El jefe comunal subrayó el valor de quienes hicieron de la docencia y del compromiso público una forma de transformar la realidad de los formoseños. Recordó que figuras como Verón encarnan los principios de solidaridad, equidad y vocación de servicio que inspiran la gestión municipal.El intendente Jorge Jofré encabezó en la tarde del viernes un acto de reconocimiento a Juana Marina Verón, educadora, dirigente política y referente social de larga trayectoria en la provincia.El homenaje destacó una vida puesta al servicio de la comunidad, la educación y la militancia por la justicia social.Durante el acto, el jefe comunal subrayó el valor de quienes hicieron de la docencia y del compromiso público una forma de transformar la realidad de los formoseños. Recordó que figuras como Verón encarnan los principios de solidaridad, equidad y vocación de servicio que inspiran la gestión municipal.Nacida en Fortín Lugones, departamento Patiño, Juana Verón se formó como Maestra Normal Nacional en el Instituto Incorporado Santa Isabel. A los 19 años fue designada Maestra de Grado Titular en la Escuela Provincial N.º 1 de Mansilla, a orillas del río Bermejo. Allí comenzó una extensa labor dedicada a la formación de niños y jóvenes.Más tarde se recibió de profesora de enseñanza media, especial y superior en Letras en la Universidad Nacional del Nordeste. Ejerció en todos los niveles del sistema educativo y fue autora de los lineamientos curriculares del área de Lengua de la provincia.Su interés por la capacitación la llevó a graduarse como Técnica Bibliotecaria en 1975. En febrero de 1988 participó como delegada de Formosa en el Congreso Pedagógico Nacional realizado en Embalse.A lo largo de su carrera ocupó funciones de gestión en programas educativos y de desarrollo rural. Fue asesora del EMER, coordinadora provincial del Programa EMETA y responsable nacional del P.A.T.E. También se desempeñó como Administradora General del Instituto Provincial de Pensiones Sociales, donde impulsó acciones para mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables.Su vocación de servicio se expresó igualmente en la actividad política. Fue electa diputada provincial y ocupó diversos cargos dentro del Partido Justicialista, entre ellos secretaria de Acción Social de la Mesa Ejecutiva Provincial, congresal provincial, congresal nacional e integrante de la Mesa Nacional de la Comisión de Poderes.En reconocimiento a esa trayectoria, el Senado de la Nación le otorgó el Premio “Evita Compañera”, distinción instituida por la Banca de la Mujer para honrar a las mujeres argentinas que mejor expresan el ideario de María Eva Duarte de Perón.El acto de hoy se sumó a ese reconocimiento desde la ciudad que la vio crecer y trabajar.La vida y la obra de Juana Verón son un ejemplo de dedicación a la comunidad, de compromiso con la educación y de militancia constante por la dignidad de su pueblo.

La Justicia de primera instancia condenó al senador nacional Francisco Paoltroni a pagar una multa superior a $101 millones, más intereses y costas judiciales, por daño ambiental derivado de desmonte ilegal en un predio de su propiedad en Formosa. La defensa apeló la resolución y el caso fue resuelto el pasado jueves en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Formosa.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Formosa confirmó la sentencia de primera instancia que ordenó continuar la ejecución fiscal promovida por la Provincia contra el senador nacional Francisco Paoltroni por una multa ambiental superior a los 101 millones de pesos. En un extenso fallo, el tribunal rechazó uno por uno los agravios planteados por la defensa y ratificó la plena validez del proceso.La resolución de la Sala II representa un nuevo respaldo judicial a la actuación del Estado provincial en el marco de la causa iniciada por el Ministerio de la Producción y Ambiente, al considerar que el recurso presentado por el legislador no logró demostrar irregularidades ni arbitrariedad en la sentencia apelada.El conflicto tiene su origen en una multa aplicada por infracciones a la normativa ambiental, cuya ejecución fue ordenada por el Juzgado Civil y Comercial N° 6. Contra esa decisión, Paoltroni interpuso un recurso de apelación sosteniendo, entre otros argumentos, que la sentencia había sido dictada de manera prematura, que existía falta de fundamentación, que la deuda era inexistente, que la acción estaba prescripta y que su condición de senador nacional le otorgaba inmunidad frente al embargo de su dieta. Sin embargo, la Cámara descartó cada uno de esos planteosLos jueces sostuvieron que el trámite del juicio de ejecución fiscal respetó todas las etapas procesales previstas por el Código Procesal y señalaron que el hecho de que existiera un incidente sobre el levantamiento de un embargo no impedía el dictado de la sentencia principal, ya que ambos procesos persiguen finalidades distintas.En ese sentido, explicaron que el juicio de apremio tiene por objeto hacer efectivo el cobro de una deuda que ya es exigible, mientras que el embargo constituye únicamente una medida cautelar destinada a garantizar el eventual cumplimiento de esa obligación.

Una deuda exigible

Uno de los principales argumentos de la defensa apuntó a la prescripción de la acción. Sobre ese punto, la Cámara aclaró que el plazo no debía computarse desde la imposición de la sanción administrativa, sino desde el momento en que la deuda quedó legalmente habilitada para ser ejecutada.Según el fallo, la multa fue notificada en diciembre de 2024 y el certificado de deuda quedó confeccionado en abril de 2025, momento a partir del cual el crédito adquirió carácter exigible. La demanda judicial fue promovida apenas un mes después, en mayo de ese mismo año, por lo que el tribunal concluyó que la acción fue iniciada ampliamente dentro del plazo legal.Asimismo, los magistrados señalaron que el juicio de ejecución fiscal no constituye el ámbito adecuado para discutir la legalidad del procedimiento administrativo que originó la multa ni la existencia del daño ambiental, ya que esas cuestiones debían haber sido debatidas oportunamente en sede administrativa.Otro de los ejes centrales de la apelación fue la invocación de las inmunidades parlamentarias. Paoltroni sostuvo que el embargo sobre su dieta de senador afectaba las garantías previstas por la Constitución Nacional para los integrantes del Congreso.La Cámara rechazó ese planteo al recordar que dichas defensas no constituyen excepciones admisibles dentro de un juicio de ejecución fiscal y remarcó que la jueza de primera instancia incluso había analizado esos argumentos pese a que el procedimiento no lo exigía. Para el tribunal, la condición de legislador nacional no constituye un impedimento para la continuidad de un proceso destinado exclusivamente al cobro de una deuda exigible.

Críticas sin respaldo

En varios pasajes del fallo, los camaristas fueron particularmente duros con los argumentos de la defensa. Sostuvieron que el recurso no contenía críticas jurídicas concretas contra la sentencia apelada y que, en cambio, se limitaba a expresar desacuerdos con la interpretación realizada por la jueza de primera instancia.También rechazaron las acusaciones de arbitrariedad, trato desigual, falta de fundamentación y exceso de rigor formal, al considerar que la sentencia había respondido todos los planteos relevantes respetando el derecho de defensa.Respecto de la supuesta inexistencia de deuda, el tribunal recordó que el certificado emitido por la autoridad competente reúne todos los requisitos legales para constituir un título ejecutivo válido y que las cuestiones vinculadas con el origen de la sanción exceden ampliamente el marco de un juicio de apremio.Como parte de la resolución, la Cámara también declaró improcedente un segundo escrito presentado por la defensa luego de haber interpuesto la apelación, al considerar que la posibilidad de ampliar agravios ya había precluido procesalmente.Finalmente, la Sala II resolvió rechazar íntegramente el recurso de apelación, confirmar tanto la sentencia original como su aclaratoria y mantener la ejecución fiscal por un capital de 101.904.660 pesos, monto que será actualizado conforme al mecanismo previsto en la legislación ambiental provincial, equivalente al valor de un litro de gasoil del Automóvil Club Argentino de la ciudad de Formosa al momento del efectivo pago.Además, impuso las costas del proceso al senador Francisco Paoltroni, quien volvió a recibir un pronunciamiento adverso en la causa impulsada por la Provincia para hacer efectivo el cobro de la multa ambiental.

El funcionario formalizó su salida mediante una extensa carta dirigida a Javier Milei, en la que denunció un constante hostigamiento contra su entorno familiar. Su alejamiento definitivo se produce en medio de investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y un irreversible avance opositor en el Congreso. Diego Santilli surge como el principal candidato para sucederlo en el cargo.Este sábado, Manuel Adorni presentó su renuncia al cargo de jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, tras una crisis política de más de 100 días. El alejamiento del funcionario, acorralado por investigaciones judiciales y sin margen en el Congreso, fue ratificado en una misiva enviada al presidente Javier Milei. Adorni atribuyó su paso al costado a un ensañamiento mediático que afectó a su entorno íntimo, cerrando un ciclo de fuerte desgaste para la administración central.

Adorni y un extenso descargo

La dimisión se formalizó luego de que el círculo presidencial intentara sostener al funcionario desde marzo pasado. En su carta de despedida, Adorni expresó su gratitud hacia el mandatario nacional al afirmar: “Gracias por esta vez sí haber aceptado mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de Ministros de la Nación”. Respecto de las motivaciones de su salida, aludió al impacto emocional sufrido por sus allegados.“Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia”, argumentó el ex Vocero en el documento. El texto continuó con un enérgico rechazo hacia las múltiples acusaciones ventiladas en los últimos meses, vinculadas al manejo inapropiado de recursos estatales.Frente a estos señalamientos, Adorni rechazó las sospechas de corrupción al sostener: “Las mentiras que se han dicho fueron de lo más variadas: viajes que nunca existieron, gastos astronómicos y suntuosos, contratos inexistentes y falsos de mi mujer con el Estado”. Asimismo, manifestó que se afectó su privacidad, al subrayar que el resguardo de sus afectos constituyó la prioridad absoluta para abandonar el Gobierno.

Cuentas pendientes en la justicia y el congreso

A pesar del tono de la misiva, la realidad política exhibe un escenario complejo para el ex Jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. El quiebre definitivo comenzó cuatro meses atrás, tras revelaciones periodísticas sobre fondos sospechosos. Entre los episodios cuestionados figuró la inclusión de su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial rumbo a Nueva York durante la Argentina Week 2026, además de filtraciones sobre vuelos privados a Punta del Este.Este panorama judicial debilitó su sustentabilidad parlamentaria. En el Congreso, el kirchnerismo coordinó una estrategia para forzar su comparecencia. Aunque bloques como el PRO y sectores del radicalismo intentaron otorgarle oxígeno político mediante maniobras reglamentarias para dilatar la moción de censura, el margen se terminó por agotar de forma irreversible ante la inminente votación de su interpelación.

La reorganización del esquema ministerial

Hacia el final del documento, Adorni reafirmó su alineamiento ideológico con el oficialismo al señalar: “Todo lo que pude aportar para el país y las ideas ya lo he hecho, de la mano suya”. El ex funcionario concluyó su mensaje con palabras de reconocimiento hacia la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, pilar fundamental en la conducción gubernamental.

Lo que viene

La vacancia abre una obligada reconfiguración en la primera línea de la administración nacional. Los principales rumores señalan a Diego Santilli, actual ministro del Interior de la Nación, como el postulante con mayores posibilidades de asumir el cargo.Si bien en su entorno existían reparos debido al desgaste inherente al puesto, las necesidades oficiales habrían forzado la aceptación del desafío. Como alternativa se baraja al canciller Pablo Quirno.

La investigación por el presunto desvío y retención ilegal de fondos destinados al mantenimiento de las rutas nacionales involucra a los 24 jefes de Distrito de Vialidad de todo el país.

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa se presentó como Amicus Curiae (Amigo del Tribunal) en la causa penal que se tramita ante el Juzgado Federal Nº 7 de Comodoro Py (Causa CFP 2473/2026), impulsada por el secretario general de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional, Jorge Segundo Maturano, por el presunto vaciamiento de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).Desde el Organismo de la Constitución informaron que la presentación judicial aporta antecedentes y pruebas surgidas de la causa que se tramita en el Juzgado Federal Nº 1 de Formosa, vinculada al presunto desvío de recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al proceso de desfinanciamiento de la DNV.La denuncia alcanza al jefe de Gabinete, Marcelo Campoy; al exvocero presidencial Manuel Adorni; al ministro de Economía, Luis Caputo; y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, entre otros funcionarios, a quienes se les atribuyen presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y desvío de fondos con afectación específica.Según la presentación, durante los ejercicios 2024 y 2025 se habrían desviado más de 400 mil millones de pesos correspondientes al Impuesto a los Combustibles Líquidos, recursos que por ley deben destinarse exclusivamente al mantenimiento y desarrollo de la red vial federal.La investigación sostiene que la retención de estos fondos provocó una situación de “quiebra técnica” en la Dirección Nacional de Vialidad y un grave deterioro de las rutas nacionales.Asimismo, fueron denunciados los gerentes ejecutivos de la DNV: Víctor Francisco Farre (Obras), Ema Lía Albrieu Cipollina (Planeamiento y Concesiones), Fernando Daniel Novoa (Conservación) y Diego Tomás Riveira (Recursos Humanos), además de los 24 jefes de Distrito del organismo en todo el país.La acusación remarca que la Ley Nº 23.966 establece que el 28,58% de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos debe integrar obligatoriamente el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte para la Red Vial Federal, recursos de carácter extrapresupuestario e intangible.Sin embargo, se denuncia que el Ministerio de Economía habría retenido y derivado sistemáticamente esos fondos al Tesoro Nacional, colocándolos en instrumentos financieros para generar rendimientos, privando a Vialidad Nacional de los recursos mínimos para su funcionamiento y generando una deuda equivalente al 90% del presupuesto aprobado para el organismo.La presentación también advierte sobre la presunta subejecución de partidas asignadas por el Congreso y el desvío de créditos provenientes de organismos internacionales de financiamiento.Otro de los puntos señalados en la denuncia es la supuesta falsificación de datos técnicos oficiales para justificar la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad mediante el Decreto 461/2025. En ese sentido, se acusa al ministro Federico Sturzenegger de haber presentado informes que mostraban una supuesta “ineficiencia operativa” del organismo.

Irregularidades

Entre las irregularidades detectadas, se menciona que se habrían contabilizado herramientas menores, como martillos neumáticos, como si fueran unidades de maquinaria pesada, con el objetivo de inflar artificialmente la cantidad de equipos y fundamentar una reducción de la planta de personal.Por otra parte, la denuncia sostiene que la falta de inversión en el mantenimiento vial no constituye un ahorro para el Estado, sino una grave pérdida patrimonial. Citando informes de la Cámara Argentina de la Construcción, se advierte que por cada dólar que deja de invertirse en tareas preventivas de conservación, el Estado deberá desembolsar entre cuatro y diez dólares para la reconstrucción integral de las rutas deterioradas.Finalmente, la Defensoría del Pueblo solicitó la inmediata intervención del Ministerio Público Fiscal para frenar las maniobras denunciadas, preservar el patrimonio del Estado y determinar las responsabilidades penales de todos los funcionarios involucrados.

El responsable de Obras Públicas cuestionó el desfinanciamiento de Nación y elogió la administración de la cartera económica formoseña para abordar todos los frentes con presupuesto provincial.

Juan Carlos Valdez, subsecretario de Obras Públicas de la provincia, conversó con AGENFOR acerca de las 140 obras que la provincia continúa ejecutando con fondos propios para el desarrollo provincial.“El Gobierno nacional está aplicando un ajuste brutal en todos los aspectos, y también un desfinanciamiento a las provincias, más a las del norte y otras que no están de acuerdo con su política; entonces es como un castigo que le aplican a los gobiernos que no son afines”, indicó.Asimismo, el funcionario cuestionó que la provincia recibe una coparticipación que “no está de acuerdo a la inflación, además se produjo la suspensión de los ATN o créditos que siempre tuvimos. Si vamos a hablar del contexto, Formosa tendría que estar también sumida a una recesión en lo que es obras, pero gracias al modelo formoseño que está dirigido por nuestro gobernador y una administración responsable y exitosa, en su misión, hace que podamos seguir trabajando y ejecutando obras”, aseguró.En ese sentido, Valdez aclaró que “lo más importante no es solo la cuestión edilicia sino que seguimos dignificando el trabajo del hombre formoseño que puede llevar el sustento a su familia y no tenga que estar mendigando un plan social, una subvención o algo que no sea a través de su fuerza de trabajo”.

140 obras

El subsecretario Valdez explicó que el número de 140 obras es aproximado “porque no todos son edificios a estrenar sino que realizan diversas formas de intervención de acuerdo a los pedidos de los ministerios. Una, por ejemplo, son las refacciones de emergencias, que son en lo que más intervenimos, porque hay que ir a ayudar a una escuela, a un centro de salud, a un hospital que tiene problemas de instalación eléctrica, sanitarias o lo que sea”, especificó.Y añadió: “Después tenemos lo que son refacciones integrales de escuelas, centros de salud, hospitales, que sí, ya son mucho más grandes. Luego están las refacciones integrales y ampliaciones”.Comentó que “se están ejecutando cinco hospitales nuevos que, eso sí, estamos tratando de terminarlos para que puedan ser utilizados, porque generalmente cuando estamos construyendo una obra nueva se sigue dando atención, pero ya en forma muy precaria. Entonces lo que hacemos es tratar de solucionar lo más pronto posible”, argumentó.Y aseveró que, en el oeste, “es donde más se está interviniendo tanto en lo que es salud, educación, la parte social”, al mismo tiempo que, reprochó, a aquellos que cuestionan las obras en localidades alejadas y/o de pocos habitantes y dijo que “son personas como nosotros que necesitan, por ejemplo, de un lugar de esparcimiento, es decir, es algo prioritario para el desarrollo social de la población”.

Las mejoras edilicias forman parte del proceso de modernización y fortalecimiento institucional de los distintos sectores de la Delegación Buenos Aires, mediante tareas de reacondicionamiento integral de sus instalaciones, mejoras en la iluminación, incorporación de nueva cartelería institucional y renovación del mobiliario.

La Administración Tributaria de la Provincia de Formosa (ATP) habilitó las obras de refacción integral de su Delegación Buenos Aires, ubicada en Bernardo de Irigoyen N.º 188, con la presencia del administrador general de la Administración Tributaria Provincial, Gustavo Maximiliano López Peña, acompañado por el gerente de la consultora Karstec SA Sr., Alex Karsten y su equipo de trabajo, autoridades del organismo y personal de la institución.Los espacios están organizados en tres niveles: planta alta, entrepiso y subsuelo. De esta manera, la planta baja cuenta con box de atención al público, instalación sanitaria con dos baños, uno para hombres y otro para mujeres. En el entrepiso se encuentra la oficina de uso exclusivo para la delegada, otra para  uso del personal de la delegación, área de cocina y sanitario mixto del personal. En el subsuelo, el área de fiscalización y zona de depósito.La Delegación de la ATP en la ciudad autónoma de Buenos Aires cuenta actualmente con un equipo técnico mixto conformado por un total de nueve personas distribuidas en áreas específicas de trabajo para garantizar el cumplimiento de los objetivos fiscales de la provincia en la región metropolitana.Y desarrollan funciones como, atención al contribuyente para brindar asistencia directa y orientación a los sujetos pasivos de los tributos provinciales; supervisión legal de trámites para control y validación jurídica de los expedientes, contratos y presentaciones administrativas ante la delegación; gestión de Personal, es decir coordinación interna, administración de recursos humanos y organización de las tareas diarias de la agencia y tareas de fiscalización para Acciones de control e inspección sobre grandes contribuyentes y verificación del correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias (Impuesto sobre los Ingresos Brutos e Impuesto de Sellos).En el año 1977, la firma y entrada en vigencia del Convenio Multilateral redefinió la distribución de la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos entre las provincias. Este hito normativo impulsó la consolidación de la entonces Dirección General de Rentas (DGR) de Formosa, la cual requirió una presencia operativa directa en la Capital Federal para vigilar los recursos, fiscalizar a las grandes empresas y percibir el Impuesto de Sellos sobre los contratos comerciales celebrados en Buenos Aires que tenían efectos económicos en territorio provincial.El incremento de la densidad operativa y la necesidad técnica de separar las funciones fiscales de las asistenciales llevaron a la independencia física de la delegación, la cual se trasladó a su ubicación estratégica en la calle Bernardo de Irigoyen 188, transformándose en una estructura de defensa de los recursos federales.Como hito de consolidación institucional, en el año 1993 el inmueble ubicado en la calle Bernardo de Irigoyen N.º 188 –que originalmente albergaba la Casa de Formosa– pasó formalmente a integrar parte del patrimonio de la entonces Dirección General de Rentas (ex DGR), actual Administración Tributaria Provincial (ATP).El proceso de transformación terminó en el año 2023 con la sanción de la Ley Provincial 1733, mediante la cual se disolvió la Dirección General de Rentas y se creó la actual Administración Tributaria Provincial (ATP) como un organismo autárquico.Este cambio normativo fijó como objetivo técnico la transición hacia un modelo de gestión basado en la despapelización, la simplificación registral y la interconexión digital en tiempo real con la sede central en Formosa. En el año 2026, la reinauguración de la sede en Bernardo de Irigoyen materializa este paradigma a través de una remodelación orientada a optimizar los flujos de atención y boxes de autogestión para los contribuyentes.

La diputada cuestionó los dichos de su par por no tener “sustento legal ni técnico” y expuso cómo el Gobierno libertario es responsable de estos incrementos.

Ante las declaraciones de una legisladora de la oposición local quien manifestó que la responsabilidad del aumento de la tarifa eléctrica es responsabilidad del Gobierno provincial, la diputada justicialista Claudia Villarruel, en coincidencia con el bloque que integra en la Legislatura de Formosa, consideró una “actitud irresponsable” la de “exhibir números que no tienen sustento técnico ni legal”.Y, agregó, que “solo demuestra una campaña de desinformación ante tantos usuarios que día a día tienen que afrontar las políticas de ajuste del Gobierno nacional”.“La tarifa eléctrica de Formosa es la más competitiva a nivel nacional; y esta afirmación tiene sustento académico a través del informe de la UBA-CONICET, que ubica a la provincia, para un consumo de 265 KW/hs en $25321; a Misiones en $41834; a Corrientes en $57554; y a Chaco en $42013”, indicó.Al mismo tiempo que ratificó: “Este informe ubica a Formosa con el VAD más barato de la región y del promedio nacional”.En cuanto a que el VAD aumentó el 220%, Villarruel dijo que “este dato carece de sustento técnico y legal” y “responde a una campaña que pretende confundir a los consumidores, ocultando que los verdaderos responsables del aumento son el Gobierno nacional al cual acompañan”.“Tal es así que de cada cien pesos que se cobra por el servicio de energía $56,4 corresponden solo al costo de abastecimiento mayorista, después hay que considerar los impuestos que, en el caso de Formosa, solo se aplica el impuesto nacional del IVA, este en los 100 pesos cobrados asciende a la suma de $17,4 y finalmente el VAD es de $26,3”, precisó.Y agregó: “De este análisis surge evidente que más del 74% de cada cien pesos pagados a la distribuidora son retenidos por el Gobierno nacional; y solo el 26% es destinado para el mantenimiento y operación de la empresa REFSA”.Respecto, a las variaciones de energía, la diputada reprochó que “no se puede decir que asciende al 118%” ya que, del análisis de las normativas de los organismos competentes, como es la Secretaría de Energía, “se desprende que la variación asciende al 300%, dato que surge de analizar la variación de la resolución 883/23 del Gobierno anterior con la actual 109/26”.“Otros conceptos que integran la tarifa son los referentes a la potencia y el transporte, partiendo de las mismas normas ya citadas se puede observar que las variaciones son de transporte 5572% y de la potencia variación del 9906%”, detalló.Sobre el final, Villarruel concluyó que, de los datos expuestos, “mienten en cuanto al aumento del servicio de energía eléctrica, eludiendo la responsabilidad que les cabe sobre la decisión política de aumentar el servicio eléctrico”.

Recordaron que la castración siempre es con turno previo, no así la desparasitación y la vacunación obligatoria contra la rabia, que se debe volver a aplicar cada año.

Un nuevo operativo sanitario de castración, vacunación y desparasitación se realizó este jueves en el barrio Malvinas Argentinas, organizado por la Dirección de Zoonosis y Protección Animal de la Secretaría de Acción Social.Catalina Espinoza, titular del área, precisó “tuvimos una agradable jornada acompañada por el buen clima, brindando nuestros servicios sanitarios a animales de compañía, como la esterilización, la vacunación antirrábica, la desparasitación y atención veterinaria. Acompañamos esta asistencia brindando un desayuno a vecinos y al personal, por lo que cabe destacar además la buena convocatoria del operativo”.“Recordamos que la castración siempre es con turno previo, no así la desparasitación y la vacunación obligatoria contra la rabia, la que se debe volver a aplicar cada año, ya que no es opcional en nuestro país para un cuidado responsable de animales de compañía”, enfatizó. “Es importante para trasladarse, en caso de viajes por ejemplo, ya que si ocurriera un accidente la Policía puede pedir el certificado de vacunación”, aseveró la funcionaria.“De igual manera sucede con la parasitosis que se transmite desde un animal al ser humano, por lo que es indispensable que esté desparasitado, más si interaccionan con niños que suelen escapar al lavado de manos. Todos estos servicios los brindamos aquí de manera gratuita, como también en nuestras sedes de La Nueva Formosa, San Juan Bautista y República Argentina”, aseguró.Por último, Espinoza aseguró que este servicio “es parte de la política de gobierno de la Municipalidad de Formosa y se realiza de manera totalmente gratuita, los vecinos no deben abonar nada”, dijo para finalizar.

Dándose cumplimiento a este apoyo nutricional, se repartieron en total 2500 cajas alimentarias y dadas las bajas temperaturas, se dispuso también una frazada para cada familia.

Dentro del Programa alimentario provincial para comunidades aborígenes de Formosa, en la mañana de este jueves 25 se realizó con normalidad la entrega de los módulos a familias originarias de la comunidad del barrio Nam-Qom de la ciudad de Formosa.En este operativo ejecutado por el Ministerio de la Comunidad, el cual acompañaron, además, un equipo del Área de Nutrición del plan provincial alimentario Nutrir, autoridades del Instituto de Comunidades Aborígenes, al igual que el legislador justicialista Pablo Sosa y referentes territoriales de la zona; dadas las bajas temperaturas, se dispuso también una frazada para cada familia.Dándose cumplimiento con este apoyo nutricional, se repartieron en total alrededor de 2500 cajas alimentarias, indicó a AGENFOR el subsecretario de Desarrollo y Fortalecimiento Comunitario, doctor Gabriel Alcaraz, quien resaltó que “siempre en la mitad del año, en época de frío, el Gobierno de Formosa brinda a las familias frazadas para hacer frente a las bajas temperaturas”.A través de esta política pública se abarca a todas las comunidades originarias de la provincia, subrayó, al tiempo que marcó que este componente nutricional resulta fundamental, y más aún “en momentos de crisis, ajuste y crueldad del Estado nacional que lo desfinanció”.Es decir que así como otros programas nacionales, este fue eliminado por el Gobierno del presidente Javier Milei, ante lo cual “el gobernador Gildo Insfrán decidió su continuidad”, mediante el Ministerio de la Comunidad.Esa cartera la realiza “a partir de un trabajo que no se detiene en ningún momento”, enfatizó, “ya que mientras la entrega se hacía en el Nam-Qom, otro equipo preparaba las próximas rondas. “Es decir que, a medida que se termina, ya se va planificando nuevos repartos”, robusteció.Desde el plan Nutrir, su coordinadora, Anahí Santander, informó en qué consistió la tarea que llevó adelante el área de Nutrición con su equipo de nutricionistas, con la intención de ofrecer información acerca de “cómo mejorar la alimentación”.Asimismo, se recibieron también las consultas de los beneficiarios. Del mismo modo, brindaron estrategias que complementen los productos que contienen estas cajas a los fines de organizar una alimentación saludable, recalcó la funcionaria.En definitiva, esta tarea fue netamente informativa y de asesoramiento que versó sobre los alimentos y cómo seguir una dieta equilibrada.Por su parte, Catalino Sosa, director de la etnia Toba del ICA, sostuvo que este trabajo del Gobierno de Formosa en las comunidades originarias “es constante, los 365 días del año”, ya que se trata de un “importante beneficio”.Puesto que “el módulo alimentario hoy, en un contexto nacional difícil que atraviesa el país”, resulta fundamental, el cual “por decisión política de nuestro gobernador Gildo Insfrán en Formosa es sostenido con recursos provinciales”.

Tras la caída de la sesión, José Mayans y Juliana Di Tullio cuestionaron el criterio de los dos tercios para proteger al jefe de Gabinete y advirtieron que el oficialismo no logró sostener su supuesta mayoría.

Inmediatamente después de caída la sesión, el interbloque Popular dio una conferencia de prensa en la que descartó que el oficialismo cuente con 44 voluntades para seguir defendiendo al jefe de Gabinete y hablaron de “una interpretación torcida de la Constitución” la mantenida por el oficialismo.El jefe del bloque, José Mayans, reiteró la forma como se dieron los hechos en torno a la firma del plan de labor de la semana pasada y lo que se cambió el martes pasado. En el medio, dijo, “hubo una reunión en Olivos, tengo entendido que fue por grupos, en donde obviamente los reprendieron en cuanto a la aplicación del (artículo) 101 (de la Constitución) y por supuesto hubo indignación por parte de ellos”.“Después hicieron una reunión donde no estuvo la vicepresidenta, que había firmado el acta anterior, donde estuvieron 8 senadores revirtiendo la decisión de 16 senadores”, continuó, poniendo en duda que fueran 44 los senadores que tienen ese criterio. Un criterio sobre la interpretación del artículo 101 de la Constitución que insistió en remarcar que establece “mayoría absoluta” –37 en este caso–, tanto para establecer la interpelación, como la moción de censura.Sin embargo, sostuvo que en esa reunión de la que tomaron parte 8 senadores “cambiaron esto y dijeron que tiene que ser dos tercios. Obviamente que hay un gran problema entre ellos. Primero, porque nosotros ya habíamos hecho el planteo diciendo que el que vota con ese criterio está protegiendo a (Manuel) Adorni. Están haciendo una interpretación torcida de la Constitución para proteger al jefe de Gabinete”.Para Mayans, quienes sostienen la teoría de los dos tercios no son 44, “y tengo la convicción de que tienen vergüenza de presentarse en el recinto haciendo una interpretación tan torcida de la Constitución, cuando tendríamos que poner límites a una persona que hizo primero una declaración jurada donde decía tener 11 millones y ahora tiene 956.000 millones de pesos como declaración jurada que no puede justificar”.Mayans aclaró que los responsables de dar quórum son los oficialistas, y en estas circunstancias quedó evidenciado que “no son 44 los que piensan que tiene que sostenerse los dos tercios”.Con todo, reconoció que mandaron el proyecto a comisión y adelantó que se puede trabajar la próxima semana. Con despacho, “va directamente al recinto”, concluyó.¿Cómo se traduce esto?, le preguntaron, a lo que el formoseño sostuvo que “hay desconcierto en el Gobierno con respecto al tema del jefe de Gabinete, que no tiene que estar ni un minuto más, porque además es responsable de la recaudación y de la aplicación del gasto”. Y continuó señalando que Adorni dice que “el 90% evade, pero acá hay 9 millones de jubilados y pensionados que gastan su plata en comida, y el alimento  paga el IVA al contado; más de 14 millones de trabajadores toman el tren cuando van a trabajar y pagan el IVA… Hay 24 millones de argentinos que no tienen forma de evadir. Y el jefe de Gabinete dice que él juntó 500.000 dólares en el Gobierno nuestro, que era el peor gobierno, que no aportaba porque era un gobierno kirchnerista, y que le fue mal… Quiero saber cómo le fue ahora en el Gobierno de Milei, si juntó 500.000 dólares en el Gobierno nuestro, cuánto juntó en el Gobierno de Milei y si lo declaró”.

La diputada provincial del Partido Justicialista, Claudia Villarruel, defendió la estructura de costos de la energía en Formosa, calificándola como la "más competitiva a nivel nacional". La legisladora salió al cruce de sectores de la oposición local, a quienes acusó de llevar adelante una "campaña de desinformación" sin sustento técnico sobre los recientes incrementos.

Villarruel basó su argumentación en datos de un informe conjunto entre la UBA y el CONICET, el cual posiciona a Formosa con los valores más bajos de la región. Según el relevamiento, para un consumo de 265 KW/h, un usuario en Formosa abona $25.321, una cifra sensiblemente menor a lo que se paga en provincias vecinas como Misiones ($41.834), Chaco ($42.013) o Corrientes ($57.554).

La diputada fue tajante al señalar que el Valor Agregado de Distribución (VAD) en la provincia es el más bajo del promedio nacional, desmintiendo que este ítem haya sufrido un aumento del 220% como sostiene la oposición.

Para clarificar el impacto de las políticas nacionales en el bolsillo del consumidor, la legisladora desglosó cómo se compone cada $100 que paga un usuario formoseño:

Este análisis revela que más del 74% de la factura es retenido por el Gobierno nacional, dejando solo un 26% para la distribuidora provincial.

Villarruel responsabilizó directamente a la administración libertaria por la escalada de precios, citando resoluciones de la Secretaría de Energía nacional. Según detalló, al comparar la normativa vigente (Resolución 109/26) con la del gobierno anterior, se observa una variación del 300% en el costo de la energía.

La arteria conecta a varios barrios populosos del norte capitalino, entre ellos República Argentina, Juan Domingo Perón, Antenor Gauna, 1.o de Mayo, Luján y El Porvenir.El intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré, recorrió este miércoles la avenida Los Constituyentes para supervisar el avance de la obra de repavimentación que ejecuta el municipio en la zona norte. Lo acompañó el secretario de Obras y Servicios Públicos, Norberto Jofré.En el lugar, ambos funcionarios revisaron los detalles técnicos de los trabajos y dialogaron con el personal afectado a la obra.La intervención abarca el tramo que va desde la avenida Soldado Formoseño hasta la entrada de la ruta nacional 11, sobre el circuito cinco, uno de los accesos más transitados del sector.La obra tiene una particularidad que el intendente volvió a remarcar: se ejecuta íntegramente con recursos genuinos del municipio.El proyecto original preveía financiamiento nacional, a través de un convenio que quedó interrumpido tras el cambio de gestión en el Gobierno Nacional. Frente a ese escenario, Jofré decidió sostener la continuidad de los trabajos con fondos propios.La avenida se construye en hormigón, con un espesor reforzado pensado para soportar el tránsito pesado que circula a diario por la zona. La mano de obra está a cargo de cooperativas de trabajo.Los trabajos contemplan, además, obras complementarias: desagües pluviales, led y el acondicionamiento del boulevard recreativo aledaño.La arteria conecta a varios barrios populosos del norte capitalino, entre ellos República Argentina, Juan Domingo Perón, Antenor Gauna, 1.o de Mayo, Luján y El Porvenir.

Plaza del Nam-Qom

Tras la recorrida por Los Constituyentes, el intendente se trasladó hasta el barrio Nam-Qom, donde supervisó la ejecución de una nueva placita.Respecto a esta obra, se explicó desde el área de Obras Públicas que el sector de intervención comprende el área donde actualmente se encuentra el playón polideportivo existente y el espacio público adyacente destinado a la conformación de la nueva plaza barrial, incorporando simultáneamente una plaza pública equipada con mobiliario urbano de última generación, led eficiente, senderos peatonales y juegos recreativos, con el fin de constituir un espacio público integral que promueva el deporte, la recreación inclusiva y la cohesión social en el barrio Nam-Qom.

La jornada evocará uno de los acontecimientos más significativos para la construcción de la identidad política y social de Formosa: el reconocimiento como provincia argentina mediante la sanción de la Ley Nacional N.º 14.408, promulgada el 28 de junio de 1955 durante la presidencia de Juan Domingo Perón.

El gobernador Gildo Insfrán encabezará el sábado 28 de junio el acto oficial conmemorativo por el 71° aniversario de la Provincialización de Formosa, una fecha trascendental en la historia institucional del pueblo formoseño. La ceremonia tendrá lugar en el Mástil Municipal, ubicado en la intersección de la avenida 25 de Mayo y la calle San Martín de la ciudad capital.La jornada evocará uno de los acontecimientos más significativos para la construcción de la identidad política y social de Formosa: el reconocimiento como provincia argentina mediante la sanción de la Ley Nacional N.º 14.408, promulgada el 28 de junio de 1955 durante la presidencia de Juan Domingo Perón.La conquista de la provincialización fue el resultado de años de esfuerzo y movilización de la comunidad formoseña, canalizados a través de la Comisión Pro-Provincialización, presidida por el destacado docente Vicente Arcadio Salemi. Aquel movimiento logró expresar el anhelo colectivo de miles de habitantes que aspiraban a dejar atrás la condición de Territorio Nacional para alcanzar la plena autonomía política y el derecho a elegir sus propias autoridades. Desde entonces, la fecha constituye un símbolo de unidad, pertenencia y reafirmación de la identidad provincial, además de representar el reconocimiento a los hombres y mujeres que protagonizaron aquella lucha histórica que permitió a Formosa incorporarse plenamente al sistema federal argentino.De acuerdo al programa oficial, la concentración de las delegaciones escolares, representantes de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, Policía de la Provincia y público en general comenzará a las 8.30 horas. Posteriormente, a las 9.30, se producirá el arribo del gobernador Insfrán para dar inicio a la ceremonia central.El acto contemplará la presentación de los efectivos formados y la ubicación de las autoridades invitadas. Seguidamente se realizará el izamiento del Pabellón Nacional y de la Bandera de la Provincia de Formosa al compás de la canción Aurora. Luego se entonarán las estrofas del Himno Nacional Argentino y de la Marcha Himno a Formosa.La ceremonia continuará con un minuto de silencio en homenaje a quienes contribuyeron a la construcción histórica de la provincia. Posteriormente se llevará a cabo el recitado de una poesía alusiva a la fecha y un funcionario del Gobierno provincial brindará el discurso conmemorativo, destacando el significado histórico de la provincialización y los desafíos del presente.Finalmente, se procederá al retiro de las banderas de ceremonia, dando por concluido el acto oficial que cada año convoca a la comunidad formoseña para celebrar uno de los hitos fundacionales más importantes de su historia.

Mientras el consumo de carne vacuna atraviesa uno de los momentos más críticos de las últimas décadas, la carne de búfalo comienza a consolidarse como una alternativa cada vez más atractiva para los consumidores argentinos. Su menor precio, sumado a sus cualidades nutricionales y al crecimiento sostenido de la producción regional, la posicionan como una opción con fuerte potencial de expansión.Desde la Defensoría del Pueblo de la provincia señalaron que, desde la asunción del presidente Javier Milei, los precios de la carne vacuna acumularon incrementos que oscilan entre el 260% y el 330%, dependiendo del corte y del canal de comercialización. En términos interanuales, las subas promedian entre un 55% y un 61%, superando ampliamente la evolución general de los precios y afectando de manera directa el poder adquisitivo de las familias.En este contexto, la carne de búfalo aparece como una alternativa competitiva. Actualmente, en las provincias del Nordeste Argentino los distintos cortes se comercializan entre un 15% y un 40% por debajo de los valores de la carne vacuna, permitiendo a muchos consumidores acceder a una proteína de calidad a un costo significativamente menor.

Ventajas nutricionales

Además de su precio, la carne bubalina presenta características nutricionales que despiertan cada vez más interés entre especialistas y consumidores. Estudios realizados por el INTA indican que contiene un 45% menos de calorías que la carne vacuna, un 88% menos de grasa total, un 90% menos de grasas saturadas y un 47% menos de colesterol.A su vez, aporta un 11% más de proteínas, un 50% más de hierro y un 17% más de vitamina B12, convirtiéndola en una alternativa especialmente valorada por personas que buscan una alimentación más saludable o que deben controlar sus niveles de colesterol.Desde el sector productivo aclaran que el objetivo no es reemplazar a la carne vacuna, profundamente arraigada en la cultura alimentaria argentina, sino generar un mercado complementario que amplíe las opciones de consumo. En ese sentido, las expectativas son alcanzar entre el 5% y el 7% del consumo nacional de proteínas animales durante la próxima década.Otra de las fortalezas del búfalo reside en su capacidad para desarrollarse en ambientes donde el ganado bovino presenta limitaciones productivas. Estos animales pueden alimentarse en campos bajos e inundables, aprovechando recursos forrajeros que normalmente no son utilizados por la ganadería tradicional.

La región concentra casi el 90 por ciento del rodeo nacional

La actividad bubalina mantiene una expansión sostenida en la Argentina. Actualmente se faenan entre 50.000 y 60.000 cabezas por año, mientras que el rodeo nacional supera las 200.000 cabezas distribuidas en 20 provincias.El Nordeste argentino concentra el 86% del stock nacional. Corrientes lidera ampliamente la actividad con entre el 45% y el 47% de las existencias, seguida por Formosa con el 22% y Chaco con el 15%, consolidando a la región como el principal polo productor del país.A nivel internacional, la carne de búfalo forma parte habitual de la dieta en países como Brasil, Venezuela, Egipto e India. Argentina, por su parte, dispone de una cuota especial de exportación para este producto dentro de la denominada Cuota Hilton, aunque actualmente no logra completar los volúmenes asignados, lo que evidencia un importante potencial de crecimiento todavía subaprovechado.El avance de nuevas alternativas proteicas se produce en un contexto de fuerte retracción del consumo de carne vacuna. Según datos de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), el consumo per cápita descendió en mayo a 47,5 kilogramos por habitante al año, el nivel más bajo de los últimos veinte años.La cifra representa una caída del 6,1% respecto del mismo período del año anterior y una reducción de 3,1 kilogramos por habitante frente a mayo de 2025.Durante los primeros cinco meses del año, el consumo aparente totalizó 855.750 toneladas res con hueso, lo que implica una disminución interanual del 11,1%. En términos absolutos, el mercado interno consumió más de 106.000 toneladas menos que en igual período del año pasado.Las entidades del sector atribuyen esta retracción principalmente a la pérdida del poder adquisitivo de los hogares. Mientras la inflación interanual alcanzó el 33,2%, el precio de la carne vacuna aumentó cerca del 58%, ampliando la brecha entre ingresos y capacidad de consumo.Como consecuencia, otras proteínas ganan participación en la mesa de los argentinos. Actualmente, con el valor de un kilogramo de asado pueden adquirirse 3,8 kilogramos de pollo o poco más de dos kilogramos de pechito de cerdo, relaciones que se han ampliado significativamente durante el último año y que reflejan el cambio de hábitos impulsado por la búsqueda de opciones más accesibles.

En su resolución, la jueza López Macé consideró que la omisión del PAMI resultó arbitraria e ilegítima, al tratarse de una persona adulta mayor que requería una intervención indispensable para evitar el avance de una enfermedad progresiva y degenerativa.La Justicia Federal hizo lugar a una acción de amparo promovida por la Defensoría del Pueblo de Formosa y ordenó al PAMI Delegación Formosa garantizar de manera inmediata la cobertura integral y la provisión de los insumos médicos necesarios para que un afiliado de 71 años pueda someterse a una intervención neuroquirúrgica que fue suspendida en reiteradas oportunidades por falta de materiales.La medida fue dictada por la titular del Juzgado Federal N.o 2 de Formosa, la jueza María Belén López Macé, quien reconoció con carácter definitivo el derecho del paciente a recibir la cobertura del 100 por ciento de los elementos requeridos para el procedimiento médico.El caso fue dado a conocer por el defensor del Pueblo de la provincia, José Leonardo Gialluca, quien explicó que el beneficiario, identificado con las iniciales SMH, padece una patología neurológica diagnosticada como cuadriparesia con pérdida progresiva de fuerza en los miembros inferiores, una enfermedad degenerativa que afecta severamente su integridad psicofísica, comprometiendo su derecho a la salud, a la vida y a una adecuada calidad de vida.Según detalló, la Defensoría agotó previamente los reclamos administrativos correspondientes antes de recurrir a la vía judicial. Durante ese proceso, acreditó que el estado de salud del afiliado se deterioró progresivamente hasta limitar su movilidad y autonomía personal.El paciente había sido derivado por la propia obra social al Hospital de Alta Complejidad Presidente Juan Domingo Perón, donde especialistas indicaron la necesidad de una cirugía neuroquirúrgica, solicitaron estudios preoperatorios y requirieron materiales e insumos indispensables para concretar la intervención.Sin embargo, la operación fue programada y suspendida en numerosas oportunidades debido a la falta de provisión de esos elementos por parte del PAMI Formosa.De acuerdo con la presentación judicial, la primera fecha prevista para la cirugía fue el 14 de octubre de 2025. Posteriormente, el procedimiento volvió a postergarse el 26 de noviembre del mismo año y nuevamente el 5 y 26 de enero, el 20 de febrero y el 3 de marzo de 2026.Cada suspensión significó una nueva frustración para el afiliado, quien permaneció postrado, padeciendo fuertes dolores y observando cómo su estado físico se agravaba con el paso del tiempo.Desde la Defensoría señalaron que los reiterados incumplimientos generaron además una profunda angustia y un importante deterioro psicológico en el adulto mayor.En su resolución, la jueza López Macé consideró que la omisión del PAMI resultó arbitraria e ilegítima, al tratarse de una persona adulta mayor que requería una intervención indispensable para evitar el avance de una enfermedad progresiva y degenerativa.La magistrada sostuvo que la conducta de la obra social vulneró derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales y la normativa específica en materia de salud.Asimismo, advirtió que la demora en la entrega de los insumos incrementó el riesgo de daños irreparables, ya que la cirugía indicada constituía el único tratamiento apto para detener el avance de la enfermedad y prevenir secuelas permanentes.Finalmente, López Macé destacó que la obligación del PAMI no se limita a autorizar formalmente una práctica médica o derivar al paciente a un establecimiento público, sino que incluye la provisión efectiva y oportuna de todos los elementos necesarios para garantizar la concreción de la prestación.Por ello, resolvió hacer lugar a la acción de amparo presentada por la Defensoría del Pueblo e impuso las costas del proceso a la obra social.El fallo se conoce en un contexto de creciente preocupación por la situación del PAMI a nivel nacional. Según advirtió la Defensoría del Pueblo, durante 2026 se registraron demoras en pagos a prestadores, denuncias por faltantes de medicamentos e insumos, además de cuestionamientos por las restricciones implementadas en el acceso a medicamentos gratuitos, actualmente sujetos a evaluaciones socioeconómicas que limitan el beneficio pleno a determinados grupos de afiliados.

Advirtieron que, el sistema científico argentino perdió casi 8 puestos de trabajo por día desde diciembre de 2023. Además, advirtieron que el presupuesto destinado a ciencia y tecnología cayó al 0,14% del producto bruto interno (PBI), por debajo incluso de los niveles registrados tras la crisis económica de 2001.Investigadores y becarios posdoctorales del Conicet denunciaron que 379 profesionales altamente calificados podrían ser despedidos del organismo a partir de julio, en medio de reclamos por la falta de cobertura médica, demoras en concursos y recortes en el sistema científico. Ante este escenario, la comunidad científica convocó a una nueva movilización para el próximo 1 de julio en el Polo Científico, en el barrio porteño de Palermo.Desde el colectivo de becarias y becarios posdoctorales (cohorte 2023-2026) y postulantes a la carrera Investigador Científico y Tecnológico (CICyT) 2025 aseguraron que la situación del sistema científico nacional atraviesa “una situación crítica” que se profundizó en los últimos años. Según los investigadores, el sistema científico argentino perdió casi 8 puestos de trabajo por día desde diciembre de 2023. Además, advirtieron que el presupuesto destinado a ciencia y tecnología cayó al 0,14% del producto bruto interno (PBI), por debajo incluso de los niveles registrados tras la crisis económica de 2001.Cuestionaron la reducción de fondos para proyectos de investigación y señalaron que la paralización de herramientas de financiamiento, como los proyectos de investigación científica y tecnológica (PICT), afectó directamente el desarrollo de numerosas líneas de trabajo. Apuntaron contra el desmantelamiento de la Agencia I+D+i, principal organismo de financiamiento de investigaciones científicas en el país.Otro de los ejes del reclamo está vinculado con la situación sanitaria de trabajadores y becarios. De acuerdo con la denuncia difundida por el colectivo, cientos de investigadores quedaron sin cobertura médica tras las bajas registradas en la obra social Unión Personal. Los trabajadores sostuvieron que en varias regiones del país la prestación se encuentra suspendida o funciona de manera irregular desde hace dos años. En las zonas donde continúa operativa, aseguraron que los coseguros “se han vuelto prohibitivos”.Los investigadores cuestionaron además la propuesta realizada por el directorio del Conicet, encabezado por Daniel Salamone, que contempla la posibilidad de renunciar voluntariamente a la obra social a cambio de un monto mensual de 90000 pesos para contratar cobertura privada.La comunidad científica también denunció retrasos en la efectivización de cargos correspondientes a concursos realizados en años anteriores. Según precisaron, el organismo aún adeuda la incorporación de 585 cargos correspondientes a la convocatoria CICyT 2022 y la totalidad de los 400 cargos concursados en 2023. A ello se suman ingresos pendientes en la carrera de personal de apoyo (CPA).

Formosa avanza en la construcción de una agenda que combina sustentabilidad y crecimiento económico, con proyectos estratégicos vinculados a energías renovables, bioeconomía y mercados ambientales. El encuentro contó con la participación de especialistas de relieve nacional e internacional, quienes destacaron los significativos avances que la provincia registra en materia de transición ecológica.Este martes 23, en el Centro de Inclusión Digital del barrio Salvador Gurrieri de la ciudad capital, se desarrolló una Jornada de difusión sobre bioeconomía y huella de carbono: desarrollo provincial y finanzas verdes”, organizado por el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas.En el encuentro se analizaron herramientas clave para la bioeconomía como la medición de la huella ambiental, los mercados de carbono y el financiamiento verde como motores de eficiencia productiva.El panel de especialistas estuvo integrado por Florencia Mitchell, representante del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en el área de Gestión Ambiental y Acción Climática; Mónica Casanovas, de la Dirección de Análisis Financiero de la Gerencia de Desarrollo de Programas del Ministerio de Hábitat de la Provincia de Buenos Aires y Florencia Sayago, consultora en ambiente, cambio climático y mercados de carbono.

Competitividad con rentabilidad económica

El ministro de Economía de la provincia, Jorge Ibáñez, explicó que “la bioeconomía es un área estratégica recientemente incorporada al Ministerio, orientada a potenciar la competitividad con rentabilidad económica, pero sin descuidar el patrimonio natural”.“El aprovechamiento de los recursos naturales no puede ser en desmedro de la desaparición de los mismos para las próximas generaciones. Nuestros hijos y nietos tienen el derecho de que les preservemos la naturaleza”, enfatizó el funcionario.De esta manera, indicó que “el desafío es: competitividad con rentabilidad económica en todo lo que es bio” destacando que “los nuevos instrumentos de la bioeconomía y los mercados de carbono son fundamentales porque permiten conservar los recursos naturales sin frenar el desarrollo de los pueblos y de las comunidades que habitan los ecosistemas”.Marcó que “Formosa ya tiene el proyecto de este estilo como el de biosiderurgia y los ocho parques solares” y como novedad tecnológica absoluta, el ministro confirmó “la licitación de gigantescos contenedores con acumuladores de litio”, precisando que estos sistemas permitirán almacenar la energía solar en los momentos de baja demanda y liberarla a la red en las horas pico de mayor consumo, optimizando el servicio ante las altas temperaturas estacionales.Ibáñez expuso que, a partir de esos proyectos, Formosa “busca financiamiento nacional e internacional con los bonos de carbono, pero fundamentalmente preservar el riquísimo ambiente que tenemos en nuestra provincia”.“Muchas de las cosas que se van creando con la bioeconomía tienen un valor muy bueno porque es un valor diferenciado”, afirmó y señaló que “por ejemplo, el arrabio que se va a producir en Formosa tiene un valor distinto al que se produce en otras partes de la Argentina, porque se utiliza carbón vegetal. Por eso lo llaman arrabio verde”.Y añadió que “hay una conveniencia económica también en aprovechar la naturaleza, pero que sea sostenible en el tiempo”.Asimismo, en cuanto a la fuente de trabajo comentó que “la ilusión nuestra está puesta fuertemente en la planta biosiderúrgica, pero las demás áreas también están generando puestos de trabajo”, asegurando que “una vez que funcione a pleno la planta de carbón de Matacos, el puerto y la biosiderurgia, de acuerdo al proyecto realizado, son aproximadamente 3000 puestos de trabajo para nuestra provincia”.El titular de la cartera económica repasó la sólida infraestructura energética de la provincia “que hace posible la radicación de estos proyectos de vanguardia, fruto de la planificación del gobierno conducido por el doctor Gildo Insfrán”.Finalmente, detalló que la provincia ya cuenta con 610 kilómetros de líneas de alta tensión en 132 kV, que se extienden desde Clorinda por la ruta 86 hasta la ruta 28, y de allí por la ruta 81 hasta Ingeniero Juárez, conectando a 8 centros de distribución energética” y remarcó que “el segundo paso fueron los parques solares y ahora, el tercer es el almacenamiento”, cerró.

La víctima circulaba por la ruta provincial N.o 3, al llegar al lugar del siniestro y por motivos que se tratan de establecer, perdió el control del rodado y chocó de frente contra la estructura de hormigón de un puente.Una mujer, de 27 años, perdió la vida tras protagonizar un siniestro vial cuando circulaba en su motocicleta Keller Cronos por ruta provincial 3 e impactó contra la columna de la barrera del puente ubicado a unos 3 kilómetros de Pirané.El hecho ocurrió este martes a la 1 y el personal policial que cubría servicios en el puesto de control ubicado en ruta provincial 3 y calle Martín Miguel acudió para auxiliarla.De inmediato solicitó presencia de integrantes de la Comisaría de esa localidad y del centro de salud, quienes constataron que la mujer no tenía signos vitales. La víctima fue identificada como Yamila Griselda Alcaraz, oriunda de colonia El Corralito.Después se realizaron las actuaciones procesales, con la colaboración del personal de la Delegación Policía Científica Pirané. Según las averiguaciones, la víctima circulaba en la Keller Crono Classic 110, color gris, por la ruta provincial 3, en sentido Sur-Norte, al llegar al lugar indicado y por motivos que se tratan de establecer, perdió el control del rodado y chocó de frente contra la estructura de hormigón de un puente. En el lugar, no se encontró casco protector alguno, ni las documentaciones de la mujer.El caso fue informado a la fiscal de turno, doctora Claudia Ontiveros, mientras que el juez de Instrucción y Correccional N.o 6, doctor Guillermo Caballero, ordenó la identificación por huellas dactilares.Luego, gracias a la participación ciudadana, y trabajo junto con personal del hospital, enfermeros, personal policial, se halló a los familiares se identificó a la víctima.En consecuencia, los allegados recibieron la contención necesaria por parte de los uniformados, ante tan difícil situación. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial del Cementerio San Antonio para la autopsia y posterior entrega para las exequias.

“Formosa y Santa Cruz figuran entre las provincias que menos actualizaron sus cuadros tarifarios. Sin embargo, sus usuarios fueron afectados por los incrementos nacionales y por quita de subsidios, que opera igual en todo la Argentina”, aseveró el defensor del pueblo.El defensor del Pueblo de la provincia de Formosa, José Leonardo Gialluca, señaló que el pedido de informes al EROSP por la diputada Agostina Villaggi, para saber el valor de distribución que cobra la empresa REFSA S.A., se encuentra dentro de sus facultades, pero rechazó la denuncia de la Llegisladora, en cuanto a que “no se blanquea en las facturas el verdadero costo de la energía domiciliaria, pues, en este punto o pretende confundir a los usuarios o no se encuentra correctamente asesorada”. Señaló el defensor que, “desde que Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, la generación y el transporte de energía eléctrica en Argentina han experimentado incrementos tarifarios directos a los usuarios que superan el 340% acumulado, con picos de hasta 500% y 600% según la región y categoría del usuario”.Señaló que “de esta manera, en diciembre de 2023, los argentinos pagaban el 40% del costo real de la energía que consumían, el resto lo financiaba el estado. Dos años después, según un estudio del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), el precio de la luz acumuló un aumento del 597%, más del triple que la inflación y los salarios registrados. En enero de 2026 entró en vigencia el régimen de subsidios energéticos focalizados (SEF), que eliminó la segmentación en 3 niveles de ingreso y estableció solo 2 categorías: hogares con subsidio y hogares sin subsidio”.El funcionario provincial, recordó que, “la tarifa tiene 3 componentes: el precio mayorista, el costo de transporte que fija Nación y el valor agregado de distribución (VAD) que define cada provincia. Esa autonomía, es ejercida con compases muy distintos y ha generado que hoy un mismo consumo mensual pueda implicar una factura 6 veces mayor según el lugar del país”.Destacó que “Formosa y Santa Cruz figuran entre las provincias que menos actualizaron sus cuadros tarifarios. Sin embargo, sus usuarios fueron afectados por los incrementos nacionales y por quita de subsidios, que opera igual en todo la Argentina. Chaco por su parte, enfrenta una presión adicional: la empresa SECHEEP aplicó una recomposición del propio VAD provincial con un aumento del 61%”.Estimó que “la política del Gobierno nacional de ajuste mensual indexado por inflación seguirá, al menos, hasta 2030. Para los funcionarios provinciales que deben explicar objetivamente las boletas ante los vecinos-usuarios, la respuesta será siempre la misma: la responsabilidad es del Gobierno nacional, y la razón los asiste”.El defensor provincial, advirtió que “si Villaggi sostiene que el VAD en Formosa aumentó un 222% y que el costo de generación y transporte es de un 118%, deberá probarlo documentada y técnicamente, pues, afirmar que REFSA aumentó más del doble de la energía que el Estado nacional y que de cada $100 que paga un usuario, $60 se queda en la empresa provincial, es una falacia”.

Inundaciones, crisis docente, choque con el Poder Judicial y deterioro del empleo privado marcaron el primer semestre de 2026. A pesar de los anuncios oficiales sobre los logros de gestión, los principales focos de tensión permanecen sin resolución y condicionan el futuro político de una administración que representa la continuidad de casi dos décadas de gobiernos radicales.A pocos días de que el gobernador Juan Pablo Valdés celebrara los principales hitos de sus primeros seis meses de gestión, el balance político muestra una realidad más compleja. Más allá de los anuncios oficiales, el semestre estuvo atravesado por conflictos que expusieron debilidades estructurales de la provincia y que continúan abiertos, amenazando con profundizarse durante la segunda mitad del año.Uno de los primeros desafíos fue la emergencia hídrica que golpeó a distintas localidades correntinas durante el verano. Las inundaciones dejaron cientos de evacuados y generaron una creciente ola de cuestionamientos por la falta de obras de infraestructura y planificación.El malestar social se expresó en protestas vecinales, reclamos de productores rurales e incluso críticas de intendentes.El problema adquirió además una dimensión estratégica ante las advertencias por la posible llegada del fenómeno climático Súper Niño, que podría incrementar las precipitaciones durante los próximos meses y volver a poner a prueba la capacidad de respuesta estatal.A la crisis climática se sumó, apenas iniciado el ciclo lectivo, uno de los conflictos más importantes del semestre: la disputa con los docentes.La decisión del Gobierno provincial de aplicar descuentos salariales vinculados al presentismo provocó una reacción inédita en distintos puntos de Corrientes. Hubo movilizaciones, marchas de antorchas, cacerolazos, radios abiertas y la reinstalación de las históricas carpas blancas.Los descuentos alcanzaron en algunos casos cifras cercanas a los 800.000 pesos y generaron denuncias de haberes reducidos a cero. Los gremios calificaron la medida como ilegal y arbitraria, mientras cuestionaron un esquema salarial que mantiene una porción significativa de los ingresos atada al presentismo.La magnitud del conflicto obligó al Gobierno a retroceder parcialmente y derivó en la primera crisis de gabinete de la gestión con la salida del entonces ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini. Aunque la administración provincial anunció reintegros parciales, el conflicto dejó expuesta la fragilidad de la relación con uno de los sectores más numerosos del empleo público.Pocas semanas después, el Ejecutivo abrió otro frente de disputa, esta vez con el Poder Judicial.La negativa del Gobierno a transferir los recursos necesarios para financiar un aumento salarial aprobado por el Superior Tribunal de Justicia derivó en un conflicto institucional inédito. Juan Pablo Valdés argumentó que la provincia no cuenta con los fondos necesarios y advirtió que el pago generaría un déficit de 48000 millones de pesos.Desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales denunciaron una intromisión sobre la autonomía judicial y reclamaron que el máximo tribunal haga valer sus facultades. A varios meses del inicio de la controversia, el conflicto continúa sin una resolución definitiva y mantiene abierta una discusión de fondo sobre la relación entre los poderes del Estado.Datos de la Secretaría de Trabajo indican que Corrientes perdió más de 3300 empleos privados registrados entre enero de 2025 y enero de 2026. La provincia se ubicó entre las más afectadas por la caída del trabajo formal en un contexto nacional marcado por el ajuste impulsado por el presidente Javier Milei, una orientación económica que el gobernador correntino acompañó políticamente.El caso más emblemático fue el cierre de la histórica textil Alal en Goya, que dejó a más de 240 familias sin empleo y evidenció el impacto de la apertura importadora sobre sectores industriales locales. La respuesta provincial se limitó principalmente a medidas de asistencia y gestiones ante Nación, sin lograr revertir la crisis.A esto se suma una restricción fiscal creciente. Según un informe del contador Martín Barrionuevo, durante el primer trimestre de 2026 se registró un fuerte ajuste en gastos de capital, transferencias a municipios y consumo de bienes y servicios.