, pero puede leerse como un llamado de atención sobre algo mucho más amplio: la seriedad con la que se eligen los hombres y las mujeres que, en distintos estamentos del Estado, deciden sobre el patrimonio, la libertad, la familia y la honra de los ciudadanos.Con esa acordada, lo que ha hecho la Corte es impulsar un sistema más confiable y riguroso en el proceso de selección y designación de magistrados nacionales. Antes que una propuesta, en el fondo es un diagnóstico: el mecanismo vigente ofrece demasiado margen para la discrecionalidad y la politización, en desmedro de la evaluación técnica y los antecedentes académicos y profesionales. Lo que nos está diciendo el máximo tribunal de la Nación es, “cuidado”: el sistema no está diseñado para elegir a los mejores, sino a los que tengan mayor “palanca” política; tal vez a los que garanticen mayor “lealtad” al poder de turno y a los que sean más habilidosos para operar en “la rosca”.Es necesaria una breve explicación: el Consejo de la Magistratura es un órgano integrado por jueces, legisladores, representantes de los abogados y un funcionario del Poder Ejecutivo. Se encarga de evaluar a los aspirantes a jueces y conformar las ternas que se elevan al Poder Ejecutivo para proponer sus designaciones. En ese proceso, se tienen en cuenta básicamente tres cosas: el resultado de un examen sobre los conocimientos del Derecho, los antecedentes jurídicos, académicos y profesionales y el desempeño del postulante en una entrevista personal con los consejeros. En las formas, todo parece transparente, pero ¿qué ha ocurrido en los hechos? Por artimañas reglamentarias, se le ha otorgado un peso decisivo a la entrevista personal. Puede ocurrir, entonces, que un candidato que obtuvo, por exámenes y antecedentes, el lugar número 19 en una lista de 20 postulantes, pase mágicamente al lugar número 1 por obra y gracia de la entrevista, donde los márgenes de discrecionalidad no tienen techo. Es así como la rosca política puede ser más efectiva que la solvencia técnica. La práctica habilita, entonces, lo que en la jerga judicial se conoce como “el garrochismo”: un salto de garrocha que permite ese ascenso biónico desde los últimos a los primeros lugares.La Corte, que conoce como nadie la calidad de los jueces con los que “ara”, acaba de encender una luz de alerta e impulsa cambios en varios aspectos medulares del sistema. Propone exámenes más rigurosos, evaluaciones anónimas, y una menor incidencia, en el puntaje final, de la entrevista personal. En definitiva, un regreso a la cultura del mérito y un retroceso del amiguismo y el acomodo, dos mecanismos que han colonizado la forma de acceso a los lugares más encumbrados del Estado.La arbitrariedad y el favoritismo para definir designaciones son rasgos de una cultura que excede al Poder Judicial y atraviesa, de punta a punta, la vida institucional de la Argentina. Puede decirse que en la Justicia los concursos han sido desvirtuados y en algunos casos, amañados. Pero en otros estamentos del Estado fueron directamente abolidos.Para asomarse a la magnitud del problema vale la pena reparar en este párrafo de un informe de Cipecc que firman Gonzalo Diéguez, Jimena Rubio y Laura Zivanic: “Desde inicios de 2002, la función directiva del Estado nacional ha sido cubierta centralmente de modo discrecional. En diciembre de 2018, el 93 por ciento de los directores nacionales y generales de la Administración Pública nacional estaba designado de forma transitoria y el 80 por ciento estaba exceptuado de requisitos. La proliferación de este tipo de designaciones evidencia que el ingreso a la mayoría de los cargos con incidencia crítica en el desarrollo de políticas públicas no responde a decisiones basadas en competencias profesionales ni a criterios de acceso en base al mérito”.El Gobierno nacional, que ha tenido el acierto de poner en debate la dimensión y el financiamiento del Estado, ha exhibido -sin embargo- muy pocos avances y hasta groseros retrocesos en la búsqueda de profesionalismo y jerarquización de los recursos públicos. A la hora de designar, por ejemplo, a titulares de organismos como la Aduana, la DGI, el Indec o el Servicio Meteorológico se ha perdido la oportunidad de hacerlo a través de concursos o, al menos, con sistemas más transparentes como podrían ser audiencias públicas o evaluaciones ante jurados técnicos. Si se hubiera avanzado en esa dirección se habría marcado un hito institucional.La Argentina tuvo una larga y rica tradición en materia de formación y selección de funcionarios públicos. Uno de los modelos más virtuosos, que ha logrado, incluso, sobrevivir a los embates del populismo, es el del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (Isen), que fue creado a través de un decreto de 1963 y, luego, jerarquizado por ley en 1975. Es un sistema que exige capacitación, exámenes, escalafón y requisitos estrictos en materia de conducta personal, donde se acotan los márgenes de arbitrariedad política para convertir al servicio exterior en una carrera basada en el esfuerzo y la trayectoria profesional ¿No debería tomarse como modelo en otros ámbitos del Estado?La iniciativa de la Corte descorre el velo, en definitiva, sobre un problema que no solo excede a la Justicia sino también a la política. En la Argentina se ha devaluado el examen como engranaje cultural. Para el ingreso a las universidades, por ejemplo, el único requisito es presentar el DNI. Ni siquiera es necesario el título secundario, según el artículo séptimo de la ley de educación superior. Muchos colegios, para definir las vacantes, apelan al sorteo de la Lotería: evaluar es “estigmatizante”, lo mismo que poner aplazos. El docente que reivindica la exigencia es descalificado como cultor del “dificilismo”.En las universidades nacionales creció en forma exponencial la cantidad de docentes que nunca pasaron por un concurso. Pero los exámenes también se han desdibujado en la carrera hospitalaria y prácticamente no existen en el acceso a la Administración Pública. Si en la jurisdicción nacional todo esto es un problema grave, en las provincias es directamente una catástrofe. Algún día también deberían encenderse los reflectores sobre el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires.No sólo se han desvirtuado los mecanismos de evaluación y selección en distintos estamentos, sino también tradiciones muy arraigadas, por ejemplo, en los órganos parlamentarios. Es obvio -además de sano y republicano- que a las bancas legislativas no se accede por concurso, sino por el voto popular. Sin embargo, existía un saludable consenso que indicaba que para ocupar las presidencias de determinadas comisiones se requería cierta formación en los temas específicos. Ha sido una constante que la comisión de Presupuesto, por caso, sea presidida por un economista o un profesional con antecedentes en la gestión de recursos públicos. La de Juicio Político, por alguien que fuera abogado y la de Relaciones Exteriores y Culto, por un legislador con alguna sensibilidad, al menos, por asuntos de la geopolítica o la diplomacia. Esas tradiciones acaban de ser archivadas: en la comisión de Juicio Político asumió como presidenta la diputada libertaria Lilia Lemoine, con un perfil alejado del territorio jurídico; en la de Relaciones Exteriores fue designada la oficialista Juliana Santillán, que anunció una reunión con el embajador de Checoslovaquia, un país que fue disuelto hace más de treinta años.Cuesta conectar la falta de idoneidad en el Estado con las desventuras cotidianas del ciudadano de a pie. Sin embargo, hay una relación directa entre la degradación del servicio público y las penurias de la sociedad. La selección de los jueces parece una cosa abstracta, un debate de especialistas. Sin embargo, en ese trámite “lejano” se juegan la tranquilidad, la confianza y la seguridad de un padre o una madre que debe litigar en un juzgado de Familia, la de una Pyme que se juega su supervivencia en un pleito laboral o la de una comunidad como la de Rosario, que ve con desolación el avance del narcotráfico.La cultura del mérito, del examen, de la selección rigurosa para acceder a ciertos cargos, determina la calidad de los médicos que atienden en los hospitales, de los abogados que asisten una familia en apuros o de los contadores y los inspectores que revisan nuestras cargas impositivas.Aunque a veces lo veamos como un espectáculo bizarro, la degradación del debate parlamentario debilita la confianza de los inversores, genera dudas sobre la calidad técnica de las leyes y reviste de vulnerabilidad e incertidumbre reformas fundamentales que se votan en el Congreso.La opacidad en los sistemas de designación produce, además, un efecto injusto: afecta la credibilidad y el prestigio de muchos jueces y funcionarios que honran los lugares que ocupan y tienen trayectorias ejemplares.En este contexto, el debate que impulsa la Corte debe leerse como una enorme oportunidad: “Basta de acomodo”; “volvamos a la cultura del mérito”. Eso es lo que subyace detrás de un título árido y burocrático: Acordada 4/2026. Ojalá sea el inicio de un debate que trascienda las fronteras de la Justicia.

Análisis

La nota de opinión de Luciano Román revela uno de los males de estos tiempos en que todo se ha nivelado hacia abajo, con una degradación de los niveles educativos que alarma y cuyas consecuencias las paga la sociedad en su conjunto, al salir a la calle profesionales sin la formación acorde a la responsabilidad que asumen.Hace recordar las desafortunadas expresiones del ex presidente, Alberto Fernández en torno al poco valor que le atribuía al mérito, expresiones que dibujan, de cuerpo entero, la mediocridad de quien nunca pudo ser, por las vías normales, Presidente de la Nación, y que desconoce que, quienes más lejos han llegado, acá y en el mundo, no son precisamente los que se han criado en familias pudientes, sino los que han comenzado desde abajo, incluso sufriendo algunos tropiezos que han contribuido a forjar la necesaria experiencia.  La proliferación de universidades y las facilidades extremas dadas al proceso de ingreso ha contribuido al menor nivel que exhiben los profesionales que se han recibido estos años. Hasta llegó a haber una Universidad de las Madres de Plaza de Mayo o vinculada a la AFA, así como la proliferación de facultades que dan títulos con estudio a distancia, que es lo mismo que tomar una declaración indagatoria -uno de los pasos esenciales del proceso- vía Zoom, desnaturalizando la inmediatez que hace a la necesidad de que el imputado esté cara a cara frente al juez o al fiscal quien, a la vez, puede percibir su semblante y reacción frente a las preguntas, así como la disposición a clarificar los hechos. La pérdida del valor del esfuerzo, del sacrificio y el valor del trabajo ha sido el denominador común de los últimos años. Antes el proceso de ingreso en la UBA, en la Universidad de Santa Fe, La Plata o Córdoba, o en el propio Colegio Nacional de Buenos Aires (dependiente de la UBA) era claramente riguroso para asegurar que quienes salgan de esas casas de estudios tengan la formación acorde a la responsabilidad que asumen, evitando lo que ahora ocurre y es moneda corriente, algo que obviamente no se limita al campo del Derecho, en lo que hace a jueces y fiscales, sino a todas las disciplinas en las que, el común de los ciudadanos, no pocas veces se encuentra con contadores, abogados, psicólogos o médicos que no están a la altura de las circunstancias. Quizás, sí, haya que llegar a un punto intermedio y adoptar la temática como una política de Estado. Pero de nada vale seguir alentando situaciones que van en desmérito del nivel que deben mostrar jueces, legisladores, profesionales y demás actores sociales, tanto más cuanto su acción incide en el conjunto. Es la diferencia que vemos respecto a realidades que se ven en otros lares, sin llegar a Alemania o a Japón. Ejemplos sustantivos más cercanos como Chile, Uruguay o el Paraguay, cuyas economías, nivel de inflación y riesgo país son indicadores elocuentes que están a la vista.  

La intendente de Pirané Yéssica Palacios, junto a los ediles peronistas de esa localidad, reafirmó su férreo apoyo y compromiso con la gestión del gobernador Gildo Insfrán, al enfatizar: “Reconocemos en él, una conducción con claridad política, firmeza y una visión estratégica que ha sabido sostener a lo largo del tiempo, un proyecto de provincia basado en la inclusión, justicia social y presencia activa del Estado”.Y continuó: “Este Modelo Formoseño no es una casualidad: es la construcción política y sólida, planificada comprometida con la felicidad del pueblo”, por tanto, “no reconocer su rol histórico, es negar la realidad misma, que se refleja no solo en las obras sino también en la tranquilidad y la paz social que vivimos los formoseños”.Por ello, afirmó Palacios que “estamos convencidos de que en nuestra provincia existen hombres y mujeres con capacidad para asumir responsabilidades y continuar este camino. Los necesitamos a todos para fortalecer el Modelo Formoseño”. La intendente piranense aseguró también que Insfrán es el “único conductor”, que “ha marcado un rumbo claro, siendo el artífice de este proyecto político que hoy nos contiene y nos guía”. Ante lo cual, “desde los sectores que están comprometidos con las políticas de ajuste, de un Gobierno nacional insensible, no es casualidad que lo ataquen y traten de desacreditarlo”. “Hoy Argentina atraviesa un contexto crítico”, afirmó la intendente, “donde decisiones del Gobierno nacional  afectan directamente a nuestra gente: como el desfinanciamiento del PAMI, la caída de programas esenciales como Remediar, la baja en la actividad económica y el deterioro del poder adquisitivo”.Estas políticas, continuó diciendo, “también impactan de manera directa en los municipios. La caída de la coparticipación y el recorte de recursos hacen cada vez más difícil sostener la gestión y dar respuestas a las demandas de nuestra comunidad”.“Más aún en nuestro caso-puntualizó la intendente-, como gestión nueva, que asumió con el compromiso de transformar y mejorar la calidad de vida de los piranenses, nos encontramos en un escenario adverso, eso implica que seguimos trabajando con responsabilidad y compromiso”.Por eso, “en estos tiempos y con estos escenarios que plantea la realidad nacional”, reafirmó categórica, “una vez más, que debemos dejar de lado las ambiciones personales y fortalecer la unidad, que no es solamente una unidad por sí misma, sino que es la unidad programática de seguir trabajando para que continúe la justicia social en la provincia que garantiza el Modelo Formoseño”. Por todo ello, Palacios y los ediles peronistas del Concejo Deliberante “ratificamos nuestro acompañamiento incondicional al gobernador Insfrán y renovamos nuestro compromiso con el Modelo Formoseño, convencidos de que es el camino para seguir garantizando derechos y construyendo una provincia con más igualdad y oportunidades para todos”. 

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) celebró este viernes 10 de abril, su 54.o aniversario de vida institucional, consolidándose como una herramienta estratégica del modelo formoseño para garantizar el acceso al techo propio.

El ingeniero Marcelo Ugelli, administrador general del IPV, en declaraciones a las que accedió esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), expresó que el objetivo fundamental del organismo “es brindar la posibilidad de acceso a una vivienda a las familia formoseñas” y eso, afirmó: “Es una tarea muy importante”. Asimismo, indicó que a pesar de que el Gobierno nacional eliminó la Secretaría de Vivienda y los fondos fiduciarios para la vivienda social, “en Formosa estamos trabajando sobre una planificación provincial”.El funcionario resaltó que “la gran meta para este año es entregar unidades en localidades del interior y realizar un sorteo en capital” y anticipó que “ya se está trabajando en el acondicionamiento de grupos de viviendas en el barrio Nueva Formosa”.Precisó que “entre los anuncios del gobernador Gildo Insfrán se encuentran las obras, con fondos provinciales, las viviendas que se iniciaron en Las Lomitas y Tres Lagunas; en tanto que en Pirané comenzarán la semana que próxima; en El Colorado, estamos haciendo los acuerdos y los convenios correspondientes para retomar las obras y en Laguna Blanca están ya en sus últimos detalles”. Además, en la ciudad capital, señaló que el IPV “continúa su agenda habitual de mejoramiento de barrios, con tareas de infraestructura básica en la Nueva Formosa, 800 conexiones de cloacas en el Juan Domingo Perón, la segunda etapa del Paseo Guadalupe y reparación de escaleras en ese barrio y redes de agua en el sector del Divino Niño”. También nombró que “en el barrio Santa Rosa estamos liberando la traza de una calle que ha sido ocupada por casas irregularmente y trasladando a esas familias a las viviendas de emergencia hídrica y poder liberar la circulación normal”. Consultado sobre el sistema de adjudicación de las viviendas, Ugelli defendió el mecanismo de sorteo porque “aporta transparencia” y explicó que “nosotros consolidamos el padrón y se lo entregamos al Instituto de Asistencia Social (IAS), que realiza el sorteo. A partir de ahí, comenzamos los controles pertinentes”. En este sentido, subrayó que el hecho de que la inscripción fuera online “facilitó mucho, porque es una declaración jurada que se hace a través de de un teléfono o computadora”, destacando que “ya no hay esas largas colas con cupos.“Trabajar sobre eso nos permitió dar la transparencia que se merece el sorteo para que queden de lado todas esas cuestiones de qué se arreglan las entregas de las casas”, aclaró al concluir. 

La decisión del Gobierno de Javier Milei de retirar acreditaciones a periodistas de medios críticos sumó en las últimas horas una voz de fuerte impacto: la de Liliana Franco, histórica periodista de Ámbito Financiero, quien denunció que le negaron el ingreso a Casa Rosada después de más de tres décadas de trabajo ininterrumpido.

“Con Cristina no pasó, me sacaron con un gobierno liberal”, lanzó Franco con dureza al quedar del otro lado de las rejas de Balcarce 50, en una frase que rápidamente se viralizó y expuso la gravedad institucional del conflicto. Según relató, lleva 30 años acreditada, tiene escritorio fijo en la sala de periodistas y hasta dejó pertenencias personales en su gaveta, a la que ahora tampoco puede acceder.

La periodista cuestionó además la falta de fundamentos de la medida y denunció que el criterio aplicado fue selectivo y desigual. “La nota no tiene mucho fundamento, y la medida no fue pareja”, sostuvo, en referencia a la acusación oficial sobre una supuesta operación de desinformación rusa. En ese sentido, remarcó que Ámbito es un diario con 50 años de historia y rechazó de plano cualquier insinuación de financiamiento externo.

La avanzada oficial alcanzó a periodistas acreditados de El Destape, A24, Ámbito Financiero, Tiempo Argentino y La Patriada, medios a los que se les bloqueó el acceso a Casa Rosada y también al Congreso en algunos casos. La explicación informal fue una supuesta vinculación con publicaciones sobre una “campaña rusa” contra Milei, aunque la medida despertó fuertes cuestionamientos desde sectores políticos y del periodismo.

En la Cámara de Diputados, el intento opositor de repudiar la quita de acreditaciones no prosperó. Entre quienes acompañaron la postura del oficialismo y rechazaron tratar el repudio, aparecen cuatro legisladores por el Chaco:

La votación dejó al descubierto el respaldo parlamentario a una medida que ya es denunciada por amplios sectores como un acto de censura y disciplinamiento contra la prensa crítica.

El caso de Liliana Franco, por su trayectoria y permanencia histórica en Casa Rosada, terminó de convertir el conflicto en un símbolo del deterioro de la relación entre el Gobierno libertario y los medios no alineados.

Durante el debate en la Cámara de Diputados por las reformas de la ley de Glaciares, el diputado formoseño apuntó contra su par de La Libertad Avanza por las denuncias en su contra.

Tras un intenso debate parlamentario, La Libertad Avanza (LLA) y aliados lograron la sanción definitiva de las reformas de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados. En este marco, una de las intervenciones más destacadas fue la del diputado formoseño de Unión por la Patria Luis Basterra, quien apuntó contra el diputado libertario Atilio Basualdo por violar la Ley Nacional de Bosques y pidió el embargo de su dieta.Durante su intervención, Basterra comenzó: “El diputado Basualdo ha violado la Ley Nacional de Bosques, atentando contra el ambiente con la única finalidad de engrosar su patrimonio personal. Con total desprecio y solo con fines de lucro, el legislador desmontó 659 hectáreas”. Para graficar, el legislador explicó que es el equivalente a dos veces los bosques de Palermo.Según indicó, esta irregularidad fue detectada por el sistema de alerta temprana del Estado nacional y el diputado libertario fue condenado a pagar más de $624 millones de pesos de capital, más $124.928.832 pesos en concepto de intereses.“Sin embargo, el diputado pretende eludir su responsabilidad manteniéndose como un infractor moroso en abierta contraposición con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que es el de preservar y recomponer el daño ambiental. Su actual demanda judicial ordena el embargo sobre la dieta del diputado Basualdo para resarcir el daño ambiental causado”, prosiguió Basterra, aunque remarcó que esto aún sigue sin cumplirse.Desmontes ilegales enFormosa

El Ministerio de Producción y Ambiente de Formosa aplicó sanciones económicas por varios cientos de millones de pesos al senador nacional Francisco Paoltroni y al intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, por estar involucrados en desmontes ilegales y compras irregulares de tierras fiscales en el interior provincial. Según detallaron desde el organismo, la investigación administrativa reveló múltiples violaciones a las normativas ambientales vigentes.Según trascendió, la causa apunta a cambios de uso de suelo sin autorización o con permisos pero sobre zonas que sus límites fueron excedidos lo que se evalúa como una violación a la normativa vigente. Basualdo fue multado por aproximadamente 1025 millones de pesos por desmontes de 467 hectáreas en cercanías a Pozo Molina, la cual es una zona considerada de alto valor biológico para el ecosistema, debido a los corredores. La segunda sanción es por 192 hectáreas desmontadas del Quemado Nuevo.La situación judicial del senador nacional Francisco Paoltroni se volvió más compleja en los últimos días tras la condena dictada por la Justicia de Formosa, que lo obliga a abonar una multa superior a los 101 millones de pesos por el desmonte ilegal de 112 hectáreas. A este escenario se suman antecedentes de infracciones previas cometidas en 2017 y 2018, que según autoridades provinciales aún no fueron regularizadas.

Están realizando rondas de consultas en la comisión ampliada de los martes en la Cámara de Diputados, con profesionales de la educación y la salud mental, como así también alumnos del nivel secundario y centros de estudiantes. Buscan escribir y tratar una futura normativa consensuada por todos los bloques del recinto. Apuntaron contra la oposición por cuestionar un proyecto que “no existe aún”.En diálogo con AGENFOR, los diputados provinciales por el justicialismo Rodrigo Vera y Rosa Passadore, se refirieron al tratamiento en comisiones de un posible proyecto de ley para regular el uso de los dispositivos móviles en las aulas de las instituciones educativas de la provincia y aseguraron que “es una problemática que hay en todo el mundo”.En principio, Vera explicó que, en la época de la pandemia, “todas las escuelas del mundo se digitalizaron muchísimo, y hubo resultados”, pero años después, “demostraban que el uso abusivo de los dispositivos personales generaban un proceso muy difícil en la enseñanza, especialmente en los más pequeños”.Y añadió: “Por lo tanto, más de 80 países y 12 provincias ya han tomado medidas sobre esta cuestión, regulando el uso de los celulares de manera mucho más estricta cuando son niños y de manera más regulada y con excepciones, cuando están en la adolescencia, en la secundaria”.En ese marco, el legislador señaló que “hemos escuchado a docentes, directivos, personal de salud, centros de estudiantes” el pasado martes 7, durante reunión de comisión y, consideró, “fue un proceso muy enriquecedor que esperamos discutirlo con todos los bloques de la Legislatura para llegar a un acuerdo y brindar a la comunidad una solución desde el lugar que nos toca, que luego tendrá una reglamentación en el Ministerio de Educación y seguramente, instancias de diálogo y consenso dentro de las escuelas”.Asimismo, recordó que “hace dos martes atrás, hemos escuchado a los gremios” y, aseguró, “estamos en contacto permanente” porque “se escucha realmente a todos”.“Y la verdad que cuando uno comprende bien cuál es el tema, las cosas en juego, nadie puede estar en contra de un mecanismo de protección de la niñez, de la salud mental y del proceso de aprendizaje de los niños. Así que creo que cuando uno lo analiza bien y escucha a todas las partes, sabe perfectamente qué es lo que tenemos que hacer”, sostuvo.

El jefe de la bancada justicialista, Agustín Samaniego, denunció que el senador de La Libertad Avanza utilizó su influencia política para acceder a un préstamo de 270 millones de pesos en la banca pública. “Mientras el Gobierno nacional pide sacrificios, sus funcionarios se benefician con créditos que ningún trabajador puede obtener”, sentenció.

La revelación de una lista de funcionarios del oficialismo nacional beneficiados por créditos hipotecarios de la banca pública generó un fuerte cimbronazo en el arco político local. El caso del senador formoseño Francisco Paoltroni, quien obtuvo un préstamo de 270 millones de pesos otorgado por el Banco Ciudad para la compra de una vivienda en Capital Federal, fue calificado por el diputado provincial Agustín Samaniego como una “burla” y una muestra de “acomodo político”.Samaniego cuestionó la coherencia del bloque libertario al recurrir a instituciones estatales para su financiamiento personal. “¿Por qué no acuden a un banco privado? Si su actividad privada es tan floreciente como dicen, deberían financiarse allí. Fueron al Banco Nación y al Banco Ciudad porque allí están sus cómplices”, disparó el legislador, señalando lo que considera una “asociación ilícita” para beneficiar a un grupo selecto con el dinero de todos los argentinos.El legislador subrayó la paradoja de que referentes que promueven el recorte del Estado sean los primeros en utilizar las herramientas de la banca pública para beneficio propio, mientras el acceso al crédito para el ciudadano común es prácticamente inexistente.Además, hizo especial hincapié en las condiciones del préstamo, destacando que el senador podrá pagarlo en un plazo de 20 a 25 años, una oportunidad que hoy se le niega a la clase media y a los trabajadores.

Parálisis de la obra pública

Samaniego recordó que el Gobierno de Javier Milei ha paralizado todas las obras de vivienda en Formosa. “Hace dos años que no se construye una casa nacional en la provincia, y este senador, que es cómplice de ese abandono, se compra una mansión en Buenos Aires”, lamentó.“Esto es un cachetazo –agregó- para la gente que ve cómo los alquileres aumentan y el sueño de la casa propia se aleja, mientras sus representantes usan influencias para compras millonarias”.Para el jefe del bloque del PJ, las explicaciones brindadas por Paoltroni a través de comunicados resultan “simplistas” y no alcanzan para frenar lo que considera un escándalo institucional.“Paoltroni no camina la provincia, no sabe cuántos formoseños necesitan un crédito y no reciben ni una fracción de lo que a él le dieron por ser senador”, sostuvo, y en esa línea, exigió que el legislador nacional devuelva el dinero de forma inmediata y no en las cuotas de privilegio otorgadas: “El Banco Nación debe promover la vivienda para los trabajadores, no para comprar voluntades políticas”.

La única verdadera oportunidad que tenemos los ciudadanos de filtrar a los malos magistrados es en la puerta de entrada del sistema.

Por Martín Zapiola GuerricoAbogado, cofundador de la Comisión Pro Bono del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires

Los argentinos nos quejamos con frecuencia del funcionamiento del sistema judicial. En particular, de la idoneidad y de la independencia de nuestros jueces. Hay muchos jueces probos, capaces y comprometidos. Pero la percepción social predominante está lejos de ser positiva, y no siempre sin razón: cada tanto emergen escándalos que parecen sacados de una ficción exagerada. A esos episodios se le suman experiencias personales bastante más extendidas: juicios que se eternizan, resoluciones difíciles de comprender, decisiones que generan una sensación de arbitrariedad.Aquí aparece una paradoja que llama la atención. Quienes más cuestionan la calidad de la Justicia suelen mostrar escaso -cuando no nulo- interés por el proceso mediante el cual se selecciona a los jueces. Es como si dijéramos: “Elíjanlos como quieran”. Ese desinterés es curioso y muy nocivo, porque una vez designados los jueces permanecen en sus cargos casi de por vida y sólo pueden ser removidos a través de mecanismos institucionales excepcionales y poco frecuentes. La única verdadera oportunidad que tenemos los ciudadanos de filtrar a los malos magistrados es en la puerta de entrada del sistema. Si fallamos en el proceso de selección, estamos condenados a padecerlos durante décadas.No obstante su importancia, el régimen de selección vigente ha convivido durante años con amplios márgenes de discrecionalidad. En distintos tramos del proceso -la valoración de antecedentes, las entrevistas personales, la construcción de los órdenes de mérito- existen espacios donde los criterios no resultan transparentes. Además, los parámetros de asignación de mérito de los candidatos parecen dirigidos a evaluar lo que es de fácil evaluación y no lo que es predictor del buen desempeño en la magistratura. El resultado: muchas veces los peores candidatos terminan desplazando a los mejores, sin explicación alguna.Y esto, a su vez, genera un círculo vicioso: la percepción de opacidad y discrecionalidad desalienta a muchos profesionales destacados y comprometidos para ingresar a la carrera judicial, o para esforzarse y seguir avanzando en la misma. Para alguien que confía en su capacidad e idoneidad, no resulta tentador jugar en una cancha tan inclinada.Si el problema es estructural, la respuesta no puede ser menor. Y en esa línea aparece una novedad que, a mi entender, puede determinar un cambio sistémico sustancial en la manera que elegimos a nuestros jueces. A través de la Acordada 4/2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha puesto en marcha una propuesta de reforma del sistema de selección que apunta directamente al corazón del problema: menos discrecionalidad, mejores criterios para evaluar mérito, más reglas objetivas y mayor transparencia en cada etapa del proceso.Obviamente, esta propuesta está sujeta a la consideración y eventual aprobación del Consejo de la Magistratura de la Nación, que es el órgano constitucionalmente encargado de intervenir en la selección de los jueces. La propuesta de reglamento que impulsa la Corte incluye numerosos cambios sustanciales al sistema vigente, de los cuales me interesaría resaltar los siguientes:Anonimato absoluto garantizado: se establece un sistema de anonimato real en los exámenes escritos, basado en códigos alfanuméricos y sistemas informáticos auditables. Quien corrige no es quien diseña los exámenes y no tiene forma de saber a quién está evaluando. Esto elimina de raíz uno de los factores más sensibles de cualquier proceso de selección, la posibilidad de que el nombre, los vínculos o la trayectoria del candidato influyan -consciente o inconscientemente- en su calificación.Reducción de la incidencia de la entrevista personal: actualmente esta instancia funciona como un espacio donde pueden alterarse de manera significativa los órdenes de mérito construidos en las etapas técnicas. La entrevista personal permite hoy que los últimos en resultados técnicos terminen primeros y viceversa. La propuesta de la Corte limita la incidencia de la entrevista personal -necesaria en términos institucionales- al 10 por ciento de la calificación total obtenida por el entrevistado y además exige que se justifique cabalmente el puntaje que se asigna.Concursos anticipados como regla general: esta es quizás la modificación con mayor impacto sistémico para el servicio de Justicia y el drama de los juzgados vacantes. Actualmente lo habitual (aunque hay esporádicas excepciones) es que se tramiten los concursos cuando se producen -y se acumulan- las vacantes en los tribunales. Algo así como llamar a concurso para cirujanos en el momento en que el paciente está ingresando al quirófano. La regla propuesta es que se realicen regularmente concursos anticipados para poder cubrir las vacantes cuando estas se produzcan y facilitar la planificación institucional.Creo que el valor de esta iniciativa no es sólo técnico sino institucional: recordarnos que la calidad de la Justicia no empieza en las sentencias, sino mucho antes, en la forma en que se elige a quienes van a dictarlas. Quizás sea momento de que, como sociedad, dejemos de mirar sólo lo que hacen los jueces y empecemos a prestar más atención a cómo llegan a serlo.

Análisis (1)

Con notable claridad, poder de síntesis y precisión el doctor Zapiola puntualiza tres aspectos centrales en el proceso de selección que se viene aplicando hace más de tres décadas y que ha llevado a la degradación del sistema judicial en el país y en todas las provincias.En este contexto, la propuesta de la Corte Suprema apunta a darle seriedad y transparencia a un sistema que no las tiene y que ha contribuido al descrédito de la Justicia que está en los escalones más bajos de valoración. Así lo reveló la reciente encuesta de Poliarquía, que marcó la diferencia con la opinión que de la Corte Suprema tiene la gente, que la pone en el sitial más alto entre los actores sociales con un 48 por ciento de ponderación positiva.Zapiola Guerrico destaca tres aspectos fundamentales. En primer término, la necesidad de garantizar el anonimato, impidiendo que —con antelación— circulen las preguntas o existan mecanismos que permitan identificar a los que rinden. En segundo término, reducción de la incidencia de la entrevista personal que ha llevado, en la práctica, a postergar, muchas veces, a los mejor calificados en beneficio de quienes venían, algunos muy atrás. En tercer lugar, a anticipar el llamado a concurso, antes que las vacantes se produzcan, siempre que ello sea posible.El ejemplo que pone el doctor Zapiola es revelador de algo que es obvio y que cuesta entender, como así no se ha entendido en estas más de dos décadas de funcionamiento del Consejo. Se pregunta si sería válido esperar que el paciente esté entrando al quirófano para llamar a concurso para designar cirujanos.En este marco, la opinión se suma para el debate esclarecedor que deberá darse tanto en el Consejo de la Magistratura nacional como en los superiores tribunales de Justicia y consejos de la magistratura locales, así como en las respectivas legislaturas que tienen la posibilidad de establecer la regulación legal si se advirtiera un retardo, o indiferencia en los ámbitos específicos.

Análisis (2)

El debate abierto respecto a la forma cómo se elige a los jueces debe extenderse a lo que ocurre en las representaciones electorales en todos los niveles y jerarquías.Argentina vive, desde hace más de dos décadas, una inédita crisis de representación, con partidos políticos que han dejado de funcionar democráticamente, lo cual ha llevado a una caída del nivel de las representaciones, algo que se verifica todos los días en la exposición mediática de quienes han sido electos por el voto popular.Más allá de la declamada renovación, puesta en duda por muchos, porque se advierten que los nuevos que aparecen muchas veces traen todos los vicios que se atribuye a los anteriores, incluso aumentados. En esto, hasta los jóvenes distan de ser portadores de la frescura que podría traer la aparición de nuevas figuras, más allá de que canse el mantener en cartelera a quienes acumulan fracasos y han mostrado una particular habilidad para cambiar de camiseta sin el más mínimo rubor.En este contexto, para que se entienda, hay que comenzar por lo primero que es cambiar las reglas de juego, algo que va más allá de los nombres. En el marco interno, asegurar la vigencia de las Primarias obligatorias para que cada espacio defina sus candidatos, terminando con la práctica del “dedo” que no es una crítica que termine en Cristina Kirchner, sino que se ha extendido para sorpresa de todos los que quieren acciones superadoras tendientes a jerarquizar la política.En lo que son las elecciones generales habrá que ver si la eliminación del Colegio Electoral fue una buena decisión, y sin duda terminar con las listas sábanas incorporando el voto electrónico asociado a la boleta única, terminando con la Ley de Lemas que es absolutamente distorsiva y que además otorga una ventaja definitoria a los que controlan la caja del Estado.

El intendente Jofré reivindicó el valor histórico de la fundación y destacó la vigencia de los valores de los pioneros. En un discurso marcado por la defensa de la justicia social, cuestionó el rumbo económico nacional, rechazó la lógica del individualismo y convocó a la comunidad a fortalecer la unidad para proteger el desarrollo productivo y humano de la provincia.En el 147° aniversario de la Fundación de la Ciudad de Formosa, el intendente Jorge Jofré encabezó un emotivo acto junto al gobernador Gildo Insfrán. Durante su discurso, el jefe comunal realizó un recorrido histórico, defendió la identidad local y lanzó duras críticas al rumbo de las políticas nacionales, contraponiendo el modelo de desarrollo provincial.Con el río Paraguay como testigo, Jofré recordó la figura del comandante Luis Jorge Fontana, aquel expedicionario que en 1879 eligió estas tierras para fundar lo que describió como un “paraíso terrenal”.“Los formoseños tenemos incorporado un decidido arraigo a esta tierra; nuestra implantación fue producto de un proceso histórico que nos compromete con su destino”, afirmó el intendente, reivindicando el legado de los primeros pobladores.Al analizar el contexto actual, Jofré no ahorró críticas hacia el Gobierno central. Manifestó su preocupación por el desfinanciamiento en áreas clave como educación, ciencia y políticas sociales, advirtiendo que el modelo vigente parece excluir a las mayorías, y rechazó la lógica del “sálvese quien pueda” y la competencia permanente.Teniendo a la justicia social como eje, afirmó que “nadie se realiza en una comunidad que no se realiza”, citando una máxima que guía el Modelo Formoseño. También destacó que bajo la conducción de Gildo Insfrán, Formosa “exhibe logros extraordinarios centrados en el desarrollo humano”.En su rol municipal, Jofré subrayó el trabajo realizado para fortalecer las economías locales, el apoyo a emprendedores y a las PyMEs, a las que calificó como el “corazón del desarrollo productivo”.“Creemos en una ciudad que avanza, pero con justicia social y oportunidades para todos. Nada de esto sería posible sin la herramienta más poderosa que tenemos: la unidad”, dijo con firmeza.Para concluir, el intendente convocó a los vecinos a defender el proyecto colectivo de provincia. “Formosa no es solo un lugar en el mapa, es una comunidad viva y una historia que escribimos todos los días”, remarcó, antes de cerrar con un emotivo llamado a honrar a los pioneros: “Sigamos construyendo juntos una Formosa cada día más justa, más solidaria y más unida”.

En una jornada cargada de simbolismo, el gobernador Gildo Insfrán presidió los actos centrales por el aniversario fundacional. Tras el tradicional izamiento matutino, miles de niños de cuarto grado prometieron lealtad a la enseña provincial en el Estadio Cincuentenario, ratificando el compromiso con el “ser formoseño” frente a los desafíos actuales.

La ciudad de Formosa conmemoró ayer su 147º aniversario con un programa de actividades que vinculó el respeto por la historia con la mirada puesta en el futuro. La jornada, encabezada por el gobernador Gildo Insfrán, se inició en los primeros rayos del sol y culminó con una multitudinaria muestra de fervor civil por parte de la comunidad educativa.El protocolo comenzó temprano en la intersección de la avenida 25 de Mayo y San Martín. Allí, el primer mandatario provincial, acompañado por el vicegobernador Eber Solís y el intendente Jorge Jofré, presidió el izamiento de los pabellones Nacional y Provincial.Durante la ceremonia se entonaron los acordes de la canción Aurora, interpretada por la Banda de Música de la Policía de la provincia, brindando el marco solemne que marca cada 8 de abril. También estuvieron en la ceremonia el presidente provisional de la Legislatura, Armando Felipe Cabrera, ministros, legisladores y una nutrida presencia de delegaciones escolares.Durante este primer encuentro, el intendente Jofré fue el encargado de recordar la gesta del comandante Luis Jorge Fontana. En un discurso con fuerte tono federal, reivindicó el “paraíso terrenal” fundado en 1879 y advirtió sobre los peligros del individualismo nacional. “Formosa no es solo un lugar en el mapa, es un proyecto colectivo”, sentenció el jefe comunal, marcando el pulso político del aniversario.Para finalizar, hizo un llamado a la resistencia colectiva y al cuidado de los logros alcanzados e instó a los ciudadanos a proteger a Formosa de los “intereses mezquinos” que buscan la desunión para someter a la comunidad.

El último informe elaborado por la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria revela que el 80% de las empresas identifica la falta de demanda como la principal preocupación.La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) advirtió que el sector atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años, con una fuerte caída en la demanda interna que impacta de lleno en la actividad. Según un relevamiento reciente de la entidad, el 80% de las empresas del rubro reporta una disminución en sus ventas, en un contexto de consumo retraído y creciente competencia de productos importados.El informe, elaborado en base a encuestas realizadas a fabricantes de todo el país, refleja que la contracción del mercado interno se consolidó como la principal preocupación del sector. A esto se suma el aumento de costos operativos, que incluye insumos, tarifas y logística, lo que reduce los márgenes de rentabilidad y pone en riesgo la continuidad de muchas firmas, especialmente pymes.Desde la cámara señalaron que el panorama actual obliga a las empresas a ajustar su producción, reducir stocks y, en algunos casos, evaluar recortes de personal. “La falta de demanda es hoy el principal problema. No alcanza con mejorar la competitividad si no hay consumo”, indicaron desde la entidad.El sector de la indumentaria, históricamente intensivo en mano de obra, viene mostrando señales de desaceleración desde hace varios meses. Comerciantes y fabricantes coinciden en que el cambio en los hábitos de consumo —con mayor cautela en el gasto y priorización de bienes esenciales— impacta directamente en la venta de ropa.En este escenario, la CIAI reclamó medidas que apunten a reactivar el consumo y sostener la producción nacional. Entre las propuestas, mencionaron la necesidad de facilitar el acceso al crédito, reducir la presión impositiva y generar incentivos para fortalecer la industria local frente a la competencia externa.

El diputado de La Libertad Avanza, Esteban López Tozzi, dio marcha atrás con su promesa estrella de campaña. Tras cobrar más de 22 millones de pesos en lo que va del año, cambió el sorteo público por donaciones a conocidos, generando una ola de reclamos por el uso de los datos personales de los inscriptos y la falta de transparencia en sus actos.

Lo que inició como una de las promesas de campaña más resonantes del espacio libertario en Formosa ha derivado en un escándalo por falta de transparencia. El diputado provincial Esteban López Tozzi es objeto de duras críticas tras confirmar que no realizará el sorteo de su sueldo, tal como había anunciado públicamente antes de asumir su banca.Durante su campaña, López Tozzi habilitó un registro digital donde miles de vecinos de la provincia se inscribieron con la expectativa de participar por el monto de su dieta, que asciende a $7.500.000 mensuales. Sin embargo, tras haber percibido los haberes correspondientes a enero, febrero y marzo -una suma total de $22.500.000-, el legislador optó por cambiar la modalidad.El cuestionamiento central radica en que el sorteo garantizaba igualdad de oportunidades y transparencia para todos los inscriptos, mientras que la nueva modalidad de “donación” queda bajo su exclusivo criterio personal. Según trascendió, el primer desembolso habría sido destinado a una persona vinculada a su entorno, lo que aumenta las sospechas sobre la discrecionalidad del acto.La polémica no solo gira en torno al dinero, sino también a la seguridad de la información. Miles de formoseños proporcionaron sus datos personales en el link oficial que el diputado promocionó para el sorteo. Ante el incumplimiento de la promesa original, crece la preocupación sobre el destino y el uso que se le dará a esa base de datos de ciudadanos que buscaban un alivio económico.

Un giro que genera rechazo

Para diversos sectores de la ciudadanía, este cambio de postura representa una “estafa política” a quienes confiaron en su discurso de renovación. El incumplimiento de la palabra empeñada pone a López Tozzi en el ojo de la tormenta, siendo señalado por recurrir a prácticas de manejo de fondos que él mismo criticaba antes de llegar a la Legislatura.Hasta el momento, no hubo una explicación clara sobre qué sucederá con los montos acumulados de los meses anteriores ni cuál será el mecanismo para futuras entregas, dejando una sombra de duda sobre la ética de su gestión en este inicio de período legislativo.

Denunciaron la hipocresía del Gobierno del presidente Javier Milei “al intentar adjudicarse este fallo, ya que resulta una contradicción histórica inaceptable, más aún cuando inició su gestión presidencial intentando privatizar nuevamente YPF y desmantelar empresas estratégicas vinculadas al desarrollo energético y tecnológico”.Más de 160 ingenieros de distintas ramas de la provincia de Formosa suscribieron un documento luego del fallo favorable a la Argentina en la Justicia estadounidense, que dejó sin efecto el pago de USD 16.000 millones por el juicio iniciado por la estatización de YPF. Cabe recordar que la resolución del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dejó sin efecto la sentencia de primera instancia dictada por la jueza Loretta Preska, quien había ordenado un resarcimiento multimillonario. Era el mayor juicio que enfrentaba el país en el exterior y la demanda más grande en la historia de EEUU contra un Estado soberano.En ese sentido, los ingenieros remarcaron que no se trata de “un hecho aislado, sino la validación internacional de una decisión soberana”, ya que “ratifica la potestad de nuestro Estado” sobre la empresa estatal YPF. “Como ingenieros del Modelo Formoseño, profesionales comprometidos con el desarrollo del país, exponemos que el origen del éxito fue la Ley N° 26.741”, remarcaron en el texto, recordando que “el actual motor energético del país no existiría sin la sanción de esa Ley de Soberanía Hidrocarburífera, sancionada el 3 de mayo de 2012 y publicada en el Boletín Oficial el 7 del mismo mes y año”. Destacaron que se trata de una norma “impulsada por un Gobierno peronista” que declaró de interés público nacional el autoabastecimiento y permitió la expropiación del 51% de las acciones de REPSOL YPF. Pusieron de resalto que merced a este marco legal, “YPF dejó de ser una oficina de dividendos extranjeros y se convirtió en el líder tecnológico que desarrolló Vaca Muerta”, añadiendo que “el éxito del sector hidrocarburífero no convencional fue posible porque hubo en ese entonces un Estado que, a través de la inversión pública y el desarrollo del conocimiento técnico, asumió el riesgo que el mercado privado no aprovechaba”. En ese contexto, denunciaron la hipocresía del Gobierno del presidente Javier Milei “al intentar adjudicarse este fallo, ya que resulta una contradicción histórica inaceptable, más aún cuando inició su gestión presidencial intentando privatizar nuevamente YPF y desmantelar empresas estratégicas vinculadas al desarrollo energético y tecnológico”. Advirtieron, en esa línea, que “la privatización que hoy reivindica el actual oficialismo fue la que vació las reservas en los años ‘90”, exhortando a la toma de conciencia sobre esta situación, ya que ello “nos permite reconocer la amenaza actual que pretende vender nuestros activos energéticos condenando al país al subdesarrollo primarizado”.

Apertura de mercados

Plantearon además que “actualmente la producción energética alcanza niveles récord, pero con tarifas de exclusión, una paradoja que expone la transferencia inmoral del capital nacional hacia centros concentrados de poder financiero extranjero”. Alertaron aquí que “la política de apertura de mercados es un ataque directo a la economía nacional y la competitividad”, afirmando que “es técnica y políticamente inaceptable que, siendo un país productor con excedentes gracias a la inversión sostenida de la empresa estatal YPF, el pueblo sufra aumentos de combustibles atados a la volatilidad internacional”. “Se están adquiriendo combustibles a precios internacionales como si se estuvieran importando, cuando Argentina es el país productor”, rechazaron, sosteniendo que “la energía debe ser un insumo para el desarrollo de nuestras industrias y el bienestar de las familias, no un negocio de exportación que asfixia el mercado interno”. En el tramo final del comunicado, resaltaron que “este fallo que nos da la razón histórica, refuerza la posición que tomamos desde el Modelo Formoseño, bajo la premisa de que la soberanía nacional es el único camino hacia la justicia social”, ratificando que “sin el control estatal de los recursos estratégicos (energéticos, petroleros y gasíferos) no hay futuro posible para la sociedad argentina”. “Frente a los intentos de retroceder hacia modelos de entrega y desguace, las y los ingenieros del Modelo Formoseño reafirmamos el compromiso inquebrantable de seguir recorriendo el camino del desarrollo”, revalidaron, aclarando que ello “no se realiza en la mera extracción, sino en la industrialización, la soberanía tecnológica y la justicia territorial, con la visión puesta en una Argentina grande y una Formosa protagonista”. 

Javier Milei activó $400 mil millones en anticipos para 12 provincias, dejó a Formosa afuera y encendió la polémica por reparto discrecional. Los fondos deberán devolverse antes de fin de año, en un contexto de fuerte tensión fiscal.El gobierno de Javier Milei dispuso anticipos financieros de hasta $400 mil millones para 12 provincias en concepto de coparticipación federal. La medida, oficializada a través del Decreto 219/2026 publicado en el Boletín Oficial, vuelve a poner bajo la lupa el manejo discrecional de los fondos, ya que Formosa no figura entre los distritos beneficiados.La decisión fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, y establece que los fondos deberán ser reintegrados dentro del ejercicio fiscal en curso. A partir de la comunicación oficial se conoció que las provincias beneficiadas son: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán.La medida fue anticipada en los últimos días, en paralelo al debate por la reforma de la Ley de Glaciares que se prevé tratar en la Cámara de Diputados, el próximo miércoles 8 de abril. Estos anticipos forman parte de la ayuda financiera que el Estado puede dar a las provincias, en medio de problemas fiscales y una caída de ingresos en varias jurisdicciones.

Caída en la pobreza interanual formoseña

El Observatorio Politiké informó que Formosa experimentó una reducción del 18,3% en los niveles de pobreza al comparar el segundo semestre de 2024 con el mismo período de 2025. La gestión del gobernador Gildo Insfrán posiciona a la provincia como el tercer aglomerado con mayor descenso a nivel nacional.Durante el segundo semestre de 2025, el índice de pobreza en Argentina se estableció en un 28,2% para las personas y un 21% para los hogares. En este contexto, la ciudad de Formosa reportó cifras ligeramente más bajas que el promedio nacional, lo que registra una incidencia del 27,9% en individuos y del 19,7% en términos habitacionales.El informe resalta una evolución interanual favorable para la provincia, que logró reducir significativamente la cantidad de personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Este descenso consolida una tendencia positiva de mejora en los indicadores sociales de la región en comparación con los datos registrados el año anterior.El Observatorio aclaró que la medición oficial del INDEC se fundamenta exclusivamente en el criterio de ingresos monetarios. Bajo esta metodología tradicional, no se consideran de forma directa las diversas intervenciones y políticas públicas provinciales que influyen significativamente en el bienestar y la calidad de vida de los habitantes.En este sentido, se destacó que programas de asistencia integral como el Plan Nutrir, la entrega de kits escolares y medicamentos, el subsidio tarifario Esfuerzo Formoseño y el sostenimiento de los comedores escolares durante todo el año quedan fuera del cálculo estadístico. Los especialistas señalan que, si se lograra cuantificar e incorporar el impacto económico de estas prestaciones, los niveles de pobreza registrados serían considerablemente inferiores.

Advierte sobre el impacto del ajuste en las provincias. “La macro funciona, pero la micro está mal”, remarca. Dejó en claro que la ex Presidente convirtió al PJ en una PYMES familiar. Se sumó así a otros que piden que Cristina pase a cuarteles de invierno, considerando que hoy su protagonismo no contribuye a la unidad del PJ ni a mostrar hacia afuera una oferta electoral competitiva.

Uno de los aliados que tiene el oficialismo en el Congreso, el salteño Gustavo Sáenz busca ser un factor aglutinante de otros gobernadores, quizás con mayor margen de maniobra que el propio gobernador de La Rioja, cuyas idas y vueltas con el kirchnerismo no lo beneficiaron. A nivel partidario, es crítico por la falta de conducción nacional del PJ y acusa a Cristina Kirchner de ejercer una «dictadura del pensamiento» en el peronismo. Enfatiza que pelea por el federalismo, que la administración de Javier Milei, con su programa, «debe tener en cuenta también el ‘mientras tanto’, la transición, para que el equilibrio social acompañe al equilibrio fiscal. Con equilibrio fiscal, que es muy importante, solo no se come, no se educa».«Soy uno, junto con otros gobernadores, de los que le dimos gobernabilidad a la administración nacional, a pesar de haber soportado estoicamente insultos y una serie de cuestiones que no eran adecuadas por parte del Presidente. Entendimos que era su forma de ser y que teníamos que dejar de lado esos aspectos y pensar en la Argentina, antes que en nada», dijo Sáenz, consciente de que los tiempos reclaman nuevas canciones en un peronismo que se vino resignando a la agenda personalista de la expresidenta, para quien todo gira en torno a su situación judicial o su pertinencia en sostener políticamente a Máximo Kirchner en un distrito como el bonaerense, que no se reconoce blasones propios.En ese contexto, también remarca que la situación, en general, de las provincias en lo económico-financiero es muy complicada. Está persuadido de que los funcionarios nacionales deberían hacer un esfuerzo por comprender las diversas realidades del país. «Hay que sentarse provincia por provincia. Los gobernadores atendemos y entendemos la agenda nacional. Acompañamos cuando hay que acompañar y nos oponemos cuando afecta intereses provinciales. Pero ellos deben entender que también tenemos agendas provinciales, deben escucharlas, atenderlas. Hay realidades muy diversas».Sáenz cuestionó a la conducción formal del partido y afirma que «se ha convertido en una PyME familiar». Reclamó una renovación profunda, más apertura interna y un corrimiento hacia posiciones de centro, al tiempo que denuncia intentos de disciplinamiento sobre gobernadores y dirigentes que no se alinean con la conducción nacional, con medidas intervencionistas que, en los hechos, han venido siendo consentidas por una justicia electoral claudicante que se dio el lujo, en las últimas semanas, a nivel de la Cámara Electoral Nacional, de sentar un precedente inédito al habilitar un recurso que la propia ley prohíbe para perjudicar al intendente de Tigre en beneficio de un sector vinculado a Massa que, por momentos, juega con el ropaje del Frente Renovador y, por momentos, habla, actúa y opera como parte del peronismo, siempre con ventajas que van en desmedro del PJ.

El fin de Cristina Kirchner

—Lo vengo planteando hace mucho, desde que tomé la decisión de un frente provincialista que venimos manteniendo con el PJ incluido. Lamentablemente, el partido se ha convertido en una PyME familiar, un juguete del hijo para poder manejarlo con sus amigos, y hay un ensañamiento con algunas provincias como Salta, Jujuy, Misiones y, de hecho, Corrientes. Nos preocupa porque el PJ ha dejado de ser una alternativa; se pretende disciplinar con intervenciones; no dejan a los afiliados que elijan… Intervienen, sancionan a los que votan lo que ellos no quieren. Tienen que renovar el partido, no reciclarlo, hacerlo más de centro, ya que cada vez el PJ se parece más al Partido Obrero o al Partido Comunista. Alguna vez, Perón dijo que le habían llenado de comunistas el partido; hace tiempo que vemos más posturas intransigentes de izquierda, de decirle que no a todo. También tienen que entender a muchos gobernadores que tenemos que sobrevivir; los senadores y diputados no tienen que decidir todos los días ni resolver problemas a diario en medio de una pandemia económica. No estamos pensando en las elecciones, en qué candidato poner a dedo, en qué jueces van a elegir, si amplían la Corte Suprema, quiénes van a la Auditoría. Esas son cuotitas de poder que se pelean desde otros lugares; nosotros tenemos que gobernar para todos. Molesta mucho que desde un partido se pretenda disciplinar a los que opinamos distinto, a los que no estamos de acuerdo en cómo se ha manejado; es momento de un paso al costado que demostraría grandeza, que los que estuvieron dejen que la historia los juzgue. Es momento de renovarse, de convertirse en una alternativa confiable y no veo voluntad de que se haga. Conmigo han hecho la semejante canallada de mencionarme en la causa de los Cuadernos. Me he presentado en Comodoro Py, espontáneamente, para ponerme a disposición de la Justicia; he dejado un escrito para contar la verdad. Esa fue una forma más de pretender callarme o disciplinarme y no lo van a lograr. Digo lo que pienso, lo que siento y respeto al que opina distinto; para mí no es un enemigo, es un adversario. Con los que piensan distinto podemos sentarnos a conversar y buscar un entendimiento; no necesitamos de latigazos.

En relación al trato

—Noté un cambio en una reunión —y lo dije claramente— en la actitud del Presidente. Fue cuando habló de diálogo y consenso. Veníamos de un diálogo fluido con los ministros y con distintos actores, pero sin resultados. Destaco la labor de (Guillermo) Francos y de muchos de ese momento que se comprometían, pero después no se cumplían las cosas porque no tenían las herramientas. Las cosas no se resolvían. Los acuerdos no se respetaban, la situación se agravaba.

¿Axel Kicillof, candidato a presidente?

—Todos tienen derecho a ser candidatos, lo dice la Constitución Nacional. Lo veo candidato como veo a muchos; tiene derecho a serlo, pero es muy anticipado hablar de eso. Creo que tiene que haber una interna; el partido no debe cerrarse, no debe ser sectario, excluyente. Tiene que dar la posibilidad a dirigentes políticos nacionales jóvenes que quieren una Argentina diferente; tienen que permitir que se elija libremente, que los candidatos no sean impuestos por una persona u otra. La gente no quiere eso. Hubo claros mensajes en las últimas elecciones y esos mensajes son para todos; todas las elecciones son diferentes y eso hay que tenerlo en claro. Dependen del humor social, del cansancio de la gente de los políticos.

La relación con la Casa Rosada

Al referirse a ello, expresó que «como lo hicimos desde el primer momento, decidimos acompañar al Gobierno elegido legítimamente, darle las herramientas necesarias para que gobierne. Se planteó varias veces que los gobernadores, a través de los legisladores en el Congreso, impedían que llevara adelante sus proyectos. Soy uno que, junto con otros, le dimos gobernabilidad, a pesar de haber soportado estoicamente insultos y una serie de cuestiones que no eran adecuadas por parte del Presidente. Entendimos que era su forma de ser y que teníamos que dejar de lado esos aspectos y pensar en la Argentina, antes que en nada».

Un sondeo mostró un fuerte deterioro en la valoración del Presidente, con suba de la desaprobación y casi 60% de opiniones negativas sobre la situación económica del país.La imagen positiva de Javier Milei cayó siete puntos de febrero a marzo, en medio del impacto político por las denuncias que salpican al Gobierno y de un creciente pesimismo económico. Según un relevamiento, casi seis de cada diez argentinos consideraron mala la situación del país durante marzo.El estudio de la consultora reflejó que el Presidente pasó de 47% de imagen positiva en febrero a 40,3% en marzo, mientras que la negativa escaló hasta el 51%, cinco puntos por encima del mes anterior.El deterioro también se trasladó al resto del oficialismo: Patricia Bullrich quedó por encima del jefe de Estado en valoración favorable, con 42,7% de imagen positiva y 50,3% de percepción desfavorable, según el relevamiento de Zentrix.En paralelo, uno de los datos más sensibles para la Casa Rosada fue la percepción sobre la marcha de la economía. El relevamiento indicó que 59,7% evaluó como negativa la situación económica del país en marzo, lo que implicó un salto de casi 13 puntos frente al 47% de febrero. El dato consolidó una tendencia de mayor malestar social vinculada al bolsillo y al consumo.La encuesta también mostró un retroceso en la evaluación general de la gestión. La aprobación del gobierno de Milei quedó en 38,5%, mientras que la desaprobación subió al 53%.Un mes antes, esos números habían sido de 45% positiva y 44% negativa, por lo que marzo marcó un giro hacia un saldo claramente desfavorable para el oficialismo.

Reunión en la Rosada

El presidente Javier Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada, en un encuentro que buscó ordenar la agenda política y mostrar cohesión interna dentro del oficialismo. La cita se dio después de varios días marcados por la polémica en torno a Manuel Adorni y apuntó a enviar una señal de respaldo hacia el núcleo duro del Gobierno.El cónclave, que duró más de dos horas, comenzó pasadas las 12 y el primer tramo del encuentro estuvo a cargo del jefe de Estado. A su término, el jefe de los ministros tuvo la primera de las tres reuniones que acordó con el Presidente el pasado miércoles en Olivos. Fue con la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva. En tanto que martes y miércoles se verá con los responsables de Salud, Mario Lugones y de Defensa, Carlos Presti.De la reunión participaron el ministro de Economía, Luis Caputo; la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Salud, Mario Lugones; el titular de Defensa, Carlos Presti; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; Diego Santilli, a cargo de Interior; Federico Sturzenegger, responsable de Desregulación y Transformación del Estado; y el canciller Pablo Quirno.También formaron parte del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy.En la Casa Rosada reconocen que la foto de unidad es parte central del mensaje político de la jornada. Tras una semana atravesada por cuestionamientos judiciales y ruido interno, el Gobierno intenta retomar la iniciativa y reordenar prioridades ministeriales, con foco en seguridad, defensa, salud y la agenda legislativa.

La nota presentada ante las autoridades cuenta con las rúbricas del Pro, la Unión Cívica Radical, los peronismos de Misiones y Tucumán, y Producción y Trabajo de San Juan. La base de firmantes deja a La Libertad Avanza muy cerca del quórum.Con la certeza de que la reunión plenaria de este martes lograra el dictamen del proyecto de modificación a la Ley de Glaciares, el oficialismo elevó el pedido formal para ir al recinto mañana, miércoles 8 de abril a las 15.La iniciativa, la cual cuenta con media sanción del Senado desde el 26 de febrero pasado, debió ser puesta a consideración de la ciudadanía por medio de dos audiencias públicas solicitadas por la oposición que se llevaron a cabo el 25 y 26 de marzo pasado. Desde la Coalición Cívica, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda cuestionaron los métodos de selección de participantes y pidieron la nulidad de las mismas.De todas maneras, a más de un mes del inicio del período ordinario, La Libertad Avanza ha podido recolectar los consensos mayoritarios para ir en búsqueda de la sanción definitiva este miércoles. El petitorio presentado contempla el aval del Pro, la Unión Cívica Radical, Santa Cruz, Producción y Trabajo, Innovación Federal e Independencia.Cabe destacar que si se contabilizan los bloques que adhirieron al pedido de sesión especial para tratar la modificación a la Ley de Glaciares, la Cámara baja parte de una base de 127 legisladores, a un diputado del quórum. Fuentes del Pro confirmaron a parlamentario.com que Alejandro Finocchiaro no estará en el Congreso el miércoles por el cuadro de salud que atraviesa desde hace semanas.En el oficialismo son optimistas de poder contar con adhesiones de Provincias Unidas, Adelante Buenos Aires, el MID, La Neuquinidad, Elijo Catamarca y Encuentro Federal en la conformación del quórum; y a su vez, de los representantes peronistas de San Juan y Catamarca para la votación, tal como ocurrió en el recinto de la Cámara alta el pasado 26 de febrero.

Los puntos del proyecto

Este proyecto que modifica a la Ley 26.639 redefine el artículo 1° para precisar el objeto de protección: los glaciares y geoformas del ambiente periglacial “que cumplan funciones hídricas”, ya sea como reservas estratégicas o como proveedores de agua para la recarga de cuencas. También incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la ley al criterio constitucional de uso racional de los recursos naturales consagrado en el artículo 41.La norma fue redactada por el Consejo de Mayo y propone, además, la incorporación del principio precautorio: todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que carece de funciones hídricas. Esa verificación dependerá exclusivamente de cada provincia, cuya información deberá ser transmitida al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) para actualizar el inventario.También hay cambios en el régimen de prohibiciones que se aplicarán únicamente sobre los glaciares y geoformas identificados como portadores de funciones hídricas por la autoridad ambiental local. Entre las actividades no permitidas se mantienen la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación industrial y el desarrollo de obras que alteren de manera relevante la condición natural del glaciar o su función hídrica.El texto faculta a las provincias a que determinen, mediante evaluación de impacto ambiental, si un proyecto implica una alteración relevante y, por lo tanto, si no puede autorizarse. Otras de las modificaciones es la exigencia de evaluación de impacto ambiental previa para toda actividad proyectada en glaciares o ambiente periglacial, y habilita evaluaciones estratégicas, cuando la escala lo amerite. Se exceptúan únicamente actividades de rescate, científicas no invasivas y deportivas no motorizadas.Por último, redefine el rol del IANIGLA, que continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, pero sujeto a un flujo permanente de información desde las provincias. El Gobierno señala que, a quince años de vigencia de la ley, solo se completó el nivel 1 del Inventario y que aún resta determinar la función hídrica efectiva de las geoformas relevadas.